Caravanas de a pie

Ciudad de México.-Caravanas indígenas y campesinas provenientes del norte y sur de la República arribaron a la capital del país el jueves por la noche para protestar contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, por permitir el saqueo de la Nación y propiciar el desplazamiento masivo forzado de asentamientos que son despojados de sus territorios con la privatización de sus bienes comunales.

En su recorrido de más de diez días por pueblos y ciudades de 23 entidades del país, las caravanas han convocado a los mexicanos a manifestarse contra las iniciativas de privatizar el agua y los recursos estratégicos de la Nación y hacer una defensa por el derecho a los territorios y a la vida, que están siendo arrebatados por los proyectos económicos de las empresas multinacionales que operan ya en toda la República Mexicana.

Esta protesta nacional -convocada por la tribu Yaqui de Sonora y respaldada por otras etnias, colectivos y organizaciones ciudadanas, sindicatos, estudiantes universitarios, maestros, barzonistas, ejidatarios, comuneros, autoridades ejidales intelectuales y otros-, se concentró en el legendario pueblo de Xochimilco para continuar lo que denominan la lucha de los pueblos indígenas y campesinos por la reivindicación de sus derechos.

El sonido estruendoso de tambores y caracolas fabricando ritmos y danzas del México prehispánico dieron paso a un ritual ceremonioso como aquellos que antaño se ofrecían para evocar la fuerza de las deidades prehispánicas.  Solo que ayer invocaban a la Madre Tonantzin, la diosa de la Tierra, pidiendo su protección y la unidad de todas las naciones indígenas de México, para continuar con la defensa de sus territorios y lugares sagrados.

Era impresionante ver entre aquella quema de copal e incienso, los rostros de ancianas y ancianos, niños, mujeres, jefes y chamanes de las tribus.

Al llegar a los discursos, los representantes de pueblos indígenas y de organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo a la imposición de los proyectos eólicos, hidrológicos, mineros y de extracción de gas que ocasionan daños severos al medio ambiente y ponen en riesgo la vida de las comunidades, dejando manifiesto que en México no habrá nunca más una lucha aislada.

Las caravanas recibieron muestra de solidaridad y reclamos de parar la violencia, la corrupción, la impunidad, la falta de empleos y la represión contra opositores al gobierno —muchos de ellos presos políticos y desaparecidos—, que ha desplazado cientos de miles de pobladores de sus comunidades de origen.

Indígenas de la Huasteca se pronunciaron por el rechazo a la fractura hidráulica y el trasvase de ríos y caudales para incorporarlos al proyecto hidráulico “Monterrey Seis”.  Se oponen porque beneficiará a las grandes empresas y los campesinos pobres que viven de la tierra ya no podrán cultivar sus alimentos.

Se pidió el respaldo de la población mexicana para dar marcha atrás a la propuesta de ley privatizadora del agua y apoyar con sus firmas la iniciativa de ley ciudadana que busca mantener el agua como un bien común y de acceso a todos los mexicanos.

Los rarámuris de la sierra Tarahumara, demandaron detener el hostigamiento y muerte de indígenas por oponerse a los intereses de los megaproyectos que instalan sobre sus territorios.

Indígenas huicholes pidieron parar la construcción de una represa sobre el río San Pedro en Nayarit que amenaza con destruir 15 lugares sagrados bajo el argumento que cuando los “caciques” llegaron, ellos ya estaban ahí.

La caravana que salió de Piedras Negras Coahuila, visitó 23 poblaciones de 10 estados del norte y altiplano de México. En el trayecto se constató la devastación que causa la minería a cielo abierto y el rechazo que hay contra el llamado fracking.

Las quejas más sentidas apuntan a la militarización del país; grupos paramiliates y gavilleros que   abiertamente hostigan y amenazan a líderes sociales —y sus familias— por promover la resistencia contra los intereses de las compañías multinacionales.

Advierten que esta presencia excesiva de cuerpos policiacos y grupos criminales ha desatado una secuela de violaciones a los derechos humanos, particularmente en los pueblos del sur, donde hay amenazas contra familias completas a las que ya han desaparecido y asesinado a algunos de sus miembros.

En estas caravanas surgieron propuestas como realizar una mesa de trabajo en el norte del país para tomar acciones y evitar la sobreexplotación y acaparamiento de los mantos acuíferos; así como un encuentro nacional de usuarios del agua de zonas metropolitanas cuyos sistemas están privatizados o bajo presión de serlo, con el fin de revertir la propuesta de dejar el agua en manos de particulares.

Integrantes del CNTE acordaron iniciar una huelga nacional de maestros a partir del primero de junio, si el gobierno federal no da un paso atrás en la reforma educativa.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ilustró el impacto de la contaminación de los mantos freáticos por las empresas mineras, mostrando agua embotellada contaminada que consumen en Matías Romero, Tixtla y Tlalpan.

Casi al final, el Consejo Ciudadano de Pueblos y Barrios de Xochimilco que agrupa a 14 pueblos  y 17 barrios, reclaman parar con urgencia la iniciativa del gobierno capitalino y de la federación orientada a desaparecer para el año 2040 a Xochimilco y sus chinampas, a pesar de haber sido declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las autoridades autorizaron el relleno gradual de la zona lacustre, donde hay unos 137 asentamientos en forma irregular.

Los manifestantes de las caravanas indígenas y campesinas se concentraron en el Monumento a la Revolución, donde hicieron públicos acuerdos para dar seguimiento a este movimiento por la reconstrucción del país.