Las protestas de los maestros por defender sus derechos laborales frente a la reforma educativa del Gobierno de Enrique Peña Nieto están incendiando el país.
Desde el domingo 19 de junio, escenas violentas de un México que se desgaja a pedazos dieron la vuelta al mundo exhibiendo en llamas al estado sureño de Oaxaca como escenario de una batalla campal entre policías y maestros, donde hubo tomas de carreteras e instalaciones, vehículos quemados, decenas de heridos entre maestros y policías, y ocho civiles asesinados, entre ellos un periodista.
La situación puso en estado de alerta a organismos civiles internacionales, que bajo el asombro de los asesinatos y heridos, derivado de las revueltas en varias regiones del Estado con mayor población indígena en el país, están demandando de los organismos internacionales de derechos humanos vigilar las acciones del Estado mexicano, al que señalaron de instrumentar una política persecutoria y de criminalización contra los maestros disidentes y simpatizantes del movimiento.
En distintos países de Europa y América Latina se hicieron públicos pronunciamientos de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales condenando la represión, de tal forma que el Gobierno de México se vio obligado a abrir una mesa de diálogo para sofocar la grave crisis social que amenaza ya con trasladarse a otros estados que tienen fuerte presencia de la disidencia magisterial.
Los enfrentamientos entre maestros y policías en Oaxaca el domingo 19 de junio desencadenaron movilizaciones en buena parte del país. Maestros de 18 entidades arreciaron sus protestas y se sumaron para exigir un cese a las intenciones de reducir las conquistas laborales del magisterio. El fin de semana pasado viajaron miles de profesores a la capital del país para participar en una marcha de solidaridad.
Mientras, en la Ciudad de México se palpa un ambiente tenso. En los alrededores de la Secretaría de Gobernación permanecen en plantón más de 2 mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y se esperan masivas y constantes movilizaciones al entrar el periodo vacacional de verano.
En el Centro Histórico de la capital mexicana se concentran diariamente hasta cuatro mil policías armados con escudos y toletes, resguardando los accesos al zócalo capitalino y sitios emblemáticos como el Palacio Nacional de Bellas Artes, que son estratégicos parea la difusión de la protesta contra la reforma educativa.
A estas concentraciones se han sumado grupos de apoyo procedentes de diferentes regiones, conformados principalmente por padres de familia, intelectuales, luchadores sociales, activistas defensores de los derechos humanos, líderes sindicales, sacerdotes, colectivos de organismos civiles, estudiantes y maestros de las normales rurales de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla, entre otros.
Estado de alerta
En Oaxaca, el ambiente tenso que se vive no se tenía desde el 2006.
Hasta este fin de semana, la tierra sede de la Guelaguetza continuaba en estado de alerta. Las poblaciones de la alta montaña, los valles centrales, la costa y el resto de las regiones seguían en vilo ante la presencia exagerada de policías estatales y federales que continúan haciendo rondines en las áreas con mayor concentración de maestros y que han sido escenario de trágicos enfrentamientos.
En los accesos a los pueblos y comunidades rurales, hay instaladas barricadas que son vigiladas por padres de familia y maestros, quienes durante las 24 horas permanecen pendientes del tránsito de personas, ante el temor de que policías vestidos de civiles puedan reanudar con la represión y arresto de simpatizantes del movimiento.
Entre las poblaciones se percibe el coraje y la rabia de los enfrentamientos que dejaron ocho muertos y más de cien heridos tras los disparos que lanzaron policías federales contra los manifestantes que permanecían ocho días atrás con bloqueos carreteros en esa entidad.
Los manifestantes, en respuesta, lanzaron piedras, cohetones y bombas molotov a los policías, en medio de disparos que salían de todos lados y el irritante humo de gas pimienta que los gendarmes arrojaban para replegar a los manifestantes, quienes portaban palos y botes cargados con gasolina.
De los incidentes, el reporte oficial citó ocho personas fallecidas; 55 policías lesionados, mas de cien heridos con arma de fuego —entre maestros y civiles—, y 22 detenidos. Por su parte, la CNTE aseguró durante una protesta en la Ciudad de México que cinco de los muertos estaban relacionados con el magisterio y mencionó sus nombres: Andrés Aguilar, de 29 años; Yalid Jiménez, de 22; Óscar Santiago, de 22; Jesús Cadena, de 19 y Anselmo Cruz, de quien no especificaron la edad.
Más tarde se supo de la muerte del reportero local Elpidio Ramos, quien cubría el enfrentamiento y fue baleado por hombres que saqueaban una tienda en el municipio de Juchitán.
El Gobierno Federal intentó deslindar a las corporaciones policiacas de los disparos contra civiles muertos y heridos, aduciendo que no estaban armados, pero un video que mostraba a policías armados y disparando contra los disidentes, obligó al Comisionado Nacional de Seguridad a rectificar.
Testimonios de familias que participaron en los bloqueos aseguran que “ellos llegaron a dispararle al pueblo y el mismo pueblo fue el que se empezó a organizar para defenderse, pero sin armas. Si las poblaciones vecinas hubieran querido meter armas, no hubiéramos tenido muertos de este lado. Hubiera habido muchos policías con impactos de bala. Creo que ellos no tienen evidencia de eso. Nosotros sí la tenemos”.
La policía sostiene que abrió fuego porque primero dispararon contra ellos, no los maestros sino “radicales” que no identifica. La CNTE desmiente estas versiones.
Críticas en el extranjero
Podemos, el partido político de España, se solidarizó con maestros y manifestó su preocupación y malestar por los hechos ocurridos en Oaxaca.
Publicó un comunicado en el que califica como muy graves las agresiones a los manifestantes y organizaciones de derechos humanos.
“Consideramos muy graves las denuncias de manifestantes y organizaciones de derechos humanos que afirman que, durante el desalojo de las protestas, la fuerza pública recurrió a métodos como el corte del alumbrado público, la incomunicación de los detenidos, y el uso de fuego real”.
La organización política con mayor crecimiento en España destacó que “Oaxaca vive un contexto de inestabilidad con inquietantes irrupciones de violencia, represión y criminalización del movimiento social, en particular de las maestras y maestros. Esta situación se ha ido agudizando de manera particularmente grave en el marco de las protestas lucha contra la implementación de la Reforma Educativa”.
Mencionó también el caso Ayotzinapa: “la grave situación de derechos humanos que vive México no es algo particular de Oaxaca, sino algo generalizado en todo el país. Todos conocemos el caso de Ayotzinapa, y al día de hoy son ya 633 días sin justicia y sin verdad. En los últimos 15 años más de 100 periodistas han sido asesinados en México y 25 continúan desaparecidos. Se calcula que en México hay hoy más de 26 mil desaparecidos”.
Finaliza señalando que: “Desde Podemos mostramos nuestra más profunda solidaridad con el pueblo mexicano y condenamos toda violación de derechos humanos, al tiempo que exhortamos a las autoridades competentes a velar por el cumplimiento de los derechos humanos y a asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas”.
El mismo diario publicó anteriormente que la violencia en torno a la reforma educativa convierte a esta joya colonial en un escenario de guerra. Y lo retrata con una pinta sobre una pared que anuncia: “Turista, Oaxaca está temporalmente cerrada. Abriremos tan pronto como haya justicia”.
El lunes siguiente, las crónicas periodísticas en Europa narran el día en que ocho personas fueron asesinadas durante el desalojo de la policía.
Diálogo con pocas esperanzas
Ante esta imagen desastrosa que proyecta frente al mundo esta región del país y el temor de que las llamas se extiendan a los estados vecinos, el Gobierno de México modifica su postura en favor de la paz social y abre un diálogo con el ala radical de los maestros, que insisten en no dar marcha atrás en sus intenciones de parar la reforma educativa.
La Secretaría de Gobernación solo se ha concretado a sostener un diálogo que ayude a restablecer la paz y la tranquilidad en la región, donde se ha desatado la violencia y las protestas.
Por su parte, la CNTE ha atendido la convocatoria al diálogo, aunque con sus reservas, aludiendo que la principal demanda de los maestros, que se encamina a derogar la reforma educativa, no está contemplada en la mesa de las negociaciones.
Por lo pronto, a la capital del país siguen arribando contingentes de maestros y las marchas y plantones son más frecuentes, en la víspera de la marcha nacional de solidaridad con el magisterio disidente.
