Más militares y más violencia y violación a los derechos humanos en Sinaloa

 

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La semana pasada, autoridades federales y estatales iniciaron nuevos operativos militares contra el narcotráfico en Sinaloa, pero la participación del Ejército Mexicano y Secretaría Marina Armada de México en este tipo de acciones no han provocado una disminución de asesinatos y, por el contrario, sí han originado un aumento de la violencia y de violaciones a los derechos humanos.

En el 2007, cuando la incidencia delictiva mantenía una tendencia estable, de 2.03 homicidios diarios, el total de asesinatos llegó a 742. Pero en el 2008, con la fractura del Cártel de Sinaloa y los enfrentamientos entre los grupos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y los hermanos Beltrán Leyva —y los militares patrullando las ciudades—, los homicidios subieron a 3.19 diarios, sumando mil 167.

Autoridades estatales, con Jesús Aguilar Padilla como gobernador, y del gobierno federal, encabezados por Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional (Sedena), anunciaron entonces el operativo Culiacán-Navolato, también llamado Sinaloa Seguro, en mayo de 2008.

Las acciones incluían el envío de mil 433 elementos del Ejército Mexicano, 740 agentes de la Policía Federal, 500 de la Secretaría de Marina Armada de México, y 50 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los operativos eran espectaculares. Decenas de vehículos artillados, de la milicia, desfilando por las calles de Culiacán, por carreteras, y por la ciudad de Navolato: la imponencia de uniformes, equipo, vehículos y armas, no se reflejó en una mayor tranquilidad o menor zozobra.

En el 2009 el operativo militar continuaba, aunque no con la misma intensidad y espectacularidad. Las muertes violentas fueron 1 mil 252 y el promedio diario subió a 3.43 víctimas.

Pero en el 2010 la violencia se disparó, alcanzando la cifra histórica de 2 mil 250 homicidios y un promedio de 6.16 asesinatos por día.

En el sexenio de Mario López Valdez, que apenas concluyó en diciembre pasado, fueron alrededor de 7 mil 700 asesinatos, la mayoría relacionados con las pugnas entre cárteles del narcotráfico. El año que tuvo mayor incidencia de homicidios fue 2011, con mil 906.

En lo que va de 2017 suman  232 asesinatos, de acuerdo con los datos publicados en el portal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aunque fuentes extraoficiales indican que en este lapso van alrededor de 370 homicidios.

Actualmente y una vez que Quirino Ordaz Coppel asumió la gubernatura, fue militarizada la seguridad pública en la entidad: el titular de la secretaría de Seguridad (SSP) es el general retirado Genaro Robles Casilla, los mandos en las 18 policías municipales fue asumido también por militares y operan en la entidad cerca de mil 800 elementos de la Policía Militar. Además, la semana pasada llegaron 900 soldados que realizarán labores de vigilancia en Culiacán y Mazatlán.

Con todo y el espectacular despliegue de la Marina y el Ejército, el promedio diario de asesinatos es de 4.1 de enero a marzo.

Sangre en la cúspide

A pesar de los operativos militares de 2008, hubo hechos sangrientos y de escándalo. Entre ellos la ejecución de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y de Griselda López.

También fueron asesinadas nueve personas, entre empleados y clientes, del taller de carrocería y pintura Mega 2000, ubicado en la colonia Los Pinos, también llamada Ejidal. Entre los occisos había dos catedráticos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y un joven de 16 años.

Dos semanas después, cinco policías estatales fueron asesinados a mansalva mientras patrullaban en el sector universitario de Culiacán.

El registro de los abusos

Tan solo del 1 enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó mil 602 quejas contra elementos de la SEDENA y Marina Armada de México (SEMAR), por operativos realizados en la lucha contra el crimen organizado, en diferentes regiones del país.

De esos casos, la comisión nacional consideró “graves” ocho, porque hubo privación ilegal de la libertad, privación de la vida, tortura, violaciones, uso excesivo de fuerza y uso de armas de fuego. Los expedientes de estas violaciones a los derechos humanos corresponden a estados como Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa, donde hubo fuertes operativos contra el narcotráfico.

Más recientemente, un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de octubre de 2016, señaló que Semar y Sedena acumularon nueve denuncias en Sinaloa, luego de los operativos emprendidos después de la emboscada en que fueron asesinados cinco militares, el 30 de septiembre, en esta ciudad capital.

Uno de estos casos fue el de Rodolfo Aguirre Meza, un joven de 26 años que fue abatido por marinos en un retén que los uniformados instalaron en la carretera Costerita, al sur de Culiacán. Familiares del hoy occiso señalaron que no portaba armas y que se dedicaba a actividades lícitas, pero los marinos lo acusaron de embestirlos y dispararles con un arma de fuego, y optaron por repeler la agresión, el 22 de octubre.

Las nueve quejas recibidas por la CEDH, algunas de ellas remitidas a la Comisión Nacional, son contra marinos y personal militar, quienes han intensificado los operativos luego del ataque perpetrado en el sector norte de Culiacán, cuando los soldados trasladaban a un herido desde Bacacoragua, municipio de Badiraguato, a esta ciudad capital. Dos de los tres vehículos militares se incendiaron, 10 militares fueron heridos, igual que un socorrista de la Cruz Roja.

Militares y marinos han sido acusados de homicidio, cateos ilegales, robo y tortura. Datos oficiales indican que en Sinaloa, en 2013, la CEDH tiene 23 denuncias contra el Ejército Mexicano y dos contra la Marina; además, de 2007 a 2014, la milicia alcanzó 435 denuncias, y la Marina 42.

El mayor repunte de denuncias ante este organismo fue en el 2011, cuando el ejército sumó 110 casos y la Marina 16.

En 2015 se presentaron 76 quejas contra la SEMAR por violaciones de derechos humanos, año en el que Sinaloa ocupó el primer lugar. A nivel nacional se abrieron 378 expedientes, de los cuales el 20 por ciento corresponden a Sinaloa, principalmente por detención arbitraria y cateos sin orden judicial.

Entre enero y septiembre de 2016, la CNDH recibió seis quejas por privación de la vida en las que señalan a personal SEMAR, de las cuales cuatro fueron en Tamaulipas, una en Guerrero y una en Oaxaca. Sinaloa es el tercer estado con más quejas contra la Marina, con 25, después de Tamaulipas, que tiene 49, y Veracruz con 28.

 

Ojo—-   Armarlo como recuadro

 

No hay respeto

En noviembre de 2009, militares allanaron su casa en la colonia Guadalupe. Estaban en el techo y en árboles. Cuando intentaron ingresar al inmueble para catearlo en busca de armas, Mercedes Murillo Monge salió y los encaró. Buscamos un domicilio, le dijo uno de los soldados, a lo que respondió: el domicilio no se va, aquí va a estar mañana, a mediodía, por si quieren regresar.

“Yo les dije: el domicilio no se va, aquí va a estar mañana, a las 12 del día, ustedes pueden ver que no se ha ido en más de 50 años. Luego supe que le preguntaron a una vecina si teníamos armas, y la muchacha les dijo que nunca había visto que entráramos a casa con ninguna. Se inventan cosas. Recordemos que nada es casual”, dijo en septiembre de 2010, entrevistada por el diario La Jornada.

Los militares recorrían casas, barrios, ponían retenes en colonias, en busca de armas, drogas y personas con órdenes de aprehensión. Con un aparato que llamaban pistola molecular, entraban a las viviendas y las recorrían. Cuartos, patios, recámaras, cocina, salas y baños. Los moradores se lo permitían, pero otros no. Los militares respondían, invariablemente, que no los dejaban entrar porque tienen algo que esconder. Fueron muchos los que se amarraron en la decisión de no permitir el ingreso de soldados a sus viviendas, entre ellos Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico Sinaloense y activista defensora de los derechos humanos.

El 1 de noviembre, militares allanaron la vivienda que habitaba en Culiacán José Ángel Pescador Osuna, ex alcalde de Mazatlán y ex secretario de Educación Pública durante el gobierno de Ernesto Zedillo. En el momento del cateo, el también miembro del Colegio de Sinaloa fungía como comisionado del gobierno de Sinaloa para la celebración del bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

Los militares estaban alrededor y en el techo del inmueble, en la colonia Guadalupe, relató Georgina Páez, asistente de Pescador. Sin orden de cateo y sin dejar de apuntarla con sus armas, los uniformados revisaron cada uno de los rincones del inmueble y le quitaron el teléfono celular a la joven, quien no dejó de pedir a los soldados que le permitieran avisar a alguien más sobre su presencia y que esperaran a que llegaran los moradores.

Indignado, el ex alcalde acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una denuncia. Entrevistado por reporteros, hizo un llamado al comandante de la Novena Zona Militar, Noé Sandoval, “para que terminen este tipo de atropellos y que se persiga a los que se tienen que perseguir”.

 

Recuadro…

Foto:   sedena          PREDIO. Propiedad de la SEDENA.

 

Busca Ejército instalar en Teacapán una fuerza de reacción para el noroeste del país

 

Redacción

 

Dentro del proyecto del Centro Integralmente Planeado (CIP) Playa Espíritu existen 100 hectáreas destinadas a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construya sus instalaciones, según el plan ejecutivo que se gestó en la sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Y es ahora con el presidente Enrique Peña Nieto que pretende ser retomado, pero requieren 80 hectáreas más.

En informes oficiales se detalla que 60 hectáreas serán utilizadas para una unidad militar y en las 20 restantes proyectan construir una habitacional para su personal, en la que se incluya una escuela y áreas de descanso.

Se prevé que sobre 100 hectáreas se cree la Unidad de Ingenieros Zapadores, con  maquinaria y equipo pesado para crear una fuerza de reacción en el noroeste de México.

La ubicación es estratégica, toda vez que representa la frontera con Nayarit, entidad referencia de ser un punto de entrada de grupos delincuenciales que se disputan las plazas del sur de Sinaloa.

La Sedena ya cuenta con instalaciones similares en el Valle de México y Guadalajara, identificadas como Batallón de Ingenieros Zapadores y Constructores.

El pasado 27 de marzo, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, gestionó durante su asistencia al Tianguis Turístico de Acapulco, que el Fomento Nacional de Turismo (Fonatur) donara las 80 hectáreas en Playa Espíritu.

“Uno de los temas que revisamos es lograr por parte de Fonatur cerca de 180 hectáreas para hacer una base de la Policía Militar”, declaró.

Fuentes federales informaron que el proyecto de la Sedena incluye una pista de aterrizaje.

 

Un comentario en “Más militares y más violencia y violación a los derechos humanos en Sinaloa

  1. pues a mi me parecio super bien que nuestros militares hayan llegado a sinaloa se ha visto mucho cambio la verdad desde que llegaron

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