Los caminos torcidos de la ley

 

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Empresarios de EU son hundidos por un sospechoso laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje

Ubicada en el kilómetro 10 de la carretera Culiacán-Navolato, por un camino de terracería justo atrás de una fábrica de jabones, la agrícola El Fénix ha cambiado de nombre tres veces de 2013 a la fecha. Su primer nombre fue agrícola Epsa y fue fundada en 2002, en asociación con Andrew and Williamson Sales Corporation (AW).

Actualmente la empresa se encuentra cerrada y en proceso de embargo debido a un laudo emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 5 de septiembre de este año, derivado de una demanda por despido injustificado promovida por los fundadores de Epsa, los hermanos José Gonzalo, Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos, que ordena a la empresa AW pagar 121 millones 7 mil 865 pesos.

Y en contraparte, originario de Xicotepec de Juárez, pueblo mágico del estado de Puebla, Ramón Arzate Valdez es jornalero. Con 58 años llega por vez primera a Sinaloa a laborar en la agrícola El Fénix por un salario de 800 pesos a la semana, y desde octubre, junto a otros 160 jornaleros, se encuentra sin trabajo.

“Vine a darle, a trabajar dándole en el surco. Luego me dieron la oportunidad de trabajar aquí, en la plantación pero cuando hay que ir al surco, vamos al surco pero con el cierre (de agrícola El Fénix) está así, ahora sí que sin pro y contra, nomás que se cerró y ya y con miedo de que se quede así y nos deje sin trabajo, ahora sí a merced de lo que sea”, explica Ramón.

Las versiones de la relación entre la agrícola Epsa y AW se resumen a demandas en México y en Estados Unidos (San Diego) en lo civil y en lo penal, y el embargo desde octubre de este año, de la maquinaria, el equipo y el rancho de 126 hectáreas donde fue fundada la empresa.

Agrícola Epsa: del auge a la quiebra

La empresa nace en Culiacán, Sinaloa en el año 2002 y la llamaron agrícola Epsa (Espinoza Pablos Sociedad Agrícola), dirigida por los hermanos Espinoza Pablos.

En el acta constitutiva, la firma hortícola quedó conformada con una participación accionaria del 49 por ciento para María Daniela Elías Dabdoub (esposa de José Gonzalo) y un 1 por ciento para David Elías Dabdoub, bajo el nombre de agrícola Epsa SA de CV.

Esta sociedad sería administrada por un operador único, según reza el documento elaborado por la notaría pública número 30 el 2 julio de 2002, que sería José Gonzalo Espinoza Pablos, y como comisario de la sociedad su hermano Carlos Armando.

En alianza con Andrew y Williamson Sales Corporation, la empresa se reestructuró con un 60 por ciento para el consorcio norteamericano, un 39 para María Daniela Elías y un 1 por ciento para David Elías.

AW, como accionista mayoritario, era el encargado de inyectar capital en Epsa, así como la definición de sistemas y estrategias agrícolas y de producción, mientras que los hermanos Espinoza Pablos se encargaban de labores directivas y de logística.

Con diversos galardones por su operatividad, agrícola Epsa recibe el premio anual a la Excelencia en la Producción de tomate en 2010, que entrega el Meister Media Worldwide, durante el Congreso Internacional del Tomate.

Para finales de agosto de 2013, AW dejó de financiar a Epsa y tras la celebración de una asamblea ésta queda disuelta, y los hermanos Espinoza Pablos fuera de ella. Luego, el 21 de noviembre de ese mismo año, AW interpone una demanda en San Diego por los cargos de conspiración para maltratar, malversar y/o convertir millones de dólares que AW había avanzado en beneficio de una empresa conjunta.

Previamente, el 15 de noviembre, José Gonzalo entabló una demanda por despido injustificado, dando inicio a un juicio laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, presidida por Fausto Rubén Ibarra Celis.

El laudo millonario

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Sinaloa (JCLA) emitió un laudo a favor de la demanda de José Gonzalo y otro en favor de sus hermanos Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos, que en conjunto suman 121 millones 7 mil 865 pesos, que deberá pagar AW.

Como caso específico, la demanda de José Gonzalo, según una fuente al interior de la JLCA, presentó diferentes irregularidades, tanto en pruebas como en la recepción de documentos, algo que el presidente de la Junta, Fausto Ibarra, desestimó.

“No fue un juicio aislado, fue peleado en tiempo y forma por las partes. Aquí hay que recalcar que cuando el Tribunal decide, decide en base al cúmulo de pruebas que existen en autos, no resolvimos al azar, resolvimos en base a cómo quedó la Litis fijada o planteada y las partes que se aportaron para ello”, dijo Ibarra Celis.

La demanda por despido injustificado de José Gonzalo, fue por el pago de 2 millones 392 mil 55.10 pesos por concepto de tres meses de salario, a razón de un salario integrado de 26 mil 578 pesos diarios, así como de los salarios vencidos por 12 meses y el interés generado.

También, el pago por 7 millones 574 mil 359.24 pesos por concepto de horas extras, el pago de vacaciones del período 2012 a 2013 y el del aguinaldo de 307 mil 776.76 pesos del año 2013 junto con una prima de antigüedad por 16 mil 835.28 pesos.

Además, las aportaciones al IMSS, Infonavit, SAR y otras instituciones junto con fondos de ahorro y una indemnización por 6 millones 367 mil 102-34 pesos, correspondiente a 20 días de salario por cada año de servicio, según el contrato laboral pactado.

El juicio, que no fue aislado y que no es nada fuera de lo común, según explicó el propio presidente de la JLCA, se encuentra en amparo directo en el Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, en el Cuarto Tribunal con sede en Mazatlán, y según el expediente en manos de Ríodoce, existen algunas irregularidades en él.

“Si hay alguna situación que nosotros no consideramos y que el Colegiado tenga a bien hacernos notar, seguramente nos va a regresar esa resolución y nos va a indicar cuáles son los parámetros con los cuales deba emitirse un nuevo laudo”, dijo Ibarra Celis.

Justo frente a las instalaciones de la junta, desde hace más de tres meses, trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa mantienen un plantón en protesta contra el presidente de la JLCA, Fausto Ibarra.

“No es nada inédito, esta junta ha trabajado con ahínco, con mucho vigor. Lamentablemente muchos abogados no se defienden como debe ser y cuando la resolución es adversa es cuando pegan el grito tratando de denostar nuestro trabajo pero estamos abiertos a la crítica, sabemos de antemano que hay riesgos”, explicó.

En el expediente se observa que de las 44 pruebas aportadas por la parte acusada (AW Sales Co) 35 de ellas fueron desechadas, como pruebas periciales que señalan una supuesta falsificación en el sello de la oficialía de partes, así como la firma de quien recibió el escrito, pero no se presentó ningún amparo y el proceso continuó.

También, según se observa en el expediente marcado con el número 10-1710-2015, la parte demandante sostiene que la demanda se acordó el 7 de octubre de 2015 y fue registrada el día 12 del mismo mes y no el 15 de noviembre, como aparece en la carátula de la demanda inicial.

Demanda penal infructífera

La primera victoria de José Gonzalo ante AW se remonta a una denuncia penal que culminó con una no acción penal en su contra. La empresa norteamericana demandó al empresario por daño patrimonial, según la averiguación previa CLN/COM/695/2014/AP que terminó por no ir más allá.

El abogado  de José Gonzalo, Walter Daniel Díaz Castro, sólo explicó que esta demanda concluyó en una no acción penal, y nada más.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emite un primer dictamen, el cual determina un daño patrimonial a Epsa SA de CV por el pago de utilidades indebidas, pagos de seguro de vida, transferencias y/o pagos indebidos o sin justificar, gastos por aplicar indebidos y otros, con un universo de estudio integrado por documentos de estados financieros de la empresa.

El monto del quebranto en el primer dictamen  emitido el 10 de octubre de 2014, con folio 70520/2014 y clave CLN/2014/34638 es por 285 millones 600 mil 953.98 pesos y 47 mil 950.72 dólares; luego, un segundo dictamen aparece el 11 de diciembre de 2015, en el que señala que no se puede determinar el quebranto económico en contra de agrícola Epsa”, en el resultando número 75 de la resolución. La autoridad judicial cambió de parecer.

Por otra parte, la demanda de AW en contra de los hermanos Gonzalo Espinoza en San Diego, California, tienen un proceso abierto en su contra por conspiración para maltratar, malversar y/o convertir millones de dólares que AW había avanzado en beneficio de una empresa conjunta.

La demanda, con el número 37-2013-00077045-CU-OR-CTL, sigue su curso y la siguiente audiencia será celebrada el 3 de enero de 2017, se amplía a Omega Produce Company (Omega) y otras entidades e individuos.

La réplica Espinoza Pablos

Mediante un comunicado entregado a Ríodoce, José Gonzalo Espinoza Pablos acusa una manipulación por parte de AW, quienes supuestamente defraudaron a los empresarios sinaloenses con la disolución de la empresa en menos de seis días.

En el escrito de cuatro páginas, José Gonzalo critica que el caso se haya ventilado a los medios, y exige que AW cumpla con su obligación de cumplir los derechos laborales.

“El objetivo de los hermanos Espinoza Pablos, únicamente es que se les pague la cantidad por concepto de prestaciones laborales que la Junta definió a su favor, nunca se ha tenido la intención de perjudicar de ninguna manera a los trabajadores y jornaleros temporales que prestan sus servicios en el empaque que hoy es propiedad única y exclusiva de los hermanos Espinoza Pablos, pues es en ejercicio de su derecho, en apego a la Ley como se ha actuado en aras de que se les respeten y cumplan sus derechos constitucionales como trabajadores, al haber sido víctimas y afectados por los fraudulentos actos simulados por AW y su séquito” (sic).

Para asegurar el pago del laudo, el 24 de septiembre de 2015 se lleva a cabo el embargo precautorio contra la Agrícola Baja (antes Epsa). El decreto se ejecutó el día 5 de octubre, y según los trabajadores, existió excesiva fuerza policiaca. Como evidencia, Ríodoce posee un video del evento. A la empresa agrícola Baja la llamaron a juicio en noviembre de 2015, hoy día, dicha empresa lleva como nombre agrícola El Fénix.

Y ahí, decenas de trabajadores mantienen un plantón con gastos pagados. La empresa continúa otorgando el pago íntegro de su salario y entre ellos, Ramón Alzate Valdez, mantiene la esperanza que el conflicto entre dos gigantes no lo deje en la calle.

 

 

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