Legisladores y constructores de Sinaloa se enfrentan por la nueva Ley de Obras Públicas
La sala de usos múltiples del Congreso del Estado estaba llena de los constructores afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). En el presídium los integrantes de la Comisión de Obras Públicas y los dirigentes de la CMIC de las zonas norte, centro y sur. De nuevos se veían las caras. De ambas partes el compromiso era hacer un encuentro respetuoso, pese a las controversias mediáticas que se habían planteado en torno a la nueva Ley de Obras Públicas.
Los constructores venían de una reunión previa en la sede de la agrupación. Allá habían hablado de los puntos con los que estaban inconformes dentro del texto de proyecto de dictamen de la nueva Ley de Obras Públicas. La forma en que se adjudicarían las obras de manera directa con procedimiento de poca transparencia había sido la constante de las intervenciones.
“No les demos más vueltas”, había señalado un constructor y proponía que ya se empezará a trabajar con despachos para proceder a una defensa legal frente a una ley que consideran perjudicará a los agremiados. La posibilidad de interponer amparos y el recurso del veto por parte del gobernador en caso de que el Congreso del Estado se empeñara en aprobar la ley, eran algunas opciones que empezaron a ser comentadas por los líderes.
El diputado priísta José Manuel Osuna Lizárraga, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, dijo que ésta “es una ley que surgió como iniciativa de la mesa de diálogo de Compromisos de Sinaloa, hace dos años”.
El plan de la comisión legislativa era  que el  jueves 14 de abril se diera la primera lectura de la iniciativa de la nueva Ley, y que entre ésta y la segunda lectura había tiempo para un análisis más fino.
“Nosotros no legislamos para la CMIC”, había advertido a los constructores.
El diputado panista Francisco Solano Urías, miembro de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, tomó la batuta de la conducción de la reunión. Por su trayectoria profesional en el terreno de la construcción se sentía seguro de hablar de un tema que conoce desde hace muchos años.
Planteaba ante los constructores punto por punto los asuntos en los que no podría haber un acuerdo, mientras que los afiliados a la CMIC argumentaban que el proyecto de ley solo iba a amarrar más a la pequeña empresa en desarrollo.
La reunión transcurría en armonía hasta que se introdujo al recinto una lona enorme en donde se bautizaba a la nueva Ley de Obras Pública como “Ley  Procorrupción” y manifestaban los constructores su desacuerdo.
Mientras continuaba el diálogo, los constructores que portaban la enorme lona recorrieron el recinto hasta colocarse justo atrás donde estaba sentado Solano Urías y el resto de los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas.
Solano Urías no pudo ocultar su molestia y le dijo que los había tratado con mucho respeto en todas las reuniones y que no había dado pábulo para que nadie le cuelgue epítetos de ningún tipo.
“Yo quiero decir que no estoy de acuerdo con esa manta que vinieron, están en su derecho y están, estamos en un Estado y país libre, pero yo creo que no corresponde a lo que dice de un intercambio respetuoso”, espetó.
Al término de la reunión los ánimos se tranquilizaron y ambas partes quedaron en seguir abonando para lograr expedir una ley equilibrada para todas las partes involucradas, logrando con ello obras de calidad a precios razonables, sin detrimento de los constructores y en beneficio de los ciudadanos. Al menos ese fue el acuerdo final que se pronunció al micrófono.
Contrario a lo esperado, en la orden del día de la sesión del jueves 14 de abril, el dictamen de la nueva Ley de Obra Pública no fue incluido.
Si no hubiese corrupción, al menos se podría hacer un 20 por ciento más de obra pública porque ya no existen “diezmos” en la petición de funcionarios para otorgar obra, sino el 20 por ciento como requisito para la celebración de contratos, confesaron algunos constructores fuera de grabadoras y reflectores.
Propuestas de los constructores rechazadas por el Congreso:
—Postergar la aprobación de la nueva Ley para Sinaloa en tanto no sea aprobada la nueva Ley Federal de Obras Públicas.
—No aprobar la nueva ley hasta tener disponible Compranet como plataforma electrónica del gobierno.
—Trabajar conjuntamente la elaboración de un reglamento de la ley ya aprobada.
—Que la contratación de obra pública se lleve a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobres cerrados que serán abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores disponibles en cuanto precio, calidad y financiamiento.
—No a las asignaciones directas de obra pública.
—Incluir dentro de los requisitos de contratación de obra pública que los constructores estén afiliados a la CMIC, o algún colegio de ingenieros o arquitectos u otra institución gremial.
Puntos que alientan la corrupción
De acuerdo con Ia organización Iniciativa Sinaloa, existen 14 puntos que se incluyen en el dictamen de la Ley de Obra Pública que favorecen actos de corrupción:
1.- Se abre la posibilidad de invertir en obras no justificadas.
2.- No se obliga a difundir las bases y resultados de la evaluación de los concursos de obras.
3.- Hay un amplio abanico de posibilidades para contratar obra de manera discrecional.
4.- Excluye el estudio de mercado para justificar la autorización de derechos o patentes.
5.- Descarta la opinión de autoridades para elegir un procedimiento de contratación.
6.- Se deja de lado Compranet Sinaloa.
7.- No contempla la transparencia en todas las etapas de contratación.
8.- Prevé hacer entregas de documentación a domicilio durante la licitación.
9.- No obliga la investigación de mercado para conocer las condiciones en el que va a operar la obra.
10.- Omite la declaración de interés como requisito para participar en el Comité de Obras Públicas.
11.- No especifica dónde inicia y dónde concluye la participación de los testigos sociales.
12.-  No establece ni reconoce la publicación de las pre-bases en una licitación.
13.- No obliga a un dictamen público de los concursos.
14.- Solo contempla la participación de dos ciudadanos en los Comités de Obras.