Reos amontonados compartiendo celdas insalubres, consumiendo comida chatarra y sin las mínimas condiciones de seguridad, frente a otros que gozan de privilegios y al amparo de la corrupción y la violencia para someter a los internos y mantener las cárceles como sus cotos de poder, es el retrato que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del sistema penitenciario mexicano.
Tras un recorrido hecho por 130 de las 359 cárceles que operan en todo el país, donde se concentran 194 mil 977 internos, es decir, el 87 por ciento de los presuntos delincuentes recluidos, la dependencia exhibe los contrastes y el trato inhumano que hay en los centros de readaptación social, comparado con las cárceles militares.
Sin mencionar un solo caso sobre tortura física, la CNDH se enfoca a señalar que los mayores problemas que enfrenta los reos en las cárceles estatales son sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e inseguridad, evidenciando la crisis y corrupción del sistema penitenciario, que ha ocasionado una avalancha de cuestionamientos al Gobierno Federal por no respetar acuerdos internacionales sobre derechos humanos.
En un escenario en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pone en la agenda de discusión el tema de la tortura en México y otras violaciones a la integridad de las personas, la CNDH elaboró un informe y lo entregó a las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados para iniciar un plan de monitoreo “que obligue a las autoridades a corregir las irregularidades que dejan entrever la fragilidad de un sistema penitenciario nacional copado por la red de corrupción que simula operar cárceles con rigurosos estándares de seguridad”.
En informe señala que las cárceles mexicanas carecen de personal para garantizar la seguridad, custodia, prevención y atención de incidentes violentos, lo que significa que no cuentan con suficientes acciones para prevenir o atender riñas, emergencias, fugas, homicidios y motines.
La mayor parte de los centros visitados tampoco dispone de programas para prevenir adicciones y desintoxicación voluntaria y hay serias deficiencias en materia de higiene en las instalaciones, incluidos dormitorios, cocinas y comedores que utilizan los internos. Las áreas médicas, sicológicas y odontológicas están prácticamente abandonadas y carecen de personal e instrumental para atender a los internos.
Los alimentos que se elaboran son de muy baja calidad y no se contemplan dietas para enfermos que lo necesiten.
La mayoría no cuenta con manuales de procedimientos para actuar en casos de emergencias como motines, uso de la fuerza, revisión de visitantes, y se desconocen los protocolos para presentar quejas, traslado de internos, ingresos o visitas íntimas.
En 71 de los 130 centros penitenciarios que visitaron en todo el país, se evidencia que los servidores públicos no tienen control sobre las actividades internas que realizan los reclusos, tampoco sobre el ingreso de las visitas íntimas o familiares, ni sobre el uso y funcionamiento de teléfonos celulares, que merman los planes de seguridad con que se manejan los centros penitenciarios.
Otro de los asuntos preocupantes para la CNDH es la sobrepoblación de las cárceles mexicanas. Espacios donde solo deben convivir cuatro internos, están sobresaturadas con hasta 30 reclusos “que tienen que soportar problemas de hacinamiento que ponen en riesgo su salud y su seguridad”.
En otros centros visitados se observan los privilegios de que gozan algunos reclusos en sus celdas. Se percataron de la presencia de armas punzo-cortantes y otros objetos y sustancias prohibidas, así como internos que utilizan la violencia contra el resto de la población para someterlos a sus caprichos e intereses.
Se detectaron centros de readaptación federales que ni siquiera tienen una clasificación entre procesados y sentenciados y expedientes jurídicos mal integrados.
En cambio, en las prisiones militares donde las condiciones son mucho menos críticas en materia de equipamiento y condiciones materiales, solo se observa con ligera frecuencia la ausencia de actividades laborales y capacitación para el trabajo, necesarias para una adecuada reinserción laboral.
El documento denominado “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015”, indica que se visitaron 21 centros federales, entre estos los cinco que conforman el Centro Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Readaptación Sicosocial (Ceferepsi) con una población total de 24 mil 455 internos. Asimismo se incluyeron las tres prisiones militares que albergan a 786 internos.
