La Auditoría Superior del Estado actuó con dolo contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la revisión realizada al Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados (FOFAE) donde se detectaron irregularidades por 80 millones 845 mil pesos, defendió el titular de la SAGYP, Juan Guerra Ochoa.
El funcionario perredista aseguró que la ASE tiene un pleito político en su contra, el cual sintió desde la auditoría realizada en el 2012 y se repitió con mayor fuerza en la última revisión a la cuenta pública, la cual además, fue dictaminada como suspendida por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.
—¿Por qué el dolo?—, se le cuestionó al perredista, quien luego de hacerse públicas las observaciones de mayor impacto establecidas en el informe, defendió que sólo se trata de cuestiones administrativas que pueden solventarse y subsanarse.
—Nosotros les solventamos unos expedientes y nos empiezan a pedir más y más, hasta llegar al 100 por ciento, entonces, tú ya hueles que le están buscando a ver si le encuentran, entonces, tú ya ves el dolo.
—¿Pero la ASE por qué?, tendría que haber alguien más arriba, ¿Gerardo Vargas, Malova o quién?, ¿Armando? (Armando Villareal, secretario de Administración y Finanzas), traes un pleito con Armando ahí, ¿no?
—Yo no sé porqué, porque no son niños, es como si dicen ‘oye que los diputados reciben consignas’, pues recibe el que quiera, yo no tengo porque recibir consignas si no estoy de acuerdo, cada quien tiene su dignidad, pero de que se ve una actitud de dolo manifiesto en la ASE, se ve, una actitud de buscar lo que sea”.
—¿Cuándo empezó esta auditoría?
— En enero.
—¿Y cuando te peleaste con Armando?
—Eso ya estaba y ya estaba el pleito con la Auditoría.
—Pero reventó en diciembre. ¿Y luego te cayó la auditoría?
—Yo no tengo elementos para afirmar nada de eso, yo acuso a la ASE porque ya son grandecitos, son gente que se deben a una responsabilidad. Si la ASE se chafea, que es el órgano, o sea tú no esperas que en México tus órganos actúen así, con una cosa donde se pierde toda proporción y toda lógica.
“Yo también puedo demandar a la ASE”
Las observaciones de carácter resarcitorio son en su mayoría señalamientos contra el productor, quien deberá subsanar la documentación o en su caso, regresar el dinero, criticó el secretario.
Según enfatizó Guerra Ochoa, en el dictamen de la ASE no se expone a ningún funcionario que haya incumplido con el propósito del programa, por el contrario, queda expuesto el productor que no entregó la documentación completa o en otros casos, el productor que no utilizó el apoyo como se requería.
“El pleito con la ASE, además de que no quieren a los productores, no quieren a la izquierda. Esta es una auditoría más que nada contra los productores. Yo le tengo que pedir el recurso o si no te voy a demandar como productor, porque el recurso te lo dimos”, enfatizó Guerra Ochoa.
Pero esto no es nuevo, reclama el secretario.
De acuerdo con el perredista, en el 2012 la Auditoría Superior del Estado exigía un lineamiento que contravenía con las indicaciones que la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) había dado a la SAGyP.
En la última auditoría, la ASE señaló que faltan las fechas y firmas del beneficiario en 203 cartas de autorización de apoyo, con un valor de 47 millones 472 mil pesos, pero según Guerra Ochoa, las firmas y fechas no son un requisito que establezca la SAGARPA.
Enfatizó que el 80 por ciento del recurso con el que opera el FOFAE es recurso federal, mientras que el Estado sólo aporta un 20 por ciento, aspecto por el cual las reglas de operación del FOFAE son dictadas por la SAGARPA.
Además, el titular de SAGyP reclamó que la ASE auditó recursos federales sin apegarse a convenios de coordinación entre el Estado y la federación, razón por la cual aseguró que podría solicitar una anulación de la auditoría realizada al FOFAE.
“Yo también puedo demandarlos, ellos tampoco son impunes, hay una creencia, suposición, de que son intocables. Sí, abusan de su poder, sí, pueden omitir lo que sea, pero tampoco es un asunto de que no exista un mecanismo de que a ellos se les pueda denunciar”, enfatizó.
Sin embargo, aunque según Guerra Ochoa, las irregularidades son sólo procedimientos administrativos subsanables, el secretario admitió que sí habrá dos casos en los que tendrán que requerir al productor para que regrese el apoyo.
Se trata de uno de los tres productores que recibieron un recurso de 100 mil pesos para adquirir un tractor pero en la inspección física se detectó que los números de serie no coincidían con los de la factura.
También se requerirá a los productores que contrataron a un proveedor de Colima para adquirir material vegetativo, específicamente limones, pero en la investigación de la ASE, el proveedor rechazó haber entregado el material y dijo que tampoco había recibido el pago del producto.
“En el caso de los limones ya reunimos a los productores, a nosotros nos consta que están plantados esos limones pero si no logran arreglar el papeleo y la factura, el productor nos tiene que regresar el dinero, aunque tenga la planta, aunque merezca y tenga derecho a recursos”, dijo.
Guerra Ochoa señaló que por este tipo de acciones, desde el 2010, la SAGyP sólo ha tenido que presentar cinco demandas administrativas contra productores que no ejercen el recurso como lo señala el programa.
Defendió que de los 80 millones 845 mil pesos, señalados por la ASE, sólo el uno por ciento corresponde a los dos casos de productores que tendrán que regresar el recurso; el resto está relacionado con documentos que podrían estar perdidos o que la misma ASE no ha revisado correctamente.
“En una auditoría el beneficiario tiene que existir y ser real, haber una solicitud del programa, comprobación plena de que le diste el dinero, todo lo demás puede hacer el ruido que sea pero todo lo demás son detalles”, concluyó.
Que le pregunten a la SAF: Ahumada Quintero
El director del Instituto de Capacitación para el Trabajo, Audómar Ahumada Quintero, defendió que las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) son aspectos que le corresponde responder a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
En relación a los cinco millones de pesos entregados a la SAF para llevar a cabo un programa de infraestructura que no se realizó, Ahumada Quintero presentó dos oficios a través de los cuales solicitó a la dependencia estatal el reembolso del recurso.
Según explicó, desde junio de 2013, la secretaría emitió dos autorizaciones de pago por 2 millones y medio de pesos cada una, que están en la dirección de Tesorería pero hasta la fecha el recurso no se ha entregado.
“Como el gobierno del Estado no tenía dinero, nos pidió que nosotros aportáramos de las cuotas de ICATSIN para amarrar el programa de casi 10 millones, pero resulta que venía en paquete, CONALEP y COBAES no tuvieron como aportar y no aportaron, entonces no se firmó el programa y no se concretó”, explicó.
Pero la falta del recurso para Ahumada Quintero es un problema menor, según destaca, en los próximos meses, los gobiernos federal y estatal construirán un Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico, donde ICATSIN será uno de los beneficiarios.
Según el director del instituto, para subsanar la observación de la ASE, sólo es necesario que el gobierno estatal escriture el terreno donde se construirá el Centro de Capacitación a nombre de ICATSIN y con eso se saldaría la cuenta.
“Basta con que nos escriture gobierno y nos entregue la escrituras a ICATSIN y nos ponga en el avalúo ese monto y ya, quedamos a mano”, indicó.
Ahumada Quintero aseguró que la propia auditoría conoce sobre la falta de pago por parte de la SAF y que hasta el gobernador está enterado del reembolso pendiente.
“Nosotros no hemos sido en eso desordenados, nosotros hemos salido de los mejores calificados en términos de control. De este pago, la ASE lo sabe y transparencia también, el gobernador también porque le hemos informado que no han regresado el dinero, y ese es un problema de trámite”, enfatizó Ahumada Quintero.
