Semarnat, Profepa y Gobierno de Malova, involucrados en daños a manglar en Topolobampo
Después de cuatro meses de litigio y tras haber sido ignorados por el gobierno de Mario López Valdez, pescadores ribereños del puerto de Topolobampo lograron detener la construcción de la planta de fertilizantes amoniacales, al acreditar que ésta se cimentó en trámites falsos y en inspecciones simuladas, omisas y corruptas, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los pescadores Román Navarro, secretario de la cooperativa pesquera El Maviri; Genaro Campos Salazar, de la Cooperativa Turística, y José Alfonso Chaparro Bojórquez, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas Siglo XXI, se alegraron de haber vencido en el Juzgado Segundo de Distrito a la imposición gubernamental y a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable, que con un capital de 80 millones de pesos pretendía construir y operar en la bahía de Ohuira y sobre un sitio Ramsar ( que se refiere a Humedales Mexicanos del Importancia Internacional) “plantas de producción de amoniaco, fertilizantes y otros productos químicos derivados del petróleo y gas natural…”
“Nos sentimos contentos de haber demostrado en el juzgado que la planta estaba hecha sobre mentiras y engaños, que instituciones de gobierno se confabularon para aprobar estudios de impacto ambiental falsos, que omitieron su responsabilidad de proteger al medio ambiente y en su afán de ceder al capital extranjero, pasaron por alto su responsabilidad oficial”.
La avaricia de políticos locales para beneficiar a seis familias y afectar a más de ocho mil personas terminó por desenmascarar la tranza, que era defendida por el director de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Mario López Valdez, Francisco Labastida Gómez de la Torre, con la mentira de que generaría más de tres mil empleos, cuando en realidad no llegarán a 150 jornadas de alta especialidad, pues se trata de plantas altamente automatizadas, dijeron.
Acompañados del ex diputado federal Gerardo Peña Avilés, los tres directivos pesqueros acusaron de ser intermediarios de un mega fraude a favor de alemanes, al gobernador Mario López Valdez, su subordinado Francisco Labastida Gómez de la Torre, al corredor de bienes y raíces Daniel Serrano Guzmán, al ex diputado federal Rubén Benjamín Félix Hays (actual aspirante a la presidencia municipal de Ahome por el Partido Nueva Alianza), y al ex secretario Álvaro Ruelas Echave.
Peña Avilés rechazó que festine la paralización de la planta de fertilizantes y que se alegre de que la inversión no llegue a Topolobampo.
“Me siento contento de que una autoridad judicial someta al orden jurídico a instituciones que fueron omisas, que le diga mediante sentencia a un gobierno estatal que debe de cumplir con la ley y que hay penas para ellos por desacato”.
Recordó que cuando el director de Profepa, José Abud, visitó el lugar debió haber detenido el proyecto porque estaba siendo construido en un sitio prohibido, pero no hizo nada.
“Me lleva a sospechar de corrupción, aunque no puedo comprobarlo”, dijo.
Comentó que incluso Semanart validó el estudio de impacto ambiental a pesar de que era fraudulento pues estaba en una zona inundable, de manglar, y porque era evidente la desecación del manglar, y posteriormente rehuyó ahondar en el caso porque aceptó el uso de suelo que la Dirección de Obras Públicas e Imagen Urbana otorgó con base a un plan parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Sur de Topolobampo el 24 de septiembre de 1997 y que ya estaba derogado, y con éste se otorgó la licencia de construcción.
“Tenemos seis meses esperando que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anule la licencia de construcción, pero hay una actitud de retardarla. Si me la dan, yo me encargo de que se procese legalmente al que la otorgó, Gregorio Molina Germán, director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Ahome”.
Peña Avilés comentó que la Bahía de Ohuira no es el lugar adecuado ni el que la ley permite, no es el lugar que el medio ambiente necesita para una planta de fertilizantes.
“La pueden hacer en un lugar en donde no haga daño, no afecte el ecosistema y no dañe el ambiente social en la bahía”.
Sostuvo que la defensa del manglar se da por convicción de defender el medio ambiente en Ahome, ”y lo estoy logrando, con el respaldo de todas las personas que están hartos de que los gobiernos tengan acciones de desarrollo equivocadas, donde ecosistemas están lacerados en más de un 50 por ciento, el sector productivo degradado y la productividad pesquera en crisis”.
La planta degradara el ecosistema
Dijo que espera que la sentencia del juicio de amparo sea notificada a Profepa y a la empresa Gas y Petroquímica, en no menos de 15 días para que inicie la segunda fase que es la revisión en Tribunal Colegiado, o bien que se ejecute el resolutivo y se suspenda y sancione el relleno.
“Si se aplica la ley de equilibrio ecológico, tienen que retirar el relleno y restablecer el ecosistema por indicaciones de la Profepa. La empresa deberá de ajustar al funcionario que la engañó y cobrar reparación del daño por ello”, sostuvo.
Recuperar el ecosistema de un mangle lleva tres décadas, precisó.
Peña Avilés dijo que el caso se vuelve tenebroso porque se afecta a funcionarios importantes y se daña a inversionistas poderosos; sin embargo no teme por su vida “y si me van a tronar, que lo hagan saliendo de aquí. Por ello, responsabilizó por su integridad física al Gobierno de Sinaloa y al municipal de Ahome.
“Si cumplen la ley, la planta de amoniaco no se va hacer, pero este es un problema de obsesión, de bienes y raíces muy fuerte, de vicios de poder”.
El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, dijo que todas las indicaciones para construir la planta de fertilizantes en Topolobampo se van a atender con una lente de que haya crecimiento, desarrollo.
“Plantas de fertilizantes no existen en México, y somos un país deficitario en fertilizantes”, dijo.
Aceptó que no conoce la resolución judicial para la construcción de la planta de fertilizantes.
Jorge Abel López Sánchez, delegado en Sinaloa de Semarnat, dijo no conocer la sentencia de amparo por la que se para la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, así como si en el estudio de impacto ambiental hay omisiones deliberadas.
“Los trámites se realizaron en oficinas centrales. De esa tema nosotros no participamos”, agregó.
Gregorio Molina Germán, director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Ahome, negó que hubiese aprobado un uso de suelo en una ley derogada.
“Lo que hicimos es validar un documento que había emitido la dirección anterior en el 2013. Yo no nada más lo renové. Tomamos la información y lo fundamentamos en el término de industria pesada. No hay nada ilegal. Estamos abiertos a cualquier investigación”.
Desecación del humedal, relleno de manglares y extracción de flora y fauna silvestre protegidas
Alejandro Monjardín
Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo se está llevando sin irregularidades.
El delegado de la Profepa, Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, responde la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos el 31 de agosto de 2015, quienes solicitaron un amparo al señalar daños ambientales por la construcción de la empresa.
En la denuncia de hechos, los quejosos aseguran que la construcción de la planta ha generado daños graves a los ecosistemas, al hábitat de flora y fauna silvestre protegida, así como deterioro a la vegetación del humedal.
Los daños y desequilibrios han sido ocasionados en la zona conocida como Topolobampo, en la Bahía de Ohuira, dentro de una zona designada como Humedal de Importancia Internacional de acuerdo al artículo 2.1 de la Convención RAMSAR con número 2025, el 2 de febrero de 2009.
Los solicitantes del amparo presentaron a la Profepa un dictamen técnico realizado en el humedal en el que presuntamente se constatan daños causados por el relleno, desecación y degradación en los humedales para construir la planta.
El documento detalla que destruyeron aproximadamente 21 mil 285 metros cuadrados de mangle y el predio al momento de la denuncia era rellenado con material pétreo.
“No obstante esto, aún con la franca destrucción del mangle, siguen rellenando la línea costera, ganando terrenos al mar en más de cuatro metros al día de hoy, donde se puede apreciar elementos de construcción en dicha zona, lo cual también afecta a los ecosistemas marinos y las poblaciones de flora y fauna marina”, establece.
En un espejo de agua, indica, realizaron 10 canaletas con el propósito de desecarlo afectando los humedales.
“Se puede observar cómo es que las obras y actividades han causado impactos ambientales por la realización de actividades no contempladas en la autorización del estudio der impacto ambiental, como la realización de canaletas para el desagüe y el relleno de mangle, el cual es utilizado por las aves residentes y migratorias para el descanso y alimentación, por lo que a su vez han extraído especies de flora y fauna silvestre protegidas de manera ilegal”, indica el documento.
El 5 de octubre, el delegado de la Profepa, Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, respondió que personal de la Subdelegación de Inspección y Vigilancia realizó una visita de verificación en materia de impacto ambiental en dos ocasiones y no detectaron irregularidades en la zona donde se construye la planta.
El funcionario dijo que en la primera inspección realizada el 26 de junio, se verificó que la empresa estaba cumpliendo los términos y condicionantes establecidos en el resolutivo de impacto ambiental emitido por Semarnat, en cuanto a la obra de relleno con material pétreo.
El 22 de septiembre, después de que se presentó la denuncia, de nueva cuenta acudió el personal a llevar a cabo otra verificación de las obras y constató que no había cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
“Observando que las actividades y obras de relleno llevan un avance aproximado del 97 por ciento, constando que dichas obras se encuentran autorizadas en el Resolutivo (de impacto ambiental), menciona la Profepa.
A 450 metros de donde se construye la planta localizaron nueve canaletas de desecación, pero la empresa se deslindó de haberlas realizado y el personal de la dependencia federal constató que se encontraban fuera del terreno de la planta.
Las actas de inspección levantadas se turnaron a la Subdelegación Jurídica de la Profepa a efecto de instaurar los procedimientos administrativos correspondientes, respondió el delegado.
Los quejosos quedaron inconformes con la respuesta de la Profepa y promovieron un amparo que el lunes pasado fue concedido.
