Justicia en rezago

juicios orales
A poco más de un mes de cumplirse el plazo constitucional para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal el gasto ejercido para este rubro en Sinaloa, del 2012 a este año, fue de 66 millones 155 mil 725 pesos; actualmente, el 63 por ciento de la población está cubierta por este sistema (en el 83 por ciento de los municipios ya entró en vigor y falta la zona centro).
De acuerdo con la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la solicitud de información con el folio número 00188116, a partir del ejercicio fiscal del año 2012 se contempló el Nuevo Sistema de Justicia Penal como “un programa con prioridad nacional dentro del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública”.
Pero no todo el recurso autorizado fue ejercido. El gobierno federal autorizó un presupuesto total de 127 millones 213 mil 237 pesos, de los que solo se ejercieron unos millones más de la mitad, durante los años  2012, 2014 y 2015.
La mayor parte del dinero ejercido fue para adquirir equipamiento pericial, en el que se gastaron 36 millones 678 mil 132 pesos; de ahí le siguió el gasto en equipo médico y de laboratorio, con 15 millones 547 mil 252 pesos.
En Sinaloa está en construcción el último edificio de juicios orales ubicado en la Región Centro que permitirá “dar soporte a los municipios de Culiacán, Navolato y Badiraguato, atendiendo al 37 por ciento de la población y el 51 por ciento de la incidencia delictiva estatal”, informó el gobierno del estado el pasado 3 de mayo pasado.
También informó que del 1 de enero al 31 de marzo de este año se iniciaron 141 causas penales de las que se registraron 51 audiencias iniciales sin personas detenidas y se libraron 11 órdenes de aprehensión, 113 fueron vinculados a proceso; y no se ha llegado a  realizar ningún juicio oral.
 
El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) elaboró el reporte Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal, presentado este año.
El estudio revela que según datos reportados por el INEGI, en Sinaloa la efectividad del sistema penal acusatorio es de 10.8 por ciento, “incluso podría parecer que en Sinaloa es más efectivo el sistema tradicional”, y señala que las variaciones se deben a dos factores no excluyentes entre sí: “la calidad de la implementación y el desempeño previo de las instituciones de justicia”.
Según Hallazgos 2015, Sinaloa estaba entre las ocho entidades que al menos hasta febrero de este año tenían pendiente la publicación de la normatividad necesaria para operar el sistema de justicia penal acusatorio, y junto con Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit, Querétaro y Sonora, no contaban hasta esa fecha con la legislación básica, intermedia y complementaria para operar el sistema penal acusatorio.
Según información proporcionada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, en Sinaloa  el costo total de los proyectos de infraestructura y/o equipamiento del Fideicomiso de BANOBRAS fue de 336 mil 200 pesos.
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