Javier Valdez, tres meses de silencio

 

 
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La muerte sigue, entonces este libro no podrá cerrarse ni tendrá fin: puntos suspensivos sin punto final. No hay manera de contar tanto dolor”. Así cierra la nota final del libro Narcoperiodismo de Javier Valdez que narra las historias de periodistas en distintas regiones del país, sus peripecias para sobrevivir y no rendirse en el ejercicio periodístico, quizá lo más sorprendente.

Cuánta razón tenía Javier, su libro no puede cerrarse porque en él faltará su propia historia. Una historia que apenas empieza a escribirse y no podrá cerrarse porque es un libro que se compone todos los días en varios rincones del país. Este libro, como lo dijo, “no tiene fin”.

Con el homicidio de Javier, ocurrido el 15 de mayo de 2017, se escribe otra de las historias que contó, aunque hay otras que seguramente se llevó con él.

Esos son relatos de un periodismo roto, lastimado y frágil, pero también precarizado, mal pagado y lleno de temor, dolor y desconfianzas.

Un periodismo indefenso y desprotegido, pero convencido, y que en ocasiones ni los periodistas comprenden ¿Por qué hacer periodismo en estas condiciones?, es la pregunta recurrente.

Para muchos era un contacto, una fuente, un experto en temas de narcotráfico, un referente en su natal Culiacán, para pocos fue un amigo de verdad. Pero sobre todo fue un periodista apasionado de lo que hacía.

Hoy, Javier es un eco nacional e internacional. Dentro de todo esto ¿qué ha sucedido con la investigación de su homicidio? Nada. Silencio y hermetismo del lado de la autoridad y por parte del periodismo, enojo, repudio y asombro ante tan artero crimen. Hoy se cumplen tres meses de su homicidio y los resultados en la investigación no se ven. ¿Cuánto tiempo más esperar?

Como creer en una investigación de la que nada se sabe, ni siquiera se tiene certeza de qué autoridad es la que investiga. ¿O será que solo se administra el caso y le apuestan al tiempo y al olvido? Una práctica ya conocida.

¿Cómo ganar confianza ante una autoridad que se escabulle como si ocultara algo?, ¿cómo creer que el asesinato de Javier no quedará como muchos otros, en una carpeta de investigación? Ese es el reto de fiscal para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, el sexto nombrado para esta Fiscalía en 11 años. Pero también para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, que con el pretexto del nuevo sistema penal acusatorio opta por guardar silencio.

El hermetismo en el que se ha encerrado esta investigación desde hace tres meses por parte de las autoridades no ayuda mucho. Siembra desconfianza y desesperación. Es algo que las autoridades que investigan no entienden: estamos frente a un gremio y una sociedad ávida de justicia, que necesita información clara y precisa. Pero sobre todo, que necesita resultados.

El periodismo en Sinaloa y el país no aguanta más silencio, ni hermetismo, ni burocracia, ni más impunidad. Sinaloa ha vivido años de agravios hacia los periodistas, siete de ellos fueron asesinados de 2000 a 2017 y uno se encuentra desaparecido.

Cuatro gobernadores han pasado por Sinaloa desde que ocurrió el primer asesinato contra un periodista en la entidad, Gregorio Rodríguez; estos mandatarios han emanado del Partido Revolucionario Institucional, incluido el actual, y uno del Partido Acción Nacional, Mario López Valdez, a quien se le ocurrió impulsar una Ley que restringiera la cobertura periodística. Todos ellos, de alguna forma, son responsables de la impunidad de estos homicidios, por omisión, al no perseguir a los asesinos en sus respectivas gestiones.

¿Cuántos gobiernos más tendrán que pasar por Sinaloa para creer que el asesinato de Javier sí será resuelto? Porqué creerles si en otros casos los resultados no fueron satisfactorios. Tendríamos que recordar qué sucedió en los casos que siguen sin resolución.

Los autores materiales del homicidio de Gregorio Rodríguez, ocurrido en Escuinapa, frente a su esposa e hijas, recibieron una sentencia de 11 años seis meses de prisión en 2008 por lo que en abril del siguiente año estarían libres.

¿Por qué el entonces gobernador, Jesús S. Millán, no detuvo o pidió la extradición del autor material del homicidio, Antonio Frausto Ocampo, operador del Cártel de Sinaloa, detenido por el gobierno de Estados Unidos en 2009?

Otro asesinato fue el de Humberto Millán. ¿Qué sucede con este caso, abierto desde 2013 en la Fiscalía local y en la Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión?

En la mayor parte de estos casos los autores materiales e intelectuales no han sido detenidos a pesar de que el gobierno en turno prometió hacerlo. ¿Cuántos gobernadores y fiscales más deberán pasar para saber quiénes fueron los responsables de estas muertes?

Otro caso es el de José Luis Romero, para el que la Fiscalía abrió dos averiguaciones previas, pero no hay detenidos.

En por lo menos estos tres casos, de acuerdo con el seguimiento que ha hecho Reporteros Sin Fronteras, hubo indicios suficientes, en su momento, para considerar que los periodistas fueron asesinados por el ejercicio de su profesión, pero eso nunca se investigó.

Al igual que Javier Valdez, fueron periodistas incómodos para el crimen organizado o para políticos que se sintieron expuestos por sus informaciones. Esto nunca lo sabremos si hay una autoridad que no investiga y el silencio ha sido la única respuesta.

Lo que sí sabemos es que en ninguna de estas investigaciones hay resultados y las familias de estos periodistas siguen esperando justicia ¿Por qué ahora si les debemos de creer?

*Representante de Reporteros sin Fronteras en México.

 

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