Improbable juicio político
Cuando el expediente de Sergio Torres llegó al Congreso del Estado, corría ya como reguero de pólvora política que el alcalde de Culiacán podría ser sometido a un Juicio Político a solicitud del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin embargo el expediente llegó jurídicamente incompleto para que técnicamente prospere.
El miércoles 11 de noviembre, el poder legislativo recibió oficialmente el expediente que ya había sido mediáticamente conocido, sobre una controversia por el uso de un espacio deportivo, promovida por Juan Manuel Ruíz Domínguez, director general y representante legal de Jimmy Soccer A.C.
El citado expediente, enviado por Jorge Antonio Camarena Ávalos, magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está compuesto por copias certificadas del expediente principal 1075/13-111, el recurso de revisión 196/15 y el cuadernillo incidental 148/2015.
Desde antes que el expediente fuese sometido a un análisis de una mesa jurídica-técnica para lo que procedía sobre el alcalde Culiacán, el presidente de la Junta de Coordinación Política del poder legislativo, Jesús Enrique Hernández Chávez, deslizó una observación: el expediente no incluye la integración de una averiguación previa realizada por el Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa para determinar la existencia de un delito.
De formación abogado y dos veces diputado local, Hernández Chávez señaló la necesidad que el documento de una averiguación previa debiese haber integrado el expediente, si la vía fuese el desafuero, para pasar al Juicio Político. No hubo más comentarios, prevaleció la mesura y la declaración institucional de respetar los tiempos y procedimientos legislativos para poder declarar más sobre el tema.
La diputada perredista Imelda Castro Castro, ya también había coincidido en la misa observación: Falta en el expediente contra Sergio Torres la integración de una Averiguación Previa para configurar un delito.
A diferencia del otro juicio político que se inició recientemente, el promovido por el regidor Guadalupe Santana Palma León contra el alcalde de Navolato, Miguel Enrique Calderón Quevedo, que fue derivado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el caso de Sergio Torres y su tesorero municipal, fue primero canalizado a una mesa técnica-jurídica para determinar su desahogo, turnándose posteriormente a la Comisión Instructora.
En contraste con el alcalde de Navolato, quien inmediatamente se movilizó para tener una reunión con el Grupo Parlamentario del PRI, “los de casa”, dijera, para exponer los detalles de su caso en donde existe ya una denuncia por lesiones en su contra por parte de un regidor que acusa fue desalojado violentamente para evitar la demolición de un plazuela; el presidente municipal de Culiacán no ha buscado ese encuentro, al menos no de manera pública con sus compañeros de partido.
Aunque mediáticamente se ha señalado que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo solicitó el Juicio Político del alcalde Sergio Torres, en las resoluciones del expediente no puede leerse tal solicitud, solo el “dar vista” al Congreso del Estado para los efectos legales procedentes.
Aunque no existen plazos para la resolución del expediente de Sergio Torres, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Solano y el de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, han asegurado que el procedimiento será sin demora, transparente y en estricto apego a derecho.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, la solicitud de Juicio Político, una vez que se recibe por la Secretaría General, se envía al presidente de la Mesa Directiva, quien la canaliza a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para la elaboración del dictamen que debe ser presentado al pleno, en caso negativo se desecha, pero solo en caso aprobatorio se canaliza a la Comisión Instructora para practicar la audiencias con el funcionario denunciado, así como la comprobación de la conductas y establecer las circunstancias del caso, teniendo para ello un plazo de 20 días que pueden extenderse a 15 adicionales para emitir su dictamen.
Por el momento el curso que tome el expediente del alcalde de Sergio Torres está en manos de los diputados integrantes de la Comisión Instructora, presidida por Angel Geovani Escobar Manjarrez.
OTRAS DEMANDAS
En el pasado reciente se han presentado ante el Congreso del Estado cuatro solicitudes de juicio político contra alcaldes por diversos motivos, sin embargo, en todos los casos no se inició con el procedimiento.
Héctor Melesio Cuén Ojeda, Alcalde de Culiacán, Junio de 2012
Alejandro Higuera Osuna, Alcalde de Mazatlán, Diciembre de 2011
María Gorgonia Bañuelos Peraza, Alcaldesa de San Ignacio, Diciembre de 2008
Aaron Irízar López, Alcalde de Culiacán, Marzo de 2006
