Impunidad, el origen de los males

    SINALOA. Tercer lugar nacional por mayor incidencia de homicidios.
SINALOA. Tercer lugar nacional por mayor incidencia de homicidios.

 
 
Sinaloa, entre los estados con más alto índice de inseguridad, violencia y corrupción
 
 
De acuerdo con los resultados del Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), Sinaloa es uno de los estados con un alto grado de impunidad, lo que origina problemas como inseguridad, violencia y corrupción.
El estudio realizado entre abril y diciembre del 2015, reveló que más del 90 por ciento de los delitos cometidos en el estado no son denunciados ante las autoridades. En los casos que si se da parte a las autoridades existe un enorme rezago en procuración de justicia.
El IGI-MEX, un estudio elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla,  se presentó el miércoles de la semana pasada; clasifica la impunidad en cuatro grados, muy alta, alta, media, baja y un caso atípico, Michoacán de Ocampo.
En el grado de impunidad muy alta aparecen 13 estados; Quintana Roo ocupa el primer lugar con 76.61 por ciento, le sigue el Estado de México con 76.48, y en tercer lugar Baja California, con 74.42.
Sinaloa es el segundo estado dentro del grupo clasificado con un grado de impunidad alto, obteniendo 69.3 por ciento, ocupando el lugar número 15 dentro del  ranking total.
Las cifras negras
El estudio destacó que en el estado, la mayoría de los delitos que se cometen no se denuncian ante las autoridades, por lo que se registró una cifra negra del 92.3 por ciento.
Como el caso de Enrique, un joven que jamás pensó llegar a cometer un robo, pero el miedo y las circunstancias lo llevaron a participar de manera involuntaria en tres asaltos, todos cometidos en menos de una hora.
Enrique llegó hace unos años del Distrito Federal a radicar a Culiacán, “ni en el DF me pasó algo así, se pasaron de verga”, dijo cuando recordó aquella tarde que a bordo de su Chevy esperaba la luz verde del semáforo, cuando de repente tres hombres se subieron a su carro —al menos uno de ellos armado—, “sigue manejando” fue la instrucción.
“No me quedó de otra, les decía que me dejaran bajar, que se llevaran el carro, pero no quisieron”, amenazado, siguió sus instrucciones, les sacaba plática temeroso de que le dieran un tiro. El primer asalto fue a un camión urbano que también esperaba en un semáforo, se bajaron dos y regresaron casi de inmediato, solo le quitaron el dinero al chofer.
La segunda parada fue en una gasolinera, cargaron un poco y a la hora de pagar le quitaron el dinero al despachador. “Acelera, acelera”, le dijeron. El temor de Enrique en ese momento era confuso, ahora temía ser detenido por  la policía junto con los tres ladrones.
Aceleró el carro mientras preguntaba, “¿a dónde vamos?, ¿Por qué no me dejan bajar?, llévense el carro yo me quedo aquí, no voy a decir nada”, les  dijo más de una vez.
El último asalto fue en una farmacia; ahí tardaron un poco más. Luego de recorrer algunas calles de la ciudad decidieron bajarse del Chevy, “ahí te van cien pa´ la gas”, fue lo último que escuchó. Enrique asustado se fue a su casa, guardó el automóvil y no lo volvió a usar hasta meses después. No quiso denunciar porque temió que le fuera peor.
El IGI-MEX expone que según cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2014), los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Sinaloa son: robo de vehículos, robo a negocios, otros robos, lesiones y homicidio.
Por cada 100 mil habitantes, en Sinaloa se registran 70.63 homicidios, es decir el 5 por ciento del total de los asesinatos en el país se cometen en la entidad, ocupando el tercer lugar a nivel nacional por la mayor incidencia de este delito.
De esa cifra alta que se registra en el estado, la gran mayoría queda en la impunidad, tal es el caso de María Guadalupe, una niña de 9 años vecina de La Reforma, municipio de Angostura, quien fue encontrada muerta el 1 de mayo del 2015, y a poco menos de tres meses de que se cumpla un año del asesinato, no hay avances en el caso.
Los primeros días después del crimen, la Policía Ministerial presentó a declarar algunas personas, entre ellos la madre de la víctima y el padrastro, pero el caso se enfrió y al parecer se le dio carpetazo; la PGJE no ha presentado  ningún detenido por el homicidio de la menor.
Según el IGI-MEX, en Sinaloa el 75 por ciento de las averiguaciones previas quedan en la etapa inicial del proceso, es decir que solo el 25 por ciento se convierten en procesos penales.
El estudio remarcó tres puntos críticos en la cadena impune dentro de la procuración de justicia: el primer punto señalado es que “del total de averiguaciones previas abiertas, solo el 56 por ciento tienen una determinación”.
“El segundo punto crítico se observa al comparar a los inculpados y/o imputados registrados en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas (21 mil 610) con el número de procesados y/o imputados que se registran en las causas penales en primera instancia. Esta cifra corresponde al 49 por ciento de los inculpados registrados en averiguaciones previas”.
El tercer punto crítico se presenta al “comparar el número de procesados y/o imputados registrados en las causas penales en primera instancia (10 mil 628) con el número de sentenciados registrados en las causas penales en primera instancia (4 mil 482)”. Esta última cifra representa el 42 por ciento en comparación de la primera.
Con esos tres puntos críticos se puede explicar que 33 mil 226  averiguaciones se conviertan en 4 mil 482 sentenciados.
El estudio señala que los resultados podrían deberse a que el presupuesto ejercido por la Procuraduría General de Justicia del Estado es de 12.3 por ciento. Lo anterior se relaciona con el bajo número de personal del Ministerio Público; por cada 100 mil habitantes hay 18.2 agentes, cuando el promedio nacional es de 33.9.
A su vez, hay 0.39 policías judiciales por cada mil delitos que se registran, siendo el menor en todo el país.
“Esto resulta relevante para Sinaloa dada la gravedad de los delitos que se cometen en la entidad”.
También refiere que Sinaloa es uno de los 26 estados que se encuentra en transición hacia el Sistema Penal Acusatorio, que entró en vigor en 2014.
“El nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados y cuenten con un sistema de profesionalización funcional que reduzca los espacios de corrupción e impunidad”, señala el IGI-MEX.
Recomienda implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad.
Impunidad Nacional
En México, el 99 por ciento de los delitos se quedan sin castigo. El estudio realizado por la Universidad de las Américas de Puebla señala que en México, de cada 100 delitos cometidos solo se denuncian siete, y la cifra negra en el país desde el 2013 alcanzó un porcentaje de más del 90 por ciento.
Las principales causas por las que la sociedad dice que no denuncian es la pérdida de tiempo y la desconfianza que le tienen a la autoridad; sin embargo el IGI-MEX puntualizó que la razón de fondo es que lo que “desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos”.
La mayoría de las entidades se agrupan en el estudio en los niveles altos y muy altos de impunidad; la media nacional es muy alta ubicada en 67.42 por ciento, “prácticamente en el último tercio de la escala del IGI-MEX y sólo diez estados tienen un índice de impunidad por debajo del promedio nacional.
“La distancia entre el grado de impunidad entre las entidades es mínimo; 24  estados se encuentran agrupados a diez puntos de distancia de la peor posición”.
 
Grupo de entidades por grado de impunidad

 
 
 
 
 
 
Grado de impunidad  muy alta
Quintana Roo                                76.61
México                                           76.48
Baja California                               74.42
Durango                                         73.97
Tamaulipas                                    73.38
Guerrero                                        73.19
Coahuila de Zaragoza                   72.93
Yucatán                                         72.80
Veracruz de Ignacio de la Llave     72.38
Querétaro                                       72.24
Nuevo León                                    71.63
Oaxaca                                           71.63
Baja California Sur                         70.74
 
 
 
 
 
 
Grado de impunidad alta
Morelos                                          69.37
Sinaloa                                           69.34
Puebla                                            69.19
Tabasco                                         69.10
Aguascalientes                               68.37
Hidalgo                                           67.90
Tlaxcala                                          67.69
Jalisco                                            67.45
Colima                                            67.01
Zacatecas                                       66.00
Guanajuato                                     65.15
Grado de impunidad media Chiapas                                          59.96
Chihuahua                                      59.94
Sonora                                            58.41
Distrito Federal                               56.97
San Luis Potosí                              56.86
Grado de impunidad baja Nayarit                                            50.42
Campeche                                      47.22
Grado de impunidad atípica Michoacán de Ocampo                  67.71

 
 
 
 
 
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