Grave simulación en Sinaloa: CNDH

 
 cecjude maza
Tortura de Yecenia Armenta, masacre de 28 reos en penal de Mazatlán, negligencias médicas… casos ignorados
 
 
 
El Gobierno del Estado cumple “a medias” con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y omite los puntos que piden atender a las víctimas de violaciones de derechos y ofrecerles garantías de no repetición.
De 1990 a la fecha, la CNDH emitió 52 recomendaciones al gobierno de Sinaloa, de las cuales cinco fueron de 2011 a 2016 y son las que están inconclusas, mientras que el resto fueron cumplidas en su totalidad por los gobernadores en turno.
No atender las recomendaciones satisfactoriamente, indica el organismo, significa que no se ha podido o quizás querido obtener el cese de la acción violatoria, la necesaria reparación del daño, la restitución del ejercicio y goce de derechos a las víctimas, o las medidas de no repetición de los hechos constitutivos de violación a derechos.
De acuerdo con la CNDH, las recomendaciones indican 30 puntos a cumplir, de los cuales 13 están concluidos y 17 pendientes.
De los puntos pendientes, en cinco la CNDH pide atender a las víctimas, en nueve que ofrezca garantías de que no se repetirán los hechos violatorios, en una que inicie averiguación previa contra servidores públicos y en dos que acepte recomendaciones que fueron enviadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Es importante resaltar que el aceptar una recomendación y no cumplirla a cabalidad, es tan grave como el no aceptarla, dada cuenta que esta simulación repercute en la percepción y el disfrute pleno que tiene la ciudadanía de sus derechos, por tal razón es fundamental el cumplimiento de todos los puntos recomendatorios”, indica.
Una de las recomendaciones que pide la CNDH acepte, es la enviada por la Comisión Estatal en 2015 por la detención de Yecenia Armienta Graciano, acusada de asesinar a su esposo, Jesús Alfredo Cuén Ojeda; absuelta el pasado 7 de junio y puesta en libertad tras cuatro año de prisión.
El organismo nacional señala que el Gobierno del Estado tiene pendiente prestar atención médica y sicológica a la víctima, inscribirla en el registro de víctimas y concluir los procedimientos administrativos y penales contra los servidores públicos involucrados.
Una de las recomendaciones que no ha cumplido por completo es la enviada por la masacre de 28 reos en el penal de Mazatlán el 14 de junio de 2010.
El Gobierno estatal no ha cumplido con indemnizar a los familiares de los fallecidos y reparar el daño a cuatro internos que resultaron lesionados.
También tiene pendiente garantizar una estancia digna para los presos con espacios suficientes en la cárcel, capacitar al personal de custodia, asignar guardias suficientes y expedir un manual para actuar en caso de contingencias o motines.
En una recomendación de 2013, la CNDH pidió a López Valdez colabore y de seguimiento en la denuncia penal que el organismo presentó contra personal del hospital General “Martiniano Carvajal”, de Mazatlán. Pero hasta la fecha, no ha tenido respuesta.
La recomendación derivó de una queja presentada por un interno del complejo penitenciario Islas Marías, debido a que perdió un ojo por la inadecuada atención médica.
El reo llegó al hospital con desprendimiento de retina debido a que le cayó una rebaba, pero recibió atención médica hasta 96 horas después y le practicaron los estudios 14 días más tarde.
Por la falta oportuna de atención, indica, presentó una infección en el ojo y lo perdió.
En 2013 también envió una recomendación a Mario López Valdez por la muerte de una adolescente de 15 años y su bebé durante el parto.
Los peritos del organismo determinaron que en los fallecimientos tenían responsabilidad personal médico de la Unidad Rural del IMSS en Isla del Bosque, en Escuinapa, del Hospital General de ese municipio y del Hospital General de Mazatlán.
Señalaron que hubo fallas desde el control y seguimiento del embarazo en la unidad rural, hasta la atención del parto en los hospitales generales.
En los últimos 26 años la CNDH ha emitido recomendaciones a 52 autoridades de Sinaloa, de las cuales 47 han sido concluidas y cinco se encuentran en trámite.
De las concluidas, 37 fueron dirigidas al Gobernador, una a la Procuraduría General de Justicia del Estado, una a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dos al Congreso Estatal, una al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y cinco a los Ayuntamiento de Sinaloa, San Ignacio y Culiacán.
 

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