Gobernadores y funcionarios, tan peligrosos como los narcos; Periodistas, en medio de las armas

 
 
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La ausencia de autoridades para investigar en México las agresiones contra periodistas ha sido un factor clave que explica el por qué  en este país es sumamente peligroso ejercer el periodismo y no pasa nada cuando se asesinan o desaparecen  reporteros, señalan comunicadores de Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
Al hablar sobre  “Los Retos y adversidades del periodismo local”, en el segundo día del Seminario “Periodismo, Libertad de Expresión. 100 Años del Periódico El Universal” que organizó el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, los reporteros de los estados considerados de mayor riesgo para el ejercicio periodístico, coinciden en que las fiscalías creadas para atender los delitos contra la libertad de expresión han sido un total fracaso, porque las investigaciones sobre asesinatos y atentados son mera simulación. No pasa nada.
Por el Periódico Ríodoce,  Francisco Sarabia, uno de sus corresponsables en la Ciudad de México, apuntó que  el quehacer periodístico en México vive uno de sus peores momentos, porque encima de la inseguridad y el miedo que impone el narco, se suma la violencia política que ejercen los gobiernos locales —sea el gobernador y funcionarios estatales hasta los alcaldes— contra el periodismo crítico que cuestiona la corrupción, la impunidad y las complicidades e intereses entre la clases política con los grupos empresariales y delincuenciales.
Dijo que el periodismo que se hace en Sinaloa y otras regiones convulsionadas por el narco y la corrupción política es de mera sobrevivencia, porque el reportero carga siempre con el temor y la zozobra de ser la próxima víctima.
“Las amenazas y presiones que vienen de la clase política están a la orden del día porque cuando se denuncian casos de corrupción o narcotráfico, siempre aparecen vinculados políticos o funcionarios que ejercen su poder para frenar información que exhibe los contubernios y negocios ‘sucios’, y esa violencia que viene del Estado, en Sinaloa es a veces más preocupante que la que promueve directamente el narco”, señaló.
Por desgracia, esta violencia política inhibe el periodismo crítico, indicó, porque por un lado se está haciendo una costumbre publicar la información que mandata el Estado y temas tan importantes como la violencia y la inseguridad se soslayan por parte de los medios, por temor a ser relegados de los presupuestos estatales de publicidad.
Al respecto, habló de la necesidad de empujar desde la Cámara de Diputados y Senadores leyes que obliguen a transparentar las relaciones de poder entre el Estado y los medios de comunicación, de tal forma que se obligue a los Gobiernos a hacer públicas las asignaciones de publicidad a los medios y se deje de utilizar como instrumentos de control para silenciar a las empresas periodísticas sobre la corrupción y la impunidad que golpea a la sociedad y a los periodistas como interlocutores.
Melva Frutos, de la Red de Periodistas del Noreste, una organización que promueve la defensa contra las agresiones de periodistas en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, destacó que en esta última entidad no hay periodista que no esté amenazado por el narco.
“No importa la información que cubran pues hasta los reporteros de sociales y política están bajo advertencia y tienen la consigna de infundir el miedo para acallar cualquier intento de denuncia”, dijo.
Desde el 2008, agregó, el ejercicio periodístico “se convirtió en una especie de corresponsalía de guerra, una guerra sin frente. Los retos han sido muchos, tuvimos que unirnos y cambiar la manera de operar”.
En Coahuila, dijo, la mayor presión contra los reporteros proviene de los funcionarios públicos y luego de la delincuencia. Y en el caso de Nuevo León, denunció que el Gobernador Jaime Rodríguez, el Bronco, recurre hasta a agresiones verbales para hostigar a los periodistas que considera sus enemigos políticos.
La periodista Norma Trujillo, de “Voz Alterna de Veracruz”, el Estado que reporta más agresiones contra periodistas en los últimos años, señala como agresores del gremio a la delincuencia organizada, los cacicazgos políticos y al Estado mismo. Y dijo que tan solo en el Gobierno de Javier Duarte, 12 periodistas han sido asesinados.
En sus conclusiones, los participantes de medios estatales coincidieron en la urgencia de impulsar en las agendas de los  Congresos estatales y la Federación el debate sobre la funcionalidad de las Fiscalías estatales  para atender los asesinatos y agresiones contra periodistas, y de ser necesario se cite a comparecer a los titulares para que expliquen a la sociedad  por qué no hay avances ni resultados en los casos.
 
Ayotzinapa, el Chapo y Tlatlaya, los temas más atractivos para la prensa extranjera
Corresponsables de prensa extranjera asignados en México, coinciden que los temas relacionados con el Chapo Guzmán, Ayotzinapa y Tlatlaya, son los referentes de información más difundidos sobre México en el extranjero.
Durante la última mesa del Foro, Pablo Ferri, del periódico español El País, subrayó que el Gobierno federal quedará marcado con el caso Ayotzinapa, como uno de los temas más preocupantes que refieren la violencia y corrupción de México ante el extranjero.
Laura Woldemberg, de Vice México, dijo que los corresponsales quedan bajo salvaguarda en este tipo de amenazas porque los medios internacionales cuentan con un respaldo que les otorga más seguridad a los periodistas porque no tienen compromisos con empresas privadas ni gobiernos en el asunto de los contenidos editoriales.
Elizabeth Malkin, corresponsal de The New York Times, expuso que el presidente Enrique Peña Nieto vendió una imagen muy distinta al extranjero para justificar sus reformas estructurales, pero al conocerse casos como Ayotzinapa, la realidad cambió y ahora, el Gobierno guarda silencio.
 
 
 
 
 

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