Organizados bajo el nombre de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, cientos de familias afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre marcharon para exigir que los trabajos de reconstrucción, reparación y reforzamiento de los inmuebles sean en su totalidad pagados con recursos públicos.

Los manifestantes presentaron una declaratoria de 14 demandas a los gobiernos local y federal, en la que piden también que diputados de la Asamblea Legislativa local (ALDF) consulten a las familias afectadas antes de la aprobación de la Ley de Reconstrucción, Reparación y Transformación de la Ciudad de México, informó la agencia Apro.

En el documento que elaboraron familias de al menos 70 zonas afectadas, luego del primer Encuentro General de Damnificados de la Ciudad de México que se llevó a cabo ayer en una jornada de seis horas, enfatizaron los siguientes puntos:

Que no hay responsabilidad administrativa en la operación de la Plataforma MX, así como un programa formal de acceso al damnificado que permita conocer las diferentes etapas y la defensa de las familias ante errores de la autoridad en estas plataformas.

“Nadie los audita ni verifica que no sean manipulados. La Plataforma MX y el semáforo de daños, instrumentos de censo del gobierno, no son confiables, no dan certeza, hay muchos predios que no están registrados y otros que cambiaron de categoría de manera arbitraria”.

Los damnificados indicaron que faltan medidas de seguridad y trato digno en los campamentos y albergues que siguen en pie y reprocharon el desalojo de varios de éstos. Para las familias que no están en éstos, pidieron que se amplíe el plazo para recibir apoyos de renta.

Calificaron el fondo de reconstrucción de dos mil 500 millones de pesos como “insuficiente”. Además, evidenciaron que el gobierno de la ciudad no da certeza sobre la asignación del dinero público y no son claros los mecanismos de transparencia y evaluación de su asignación.

“El dinero es de los damnificados, no es para el gobierno de cualquier nivel o las empresas inmobiliarias”.

En esta demanda, los afectados por los sismos también solicitaron auditorías de expertos independientes de los recursos públicos federales y locales.

Respecto a los estudios de seguridad estructural, de mecánica de suelo, topográficos e inspecciones visuales de los Directores Responsables de Obra, demandaron que deben ser una obligación de gobierno central y que deben ser pagados con recursos públicos, “no vistos como gestos amigables” de jefes delegacionales ni del gobierno central”. Por lo mismo, mencionaron que deben aplicarse a todos los inmuebles afectados, no sólo para los 39 que serán demolidos.

Reprocharon la solución central de los créditos por considerarlos “impagables”.

“Las familias ya construyeron su patrimonio con recursos propios. Tienen tasas de interés escondidas”, enfatizaron.

De la Ley de Reconstrucción, insistieron en que las medidas de redensificación en 35 por cient de los edificios, es una “”irresponsabilidad del gobierno”.

También cuestionaron que se permita incrementar el peso de las estructuras que resultaron dañadas, cuando esto fue el origen de los derrumbes y afectaciones.

“De manera categórica rechazamos la aprobación de la iniciativa Mancera porque no coloca al damnificado como prioridad sino a los intereses comerciales. Que toda política pública sea diseñada con inclusión de los damnificados”, exigieron.

Pidieron también que ninguna empresa o personas involucradas con los fraudes inmobiliarios partícipe en las labores de reconstrucción, además de acciones especiales para los sectores vulnerables como adultos mayores, madres solteras.

Finalmente, exigieron reformar las normas en materia de construcción y protección civil con base en los mapas del Cenapred.

“No salimos a las calles porque llevamos dos meses durmiendo en ellas”; “No queremos créditos, ni tandas, ni deudas”; “Dónde está el dinero que el mundo nos donó, con eso nos alcanza para la reconstrucción”, fueron algunas de las consignas de los inconformes.

Los al menos 800 damnificados llegaron a un templete que colocaron en las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, luego de hacer dos paradas en el edificio derrumbado en Chimalpopoca y en Churubusco, y tras su salida a las 10:40 horas del Multifamiliar de Tlalpan.

Ahí leyeron el pronunciamiento y posteriormente agradecieron a la sociedad civil su apoyo para el retiro de escombros, entrega de ayuda y solidaridad mostrada en la marcha.

Durante la movilización no se registraron actos de violencia y los damnificados subrayaron su apartidismo.

A la par y por separado, hubo otra marcha de cien personas integrantes del Movimiento Urbano Popular en solidaridad con los damnificados, que salió del Ángel de la Independencia rumbo al centro de la ciudad.