El esclarecimiento del crimen del periodista Luciano Rivera, ocurrido el 31 de julio pasado en un bar de Playas de Rosarito, en Baja California, exigieron a través de una carta organizaciones, asociaciones y reporteros de diferentes estados del país.

En la misiva se pide además garantías para Alberto Elenes, quien ha sido “acosado” por las autoridades, luego de haber publicado una investigación, en la que demostró que la versión de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, de que el asesinato de Rivera, no se debió a su trabajo periodístico “es insostenible”.

“Nuestro colega Luciano Rivera fue asesinado el  lunes 31 de  julio de 2017 en Playas de Rosarito, Baja California. El crimen aún no ha sido aclarado  y, lejos de investigar, pareciera que las instituciones de procuración de justicia buscan cerrar el caso e incluso persiguen a otros colegas quienes develan detalles  importantes”, indica el texto.

“Horas después del homicidio, la subprocuradora de Baja California, Patricia Ortega, dijo que no existían indicios de que el asesinato de Luciano Rivera se vinculara con su actividad periodística. Ella difundió la versión de que habría sido asesinado por defender a una mujer dentro de un bar. Sin embargo, con el paso de los días ha quedado claro que las personas que dispararon contra Luciano Rivera llegaron hasta allí buscándolo y presuntamente tenían tiempo siguiéndolo”.

En el documento se añade que en la revista que él dirigía, “Dictamen BC”, “los últimos ejemplares fueron dedicados a investigaciones que sin dudas pudieron incomodar a grupos delincuenciales y de poder:       la edición de mayo llevó por título ‘Guerra de narcomenudistas’ y la de junio/julio ‘Desmantelan a la mafia amarilla’, en  relación a una mafia de taxis en Tijuana”.

“Exigimos que el asesinato de Luciano Rivera sea investigado sin descartar a su trabajo periodístico como posible móvil. Que sean identificados y castigados los responsables, así como garantizada la seguridad de sus familiares y compañeros”, manifiesta.

“También responsabilizamos al gobierno de Baja California y a todas las autoridades mexicanas por la integridad de nuestro colega Alberto Elenes, quien con su trabajo demostró que la versión  de la PGJ-BC es insostenible y por ello ha sufrido acoso de las autoridades”.

Elenes investigó más que a los órganos de gobierno, testimonios de testigos, quienes refieren a un asesinato premeditado y no fortuito, como aseguraba la PGJ-BC.

“En la primera audiencia de  vinculación a proceso, la justicia confirmó la versión publicada por el reportero. Sin embargo, las autoridades de Baja California lo agreden. El director de Comunicación Social de la PGJBC, José Manuel Yepiz, lo llamó ‘irresponsable’ por cuestionar la primera versión oficial del asesinato y lo acusó de ‘tratar de desacreditar la versión de la autoridad’, en un acto que inequívocamente resulta intimidatorio”.

Ante dichos hechos, los periodistas firmantes de los estados de la Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Nuevo León, Veracruz, así como Venezuela y entre los que se encuentran Marcela Turati, Alejandro Almazán, Álvaro Delgado, Elena Poniatowska, Sanjuana Martínez exigen atención a las demandas.

“Exigimos se garantice la integridad física del compañero Alberto Elenes y cese el descrédito a su trabajo. Acompañamos el reclamo de nuestros colegas de Baja California y exigimos seguridad para ellos”, manifiesta.

“Basta de agredirnos. Basta de asesinarnos. Protegemos a nuestras fuentes para procurarles seguridad. Investigamos para hacer de México un país más democrático y justo. Justicia para Luciano Rivera,  seguridad para Alberto Elenes”.

La carta también está firmada por organismos como Red de Periodistas de a Pie, Derecho a Informar, FotorreporterosMx, Ni Uno Más, Michoacán, Ojos de Perro vs la Impunidad, AC, Re de Periodistas del Noroeste, Red de Periodistas de Sonora, Red Libre de Periodismo, Unión de Periodistas, entre otros.