Ex funcionarios malovistas, unos se amparan y otros huyen

 

Con órdenes de captura para 6 ex funcionarios malovistas

 

Las irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el Gobierno de Mario López Valdez empezaron a brotar y los funcionarios a caer.

Derivado de denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía General del Estado obtuvo órdenes de aprehensión contra seis ex servidores públicos.

El primer malovista detenido es Luis Ángel Pineda Ochoa, ex Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo.

Los ex Secretarios de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro; y de Turismo, Rafael Lizárraga Favela, están prófugos de la justicia, con orden de aprehensión.

También cuentan con mandamiento judicial María Alejandra Gil Álvarez, Directora Administrativa y Jaime Otáñez García, Director de Atención Médica, ambos de los Servicios de Salud de Sinaloa.

De la Secretaría de Turismo está prófugo José Luis Martínez Romero, ex jefe del departamento administrativo.

Todos están acusados de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y de desempeño irregular de la función pública.

Los ex secretarios de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; y de Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo, pidieron amparos para no ser detenidos.

Otros cuatro ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas y uno de Salud, también solicitaron a Jueces de Distrito amparos contra órdenes de aprehensión.

Durante su toma de protesta la mañana del 31 de diciembre de 2010, Mario López Valdez declaró el inicio de “un Sinaloa diferente con un gobierno para el cual el uso de los recursos son un bien sagrado que deben ser ejercidos de forma eficiente y transparente.

“Creo en la honestidad, la transparencia, la legalidad, la responsabilidad, la eficiencia, la disciplina y, sobre todo, creo en la generosidad hacia los más desamparados. Sin excepción alguna, voy a pedir a mis colaboradores, que estos valores sean la referencia para su desempeño”, dijo en su primer discurso como mandatario estatal.

Para la Auditoría Superior del Estado, durante el último semestre de ese gobierno, hubo funcionarios que no fueron honestos, ni legales, ni responsables, ni aplicaron de manera eficiente los recursos públicos.

Los cinco ex funcionarios con orden de aprehensión y el que ya está detenido fueron denunciados penalmente el 10 de junio pasado.

La ASE presentó 13 denuncias, de las que se han resuelto dos y por las cuales libraron las seis ordenes de aprehensión.

Los tres ex funcionarios de la Secretaría de Turismo están involucrados en la misma causa penal.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público dijo que Luis Ángel Pineda Ochoa, junto con Rafael Lizárraga y José Luis Martínez, pagaron 8 millones 651 mil 798 pesos sin contrato y sin realizar proceso de licitación o adjudicación.

Los pagos se hicieron entre el 4 de julio y el 4 de noviembre de 2016 a las empresas Canwest, Delta Vacation y Continental Airlines para campañas de promoción turística.

Pineda Ochoa fue detenido la tarde del martes en Los Mochis.

El miércoles fue presentado ante el Juez de Control, quien en la audiencia inicial concedió la libertad condicional por lo que de ser vinculado a proceso lo enfrentará en libertad.

Conocido como Lapo, Pineda Ochoa abandonó las instalaciones del Centro de Justicia acompañado de sus abogados y su familia, una hora después de que concluyó la audiencia.

El ex servidor público es defendido por Carlos Enrique Olguín Álvarez, ex Director de Averiguaciones Previas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, durante el sexenio pasado; y por el ex Subdelegado Estatal de PGR, Ernesto López Benítez.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juez que dictara prisión preventiva ante el riesgo de que el acusado se fugara y el pago de los más de 8 millones de pesos por la reparación del daño.

Los defensores alegaron que la prisión preventiva era una medida excesiva que no estaba justificada, al igual que el pago de reparación del daño, porque éste no ha sido demostrado y además hay otros dos involucrados.

El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público y como medidas cautelares impuso el pago de una fianza de garantía de un millón de pesos en un plazo no mayor de 15 días, acudir cada 15 días al juzgado a ingresar sus datos y la prohibición de salir del estado durante un año.

Al otorgar la libertad condicional, el juez consideró que los delitos no son graves y la disposición que tuvo Pineda Ochoa para aclarar las acusaciones.

El ex funcionario acudió el 12 de agosto y el 17 de noviembre a la Fiscalía para solicitar información sobre alguna denuncia en su contra y ponerse a disposición para aportar pruebas.

Después de la primera visita a la Fiscalía, la Dirección Jurídica le envió un documento en el que señalaba que no había ninguna indagatoria en su contra.

De acuerdo con el Ministerio Público la denuncia fue presentada el 10 de junio y hasta el 26 de septiembre se inició la carpeta de investigación, por eso en agosto se informó al acusado que no había ninguna indagatoria; y el 17 de noviembre no se le dio respuesta debido a que ya se había solicitado la orden de aprehensión y de haberla hecho de su conocimiento había riesgo de que se fugara.

La Fiscalía fundó sus acusaciones en los resultados de la auditoría realizada el último semestre de 2016 y en un peritaje contable de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales.

Los abogados defensores solicitaron al Juez un plazo de 144 horas para aportar medios de prueba y pidieron llamar a declarar a los cuatro auditores que realizaron la auditoría, a la perito contable y a una agente de la Policía Investigadora.

El Juez aceptó la petición y acordó citarlos a declarar.

La audiencia estaba programada a las 12:00 horas pero al inicio los abogados defensores señalaron que la Fiscalía no había proporcionado copia del expediente, por lo que el Juez dio un receso de una hora y media para que revisaran los documentos.

A las 13:30 horas se reanudó la audiencia y dos horas más tarde el juzgado dictó las medidas cautelares y citó para continuación de la audiencia este lunes.

En esa audiencia, el Juez determinará si vincula a proceso a Pineda Ochoa o dicta auto de libertad por falta de elementos para procesarlo.

El Juez señaló que el Código Penal del Estado establece una pena de 1 a 9 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público y de 2 a 7 años por desempeño irregular de la función pública.

 

Los de Fianzas se previenen

Tras la detención de Luis Ángel Pineda Ochoa, dos ex Secretarios y cinco ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas acudieron a los Juzgados de Distrito a solicitar amparos contra órdenes de aprehensión.

En distintos Juzgados solicitaron amparos contra cualquier mandamiento judicial y a todos les han concedido la suspensión provisional, por lo que no pueden ser detenidos hasta que el Juez resuelva si otorga una suspensión definitiva o levanta la suspensión y pueden ser capturados en cualquier momento.

Los que buscan la protección de la justicia federal son el ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; y de Obras Públicas José Luis Sevilla Suárez Peredo.

También buscan ampararse el ex Subsecretario de Administración y Finanzas, Gildardo Amarillas López; el ex jefe de la Unidad de Inversión Pública, José Luis López Montiel; el ex Director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex Subsecretario de Egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota.

El ex Subdirector de Recursos Financieros de Salud, Ángel Alfonso Jackson Inzunza también busca un amparo.

A los dos ex Secretarios el juez fijó una fianza de garantía de 10 mil a cada uno y a los otros ex servidores públicos de 5 mil pesos para conceder la suspensión provisional de la orden de aprehensión.

 

 

Detenido

Luis Ángel Pineda Ochoa, ex Secretario de Técnico de la Secretaría de Turismo

 

Prófugos

 

Secretaría de Salud

Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario

María Alejandra Gil Álvarez, Directora Administrativa

Jaime Otañez García, Director de Atención Médica

 

Secretaría de Turismo

Rafael Lizárraga Favela, ex Secretario

José Luis Martínez Romero, ex jefe del Departamento Administrativo.

 

Amparados

 

Secretaría de Administración y Finanzas

Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario

Gildardo Amarillas López, ex Subsecretario de Administración y Finanzas

Andrés Daniel Guzmán Cota, ex Subsecretario de Egresos

José Luis López Montiel ex jefe de la Unidad de Inversión Pública

Ernesto Herrera Félix, ex Director de Tesorería

 

Secretaría de Obras Públicas

José Luis Sevilla Suárez Peredo, ex Secretario

 

Secretaría de Salud

Ángel Alfonso Jackson Inzunza, ex Subdirector de Recursos Financieros

 

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
  • 00
  • Dias de Impunidad
RÍODOCE EDICIÓN 1104
GALERÍA
Operativo de fuerzas federales en el sector de La Lima, tras enfrentamiento ocurrido la madrugada de este domingo en Culiacán, que dejó un elemento de la Guardia Nacional (GN), muerto y otro lesionado .
COLUMNAS
OPINIÓN
El Ñacas y el Tacuachi
BOLETÍN NOTICIOSO

Ingresa tu correo electrónico para recibir las noticias al momento de nuestro portal.

cine

DEPORTES

Desaparecidos

2021 © RIODOCE
Todos los derechos Reservados.