Evidencian fraude de Pemex por 3 mil 576 mdp

pemex

 

Un fraude por 3 mil 576 millones de pesos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), realizado a través de 96 empresas, la mayoría fantasmas o propiedad de ex funcionarios de la paraestatal y en complicidad de seis universidades públicas del sureste del país, evidenció Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

 

En el reportaje titulado “Pemex: empresas de funcionarios y costos inflados”, publicado hoy, en la tercera entrega del trabajo “La Estafa Maestra”, se menciona que de 2011 a 2014, la filial Pemex Exploración y Producción, de la paraestatal dirigida entonces por Juan José Suárez, desvío los recursos mencionados a través 39 contratos signados con la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, y las universidades Juárez Autónoma y la Tecnológica, ambas de Tabasco.

 

 

Animal Político señaló que para corroborar la existencia de las empresas subcontratadas por las instituciones de educación superior, acudió a los domicilios de las mismas, de los socios, fundadores, y encontró que en el caso de E&P Solutions y Energy Oil and Gas, contratada en 2013 por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), por 566 millones de pesos para dar “servicios profesionales especializados en ingeniería” a Petróleos Mexicanos (Pemex), no existía.

 

“….se trata de empresas fantasma, es decir, compañías que no están en donde reportan, no pagan impuestos, usan facturas falsas y no tienen la infraestructura ni el personal necesario para dar servicios. Por eso están en la ‘lista negra’ del SAT”, señala.

 

“Esta universidad pública de Tabasco no sólo contrató a E&P Solutions y Energy Oil and Gas. También a otras dos empresas: Drilling and Completion Services y a Integrated Reservoird Management Services de México. Las cuatro participaron en el fraude de 566 millones de pesos y tienen en común que comparten socios, representantes legales y comisarios, quienes resultaron ser prestanombres, según se confirmó al entrevistarlos en sus domicilios ubicados en colonias populares y con altos índices de violencia de Tabasco”.

 

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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.

 

Dichas empresas, añade el texto, “desaparecieron en cuanto recibieron el dinero público, según consta en la fecha que presentan las actas de liquidación entregadas al Registro Público del Comercio y en los datos de los contratos de cada convenio”.

 

En total, menciona, las universidades, aunque declararon por escrito que tenían la capacidad para cumplir con todos los convenios y se quedaron con una comisión de 634 millones de pesos, contrataron a otras empresas, que tampoco podían dar el servicio, por lo que contrataron a unas más. El dinero dio tres vueltas.

 

“La Universidad Popular de la Chontalpa, por ejemplo, declaró por escrito que tenía la capacidad para cumplir con servicios para Pemex-PEP y que ‘no requería la contratación de ningún tercero’. Era mentira. El convenio 425102832 entre Pemex y la Chontalpa se firmó por 238 millones de pesos. Pero ese mismo día, la universidad transfirió el dinero a la empresa Maheca S.A. de C.V”.

 

Otro caso, agrega, es el convenio con Pemex-PEP 428811857 y la Universidad de la Chontalpa, “la cual tenía tanta prisa por subcontratar a Maheca S.A. de C.V., que firmó el contrato un día antes de sellar el convenio con la petrolera”.

 

“La Universidad de la Chontalpa repitió este modelo en al menos 11 ocasiones tanto con Maheca S.A. de C.V. como con otras tres empresas: Surface Technology SA de CD, Pro Source S.A. de C.V. y Cantarell Services. Así repartió 861 millones de pesos. El modelo se repitió una y otra vez hasta sumar 3 mil 576 millones de pesos”.

 

Animal Político afirma que los 39 convenios que se firmaron con las universidades fueron palomeados por altos funcionarios de Pemex-PEP que, lejos de ser sancionados, fueron premiados con un ascenso. Por ejemplo, José Luis Fong Aguilar, como subdirector de Producción Región Sur, firmó el convenio 425102832 con la Universidad Popular de la Chontalpa, lo que significó un desvío de 238 millones. En la actualidad continúa en la petrolera como subdirector, pero ahora del área de Producción Bloques Norte.

 

Dichas irregularidades fueron cuestionadas por Animal Político a Emilio Lozoya Austin, quie fue director de Pemex los primeros cuatro años de este sexenio, y respondió que “dichos contratos se asignaron a nivel de la regiones, y no desde el corporativo, de tal forma que nunca conocí ni los detalles ni participé en los procesos de adjudicación”.

 

“Si hubo posibles irregularidades, mi postura es que se investigue y en su caso deslinden responsabilidades. Esto siguiendo el debido proceso y analizando los temas técnicos que estos contratos hayan estipulado”.

 

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Otro caso de funcionarios premiados documentado en la publicación, es el de Juan Javier Hinojosa Puebla, quien como subdirector de Desarrollo de Campos firmó dos de estos convenios por un total de 207 millones. Hoy, es director de Pemex-PEP. “Cuando se le pidió a Hinojosa Puebla su versión de lo ocurrido se negó a responder”.

 

En su momento, la Auditoría Superior de la Federación reportó que estos convenios entre Pemex y las universidades públicas fueron ilegales, pues las instituciones educativas no realizaron los servicios y, violando la ley, subcontrataron a empresas, la mayoría con irregularidades.

 

“Por ejemplo, cinco de las compañías son fantasma, según el SAT; siete no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); seis recibieron millones de pesos a pesar de no contar con folio mercantil —el registro que toda empresa debe tener antes de operar legalmente—; cuatro no existían en la dirección reportada, y 11 fueron desmanteladas tras recibir el dinero de los contratos”, indica.

 

“Además, como parte del fraude millonario, Pemex-PEP entregó contratos por 932 millones de pesos a siete compañías que pertenecen, o que tienen entre sus integrantes, a 10 ex funcionarios de la misma filial petrolera. En algunos casos, incluso, los ex funcionarios violaron la ley de Servidores Públicos al no esperar un año fuera del gobierno para hacer negocios con Pemex-PEP”.

 

Pero para Pemex esto “es normal”, pues dijo que “esos profesionistas cuentan con capacidad y experiencia en el ramo para la efectiva prestación del servicio”.

 

Uno de los exfuncionarios que presuntamente violó la ley es Héctor Vera Argüelles, quien trabajó como supervisor en el área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP hasta que en octubre de 2010 abandonó la petrolera.

 

Siete meses después de dejar el cargo, Vera Argüelles se convirtió en representante legal de la empresa Maheca S.A. de C.V. y consiguió dos contratos por 127 millones de pesos para dar servicios a Pemex-PEP. En poco más dos años, esta empresa vinculada al ex funcionario sumó 502 millones de pesos en ocho contratos.

 

“El exfuncionario usó el mismo esquema: Pemex-PEP contrató a Maheca S.A. de C.V. a través de la Universidad Popular de la Chontalpa, para que diera asesorías petroleras. Esto, a pesar de que la empresa, según su acta constitutiva, se dedica a asesorías contables e informáticas”, detalla.

 

 

“Pero Maheca no fue el destinatario final de todo el dinero. Como no tenía el perfil ni la capacidad para cumplir con los servicios, entonces subcontrató a cinco empresas a las que transfirió 90 millones de pesos de los 342 millones que recibió de tres convenios con la Universidad de la Chontalpa”.

 

De esas empresas, agrega, Logistic Peninsular S.A. de C.V. ya fue denunciada por el SAT como empresa fantasma. Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax recibió dos contratos pese a no tener folio mercantil, según respondió en una solicitud de información la Secretaría de Economía. Mientras que Pen Comerce S.A. de C.V. y Global Baker Oil fueron liquidadas en el estado de Guerrero, lugar de su sede, una vez que recibieron contratos millonarios.

 

Animal Político constató que la empresa Maheca ni siquiera tenía socios de verdad: Francisco N., uno de los accionistas fundadores, de los dos que registró la empresa cuando fue constituida en 2010, es un conserje que labora limpiando el suelo de una escuela ubicada en una ranchería pobre de Tabasco.

 

“Francisco N. admitió en entrevista que se alquiló a un bufete de contadores para aparecer como dueño de Maheca. No dijo cuánto recibió por convertirse en prestanombres, aunque sí aseguró que no vio ni un peso de los millones que le empresa ganó mientras él fue accionista”.

 

“Si yo hubiera ganado algo de ese dinero no estaría trabajando en esta escuela”, dijo a Animal Político el conserje y prestanombres de Maheca.

 

Otro exfuncionario que se benefició de este esquema es Silvano Torres Xolio, quien de 1993 a 2003 fue superintendente en la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial de Pemex-PEP, y en junio pasado se postuló como candidato a presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el Partido Verde.

 

“Torres Xolio se asoció con Williams Morfín Silva, que tuvo el cargo de subgerente en la subdirección de Seguridad Industrial de Pemex-PEP, para fundar la empresa Cantarell S.A. de C.V. Las acciones de Cantarell se transfirieron en 2006 a Flor Estefanía Torres Gallardo, hija de Torres Xolio. Mientras que su hermana, Diana Beatriz Torres Gallardo, figura desde ese año como representante legal de la empresa Pro Source S.A. de C.V”, indica el reportaje.

 

“Estas empresas en 2013 ganaron 190 millones en dos contratos entregados por la Universidad de la Chontalpa para trabajar con Pemex. De ese monto, transfirieron 28 millones a una empresa catalogada como fantasma por el SAT y otra más que no existe en el domicilio registrado, tal y como corroboró este equipo de investigación. Apenas 76 millones se entregaron a tres empresas que sí hicieron los servicios y los 113 millones restantes simplemente se desvanecieron”

 

En los domicilios que registraron Pro Source y Cantarell en los contratos con la Universidad de la Chontalpa, Animal Político y MCCI confirmaron que las oficinas están desmanteladas. También se visitó el domicilio reportado por Silvano Torres Xolio, en Villahermosa, Tabasco, pero éste no respondió a la petición de entrevista.

 

Ante el Registro Público de Comercio, Cantarell aparece liquidada el 6 de julio de 2016. La empresa argumentó que se disolvió porque estaba “agobiada por los gastos operativos”.

 

Otro de los fraudes documentados se realizó a través de la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche (UNACAR), Pemex-PEP, la cual entregó en 2012 dos contratos por 86 millones a MC Tecnologies S.A. de C.V. Sin experiencia previa con Pemex, esta compañía recibió contratos millonarios dos años después de que su socio fundador, Benito Javier Criollo Herrada, dejara la petrolera tras 20 años de trabajar como gerente en el área de Perforación-división Norte.

 

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En el acta constitutiva de esta empresa también figura como comisaria Candy Guadalupe Pérez Pérez, quien no sólo es empresaria, sino también —y al mismo tiempo— funcionaria de Pemex-PEP en el área de supervisión de contratos.

 

 

MC Tecnologies fue contratada para dar servicios a la petrolera en junio de 2012. Sin embargo, el convenio que avaló esta contratación entre UNACAR y Pemex-PEP está firmado en junio de 2013. Es decir, a MC Tecnologies se le entregó el dinero un año antes de que la propia Pemex-PEP supiera que necesitaba esos servicios.

 

El ex funcionario Benito Javier Criollo no respondió a la solicitud de entrevista. Animal Político y MCCI buscó al rector de UNACAR, José Antonio Ruz Hernández, pero también declinó hacer comentarios.

 

“Con este esquema, Pemex se suma a la lista de instancias del gobierno federal que firmaron contratos por 7 mil 670 millones de pesos. En palabras del Auditor Superior de la Federación, el esquema es ‘un acto de corrupción'”, destaca.

 

“Y eso, sin contar que hasta el día de hoy, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios iguales con universidades públicas que violan la Ley de Adquisiciones y que involucran 31 mil 668 millones de pesos”.

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