Uniformes y útiles escolares gratuitos, un programa muy oscuro

 

                     UNIFORMES Y ÚTILES. ¿A quiénes se pagó?

UNIFORMES Y ÚTILES. ¿A quiénes se pagó?

Cuatro secretarías se negaron a entregar información financiera del programa más mediático de Malova

 

 

 

¿Cuánto se pagó, a quiénes y cómo?, fueron tres preguntas realizadas a cuatro dependencias del gobierno de Sinaloa, involucradas en el programa sexenal de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos implementado por Mario López Valdez y al que se le destinaron aproximadamente mil 680 millones de pesos.

Pero a pesar de estar obligados legalmente a transparentar el uso de los recursos públicos, después de cinco meses ninguna de las cuatro dependencias ha dado una respuesta clara y completa.

Y es que desde el 8 de agosto de 2016, Ríodoce comenzó un proceso para acceder a  información pública a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, el cual sigue inconcluso, a días de cerrar la administración de López Valdez.

Norma Sánchez Castillo, dirigente de la organización civil Iniciativa Sinaloa, criticó que la opacidad y la resistencia a la rendición de cuentas fue una distinción del gobierno de López Valdez, que se negó reiteradamente a obedecer las disposiciones legales que transparentan el uso de los recursos públicos, los procesos de obra pública y la contratación y adquisición de servicios, “abriendo puertas a que persista la corrupción en Sinaloa”.

 

El programa ícono, sepultado en la opacidad

Considerado por el propio López Valdez como uno de los programas más importantes de su gestión, el Programa de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos fue publicitado por sus bondades sociales, educativas y económicas que además de apoyar a las familias, impulsaba a sectores productivos como el de los textileros y comerciantes.

Pero la información exacta sobre su estructura financiera está escondida en los vericuetos de cuatro secretarías de gobierno que se negaron a entregar un informe detallado, deslindándose de facultades y pasando la responsabilidad de unas a otras.

A lo largo de seis años, el programa operó con un esquema de coordinación interinstitucional, en el que colaboraron cuatro secretarías y el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa, a cargo del perredista, Audomar Ahumada Quintero.

Cada dependencia tuvo diferentes responsabilidades en la operación del programa: la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a cargo de Aarón Rivas y en los últimos meses de Francisco Labastida Gómez de la Torre, se encargó de convocar y elegir a los proveedores; la Secretaría de Innovación Gubernamental, dirigida por Karim Pechir Espinoza de los Monteros, diseñó y operó un sistema electrónico para el control y repartición de los apoyos al ciudadano beneficiado, mientras que Administración y Finanzas (Sayf), con Armando Villarreal Ibarra y la Secretaría de Educación Pública (Sepyc), con Francisco Frías Castro y en el último año, Gomer Monárrez González, fueron responsables de la parte financiera y operativa.

Con la intención de conocer cómo se gastó el recurso público destinado a este programa, del cual hasta el momento no hay una cifra exacta, se recurrió en un primer paso al portal electrónico de la Sepyc, ya que de acuerdo con declaraciones ante la prensa, López Valdez presumió en diversas ocasiones que la documentación estaba disponible para el escrutinio público y era de fácil acceso, pero no fue así.

En su portal, la Sepyc sí dispone de un micrositio llamado “Programas institucionales”, en donde se desglosa el programa “Uniformes y Útiles”. Al ingresar a esta categoría se puede acceder a los subíndices del padrón de proveedores de uniformes y el catálogo de proveedores de útiles, también se encuentra el acuerdo para la creación de los programas, las reglas de operación y especificaciones técnicas para los proveedores.

Sin embargo, toda la documentación corresponde sólo al ciclo escolar 2013-2014. Incluso, en una de las ligas llamada “requisitos para proveedores” se envía a un portal de la Secretaría de Desarrollo Económico que está deshabilitado.

Ante esta deficiencia, el 8 de agosto se presentaron seis solicitudes de acceso a la información pública, una por cada año de gobierno, en las que se requería un informe detallado que diera respuesta a cuatro interrogantes: cuántos proveedores y a quiénes se contrataron, cuánto se pagó a cada uno de ellos, cuántos paquetes (uniformes y útiles) se elaboraron por cada proveedor y cuánto se adeuda por año.

La primera solicitud fue dirigida a la Secretaría de Innovación Gubernamental, al considerar que de acuerdo con las reglas de operación, esta dependencia se encargó de operar un sistema de monitoreo que concentró toda la información relacionada con el programa.

Cinco días hábiles después de haber presentado la solicitud, la dependencia a cargo de Espinoza de los Monteros dijo que la información no era competencia de la Secretaría y recomendó que las preguntas se dirigieran a la Sedeco, Administración y Finanzas, y SEPyC.

 

El laberinto de la rendición de cuentas

Con las mismas interrogantes, nuevamente se presentaron 12 solicitudes de acceso a la información, seis dirigidas a la SAyF y seis para la Sedeco, una por cada año del sexenio de López Valdez.

Diez días después, en el límite máximo del plazo legal para dar respuesta, la Sedeco sólo proporcionó el número de proveedores contratados de 2011 a 2016, sin embargo para el resto de las preguntas argumentó que no le competía dar respuesta y orientó que la solicitud se dirigiera a la SEPyC.

De la misma forma, la SAyF proporcionó sólo el total de los recursos destinados al programa de uniformes de 2011 a 2015 (el dato de 2016 fue parcial), un monto de mil seis millones 632 mil 253 pesos y 397 millones 867 mil 127 pesos para los útiles.

Además, en el caso del programa de útiles, la SAyF entregó un contrato de 2011 con la tienda del gobierno federal SuperIssste, a través del cual se adquirieron 446 mil 613 paquetes de útiles escolares con un valor de 109 millones 352 mil pesos.

Pero el resto de la información solicitada fue declarada como inexistente y la SAyF recomendó preguntarle a la SEPyC.

Ese mismo día, el 22 de septiembre, una solicitud idéntica fue enviada a la SEPyC y para el 3 de octubre, la secretaría enlistó el número de proveedores contratados por año y cuántos uniformes se distribuyeron anualmente, para el resto de las preguntas otra vez se argumentó incompetencia.

Y como si se tratara de un juego infantil de pasar la “papa caliente” de una mano a otra, la SEPyC recomendó que la solicitud se dirigiera a la SAyF.

“Esto que ocurrió fue una práctica constante en el gobierno de López Valdez. La transparencia de la información pública no fue uno de los fuertes de esta administración, nosotros advertimos a lo largo de los últimos años cómo las dependencias, sobre todo las que manejan recursos públicos o las que operan obra pública e incluso programas sociales, ponían obstáculos para el ejercicio de este derecho”, criticó Sánchez Castillo, especialista en transparencia y rendición de cuentas.

 

Entre prórrogas y plazos

El 4de octubre, dos meses después de haber iniciado el proceso de petición de información pública, se presentaron ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (Ceaip) 12 recursos de revisión, dos por cada año, acusando las respuestas negativas que habían dado las secretarías de Administración y Finanzas, y de Educación Pública y Cultura.

A través de un recurso de revisión, la persona que solicita información y que no está satisfecha con la respuesta puede recurrir a la intervención de este organismo para que analice el procedimiento y emita una postura.

Finalmente, el 5 de diciembre en sesión de consejeros, la CEAIP consideró que la respuesta que dio la SAyF no respetó el derecho al acceso a la información tutelado en el artículo 6 de la Constitución, así como los artículos 4, 6 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa.

El órgano garante ordenó a esta secretaría realizar una búsqueda “exhaustiva, diligente y razonable de la información” para dar respuesta a los cuestionamientos sobre “cuánto se pagó a cada uno de los proveedores y cuánto se adeuda”.

En el mismo sentido, la CEAIP una revisión de las reglas de operación del programa y encontró que la SEPyC sí es la dependencia competente para responder a la pregunta de cuánto se pagó a cada uno de los proveedores por lo que le ordenó modificar su respuesta y detallar la información.

Ambos recursos concluyeron en la última semana laboral previó a las vacaciones decembrinas y a pocos días de que termine este sexenio.

Además, en el caso de la orden que se le dio a la Secretaría de Administración y Finanzas, ésta pidió un plazo de cinco días hábiles adicionales para cumplir.

De cumplir con la orden que emitió la CEAIP, las dependencias tendrían de plazo para responder hasta el 11 de enero de 2017, cuando ya habrá iniciado el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

“Esto es un claro reflejo de cómo el gobierno de Sinaloa dilata y obstaculiza el acceso a la información pública, es lamentable que el gobierno de Sinaloa ejerció este tipo de acciones que no hacen más que inhibir un derecho fundamental y en un proyecto tan importante como son los útiles y uniformes escolares esto es doblemente grave porque se trata de un proyecto social que debería ser 100 por ciento transparente de su principio a fin”, criticó Sánchez Castillo.

A estas alturas, agregó, “lo que esperamos las ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil es que esto mejore en la siguiente administración, que mejore sus procedimientos de acceso usando las tecnologías que desaprovechó el gobierno de Mario López Valdez, un gobierno en el que la información nunca fluyó”.

 

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