Estadística dispersa y desarticulada de desaparecidos: Observatorio Nacional Ciudadano

 

 

 

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Identificar la magnitud del problema de las desapariciones en el país es una tarea compleja para el que en México no se han sentado siquiera las bases para atenderlo.

El Informe Desapariciones Forzadas ¿Delito o circunstancia? del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) señala que no existen registros estadísticos sólidos, confiables y oportunos, lo que significa que ni siquiera se cuenta con el cimiento básico para generar una política pública sobre el tema.

Si no se establece la magnitud del problema, indica, será muy difícil determinar la cantidad de recursos necesarios para mejorar la investigación de casos, la atención a víctimas o las capacidades institucionales forenses.

Ante la incapacidad o ineficiencia de algunas autoridades, las organizaciones civiles especializadas en el tema han adoptado un papel que sustituye crecientemente al del gobierno.

Medir la efectividad de las sanciones, indica, es complicada si no se conoce con exactitud la magnitud del problema.

En impartición de justicia, menciona, solo existe los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geogrfía (INEGI) que permiten tener una noción básica del funcionamiento del sistema de justicia.

En el caso de Sinaloa, señala que en 2015 se iniciaron tres carpetas de investigación por desapariciones forzadas que involucran a siete víctimas y seis presuntos responsables.

Hasta la fecha en dos no han concluido la integración de la averiguación previa y los culpables no han sido llevados ante un Juez.

Por ese delito hay tres personas detenidas y son agentes de la Policía Municipal de Ahome acusados de desaparecer a un joven en 2013.

El documento señala que en todo el país, entre 2014 y 2015 hubo al menos 872 víctimas y 527 inculpados en 14 estados.

Las Procuradurías Estatales, detalla, no cuenta con registros, por lo que tienen muy poca información sobre los desaparecidos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa tiene una de las bases de datos con la mayor cantidad de información disponible sobre los desaparecidos, en la cual se especifica el número de expediente de cada caso, media filiación, circunstancias o lugar de la desaparición, datos relativos a la vestimenta, así como datos recabados por auto reporte de quienes acudieron a denunciar.

Además existe la posibilidad de consultar independientemente de esta base, un registro exclusivo de mujeres y niñas desaparecidas y/o no localizadas y una Base de Datos de Occisos No identificados y/o sin reclamar atendidos por el Servicio Médico Forense del Estado, en la cual se especifica el sexo, nombre y apellidos de la persona (en caso de que estos últimos se conozcan); el municipio, año y mes de localización; el número de averiguación previa y la respectiva fotografía de sus restos.

El ONC establece que tras 10 años de altos índices delictivos y violaciones a derechos humanos, aún no se ha logrado construir un registro confiable de desaparecidos que permita identificar las causas del problema, analizar sus tendencias y definir líneas de acción claras, coherentes y evaluables.

Un elemento a destacar es la participación creciente de asociaciones y colectivos especializadas en la materia que han emprendido acciones de registro y búsqueda con sus propios medios, menciona.

Esas actividades debieran ser desempeñadas a cabo por las autoridades, pero por distintas razones como falta de personal capacitado, carga de trabajo o por mera negligencia no han desempeñado estas funciones.

La consolidación de estos esfuerzos representa una situación muy grave de sustitución institucional que refleja la ineficiencia gubernamental en múltiples áreas de política incluyendo la creación y mantenimiento de registros.

A partir del análisis de los distintos instrumentos y mecanismos tanto nacionales como estatales de registro de personas desaparecidas en México, es evidente que la información en cuestión no es transparente, está dispersa y desarticulada.

El estatus de los datos de las desapariciones forzadas e involuntarias en el  país es preocupante debido a que da cuenta que por parte de las instituciones gubernamentales no se están generando ni garantizando los elementos mínimos que puedan conducir a la localización de una persona desaparecida y mucho menos a su sanción.

El registro del fenómeno de las desapariciones no debe ser visto simplemente como un tema de números y estadísticas.

La meta de esta área de política no debería ser el de conseguir el número exacto de desapariciones. Adquirir una noción relativamente acertada de la dimensión del problema es importante, pero no es la meta última.

“Más que cifras, debemos recordar que detrás de estas se encuentran personas, por lo que minimizar la gravedad del problema mediante argucias o enredos estadísticos constituye un discurso político ofensivo y carente de responsabilidad. La mejora del registro estadístico de las desapariciones es de una importancia toral aunque por el momento solo se considere como un tema o asunto secundario”, considera el ONC.

Con el análisis de los distintos instrumentos y mecanismos tanto nacionales como estatales de registro de personas desaparecidas en México, concluye, es evidente que la información en cuestión no es transparente, está dispersa y desarticulada.

“Desde la administración federal pasada las iniciativas para generar registros han sido consecuencia de sentencias y casos coyunturales, lo cual ha dado como resultado instrumentos que no cuentan con la información que se requiere en esta materia. Esto significa que no han derivado en una política integral basada en evidencias”, menciona.

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