Un mito, el cártel oficial
La afirmación de que hay una organización del narcotráfico oficial, protegida por el Estado mexicano, es un mito, afirmó Luis Astorga Almanza, quien agregó que ahora son sectores de los gobiernos federal, estatal y municipal, o parte de sus fuerzas policiales o militares, las que mantienen lazos de complicidad y corrupción con grupos criminales en cada una de las regiones del país.
El doctor en sociología, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinador de la Cátedra de la Unesco sobre drogas —además de culichi—, recién presentó su libro ¿Qué querían que hiciera?, editado por Grijalbo. El título del libro es una frase del expresidente Felipe Calderón, de 2012, en el Estado de México: ¿Qué querían que hiciera?… ¿Que les ofreciera un cafecito (a los narcos)?”, cuestionado sobre la forma en que había luchado contra organizaciones criminales.
—¿Este libro tuyo desnuda desde una perspectiva integral el gobierno de Felipe Calderón y su llamada guerra contra el narco?
—Es una reflexión y un análisis sobre el sexenio de Calderón, apoyándome también en los trabajos anteriores que he realizado, porque esto es un capítulo más, que es de larga duración, que tiene qué ver con el inicio de las prohibiciones. Y en el caso mexicano, este capítulo que analizo contiene básicamente dos aspectos, o uno: la interrelación entre el campo de la política y el del tráfico de drogas, y las transformaciones en cada uno de ellos y las transformaciones de la relación entre ellos.
—Ni somos un país con un gobierno autoritario, como lo tuvimos en los setenta, ni somos un país con un gobierno democrático, y en este escenario se movió el narco.
—Así es. Digamos que en las siete décadas de predominio político de un solo partido, fue la de un Estado autoritario, en donde las herramientas con las que contaba un presidente y la concentración del poder en ese régimen no es para nada comparable con las atribuciones legales, las capacidades, las herramientas políticas que han tenido los presidentes en la época de la alternancia en el poder ejecutivo federal, que no han sido del partido que fue hegemónico en esas décadas.
“Yo analizo esos aspectos para tratar de entender mejor por qué ciertas cosas se dieron de esa manera y no de otra. Un presidente en la alternancia no tiene las mismas herramientas para controlar a la misma gente de su propio partido ni para tener un control más amplio puesto, que no cuenta con la mayoría en el Congreso de la Unión, los congresos locales, gubernaturas y alcaldías, y eso se tendió a olvidar en el sexenio pasado, y son posiciones de poder que pueden ayudar. Pero en la práctica provocaron cortos circuito, por los diferentes intereses de los partidos políticos, una visión de muy corto plazo, de esperar que al contrincante le fuera mal y que a ellos les fuera bien, cuando en asuntos de seguridad y procuración de justicia, básicos para la gobernabilidad, no se debe jugar.
“De otra manera pues, estamos ante escenarios como los que vivimos en el sexenio pasado, que siguen en éste”.
—Además, la alternancia por sí sola no tuvo un impacto positivo porque no tenemos un Estado fuerte, pero no es el mismo PRI ni la misma sociedad ni el mismo crimen organizado.
—Así es, nada es estático en la sociedad. Ha habido transformaciones muy fuertes, tanto en la política como en la delincuencia organizado, ha habido una reconfiguración de ambos campos, una redistribución de las posiciones de poder y en el campo delincuencial hay una lucha por la hegemonía.
“Hay grupos que quieren predominar y establecer las reglas del juego e igual en el campo de la política: hay una lucha muy fuerte, y lo que no ha habido es una arreglo, un pacto, para que conjuntamente con la sociedad civil se diseñe una política de seguridad de Estado, porque se tiende a partidizar el asunto de la seguridad y eso en un país como el nuestro, que no somos una democracia consolidada y con organizaciones delincuenciales sumamente poderosas, crea el escenario favorable para que se den todo tipo de violencias, como las que hemos experimentado.
“El Estado no puede verse como un bloque, era más fácil verlo así cuando era un solo partido de Estado, pero en la época de la alternancia hay una fragmentación de la capacidad del Estado y tiene que ver con los diferentes grupos que tienen poder en las gubernaturas, legislaturas locales, etcétera, y muchas veces no están dispuestos a colaborar ni a ponerse de acuerdo.
“No es que la alternancia política per sé lo arregle todos. Tiene que haber acuerdos fuertes, sólidos y claros para que esto se dé. En las democracias avanzadas puedes ver a gobernantes de derecha o de izquierda, y en términos de seguridad no hay pleitos”.
Para Astorga, autor de El siglo de las drogas, en un inicio el campo del tráfico de drogas estaba subordinado al poder político. En esa coyuntura, quienes se dedicaban al tráfico de drogas tenían que someterse a las reglas impuestas, porque lo contrario era la cárcel o la muerte.
“Las alternativas en relación con la delincuencia organizada es que no hacen nada, se voltean para otro lado o establecen cierto tipo de acuerdos. Ciertos sectores de la clase política en posiciones de poder, y ciertos sectores de la clase empresarial y de la sociedad civil que son base social, establecen algunos acuerdos de beneficio mutuo. Pero es cosa de ver hacia qué lado está la autoridad, quién impone las reglas, si las organizaciones criminales o alguno de estos sectores.
“Además, no hay una política de seguridad de Estado y para eso se necesitan pactos muy fuertes, sólidos, compromisos muy claros. En el sexenio pasado hubo un intento, en 2008 con los acuerdos nacionales de seguridad y justicia, suscrito por todas las fuerzas políticas, organismos de la sociedad civil, iglesias, medios de comunicación, en que se comprometieron a cumplir 74 objetivos y el resultado de eso todavía lo estamos esperando, porque la mayor parte de los que firmaron esos compromisos no los cumplieron”.
Dijo que algunas de esas organizaciones criminales “han adquirido un perfil mucho más peligroso, de tipo mafioso paramilitar, por la ampliación de la renta criminal de aquellos que solo se dedicaban al tráfico de drogas y que ahora tienen secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y otros delitos, y que empiezan a competir con atribuciones que antes eran solo del Estado mexicano, como el monopolio de la violencia, el control territorial, extracción de impuestos y la injerencia política”.
Advirtió que México debe aprender de experiencias ajenas, como las de Italia y Colombia, en la lucha contra el narcotráfico. Autoridades, actores políticos y empresariales, entendieron que el problema no es quien esté a la cabeza del Estado, sino que se necesitan pactos político-sociales, y un reforzamiento y autonomía de los poderes, sobre todo del judicial, para someter a juicio a los típicos delincuentes, pero también a políticos y empresarios.
“En el caso de nuestro país, si hubiera este pacto habría capacidad institucional para recabar información, manejo de inteligencia, coordinación muy fuerte, entre la comunidad de inteligencia, para definir cuáles son los principales riesgos y amenazas”.
—¿Ubicas a la organización criminal Sinaloa como la “oficial”, la preferida y protegida por el gobierno de Peña Nieto?
—Hay sectores del gobierno federal y de los gobiernos locales que tienen capacidad de protección a una u otra organización delictiva, pero pensar que el Estado mexicano, así, en abstracto… asegurarlo es tener un impacto mediático sin fundamento real. No hay una sola organización criminal que no tenga algún tipo de apoyo de sectores policiales, militares, del gobierno federal o estatal, pero no como instituciones en bloque. Eso se puede ver más claramente en las policías municipales, que son más débiles y fáciles de cooptar.
“Estamos hablando de un Estado fragmentado políticamente, sin unidad de mandos, de criterios, y el presidente no tiene capacidad de movilizar a sus componentes políticos y proteger a una organización sobre otra. Esa es pura ficción. Pero sí hay sectores de algunas instancias que sí tienen relación de protección con estas organizaciones, tanto políticas como empresariales y policiales. Se ha reconfigurado este mapa y se ha vuelto más difícil para quien llega a la presidencia imponer su voluntad en el ámbito político y mucho menos en el campo militar”.
