Si el Procurador tiene pruebas de tráfico de influencias en el Poder Judicial debería presentarlas: Imelda Castro
“El Congreso no puede quedarse callado”, exigió la legisladora perredista, Imelda Castro Castro, al exponer la necesidad de intervenir en las acusaciones mediáticas del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial.
Luego de la declaración que hizo el Procurador de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, sobre el posible tráfico de influencias en el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, la coordinadora de la fracción perredista presentó una solicitud ante la Diputación Permanente para que se le requiera al Poder Ejecutivo a concretar legalmente su acusación.
Es decir, que los dichos de Higuera Gómez no se queden sólo en una declaración mediática, sino que se sustente la acusación con evidencias y se encause una denuncia formal.
“Si el Procurador tiene pruebas de sus señalamientos de tráfico de influencias en el Poder Judicial debería, más que litigar en los medios, presentarlas al Consejo de la Judicatura y actuar en la formalidad”, enfatizó Castro Castro.
En su intervención, la legisladora requirió a la Diputación Permanente para que se mandate a las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad Pública a fijar un posicionamiento que contribuya a encausar por la vía formal los dichos de Higuera Gómez.
“El Congreso no puede hacer mutis de un tema tan importante como lo es la Procuración de Justicia. El Congreso es el único poder que tiene las posibilidades de intervenir a través de la legislación, de los exhortos, de los puntos de acuerdo, para atender este tipo de cosas”, enfatizó la legisladora.
Y es que al darse a conocer la sentencia absolutoria del presunto homicida de Sandra Luz Hernández, la mujer que fue asesinada mientras buscaba a su hijo desaparecido, el fiscal justificó la “derrota” de la procuraduría al acusar un presunto tráfico de influencias al interior del Supremo Tribunal de Justicia.
El abogado defensor del presunto homicida sería cuñado de un magistrado del Poder Judicial, según lo expuesto por el procurador en una rueda de prensa.
“Es lamentable lo que pasa, el nivel que han adquirido estos asuntos, porque prácticamente están litigando en los medios asuntos muy delicados que involucran los derechos humanos de las víctimas”, criticó Castro Castro.
Sin embargo, entrevistado minutos antes de la exposición de Castro Castro, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Enrique Hernández Chávez, ya había descartado la facultad del legislativo para intervenir en el conflicto entre los dos poderes.
Al cuestionarle si el Poder Legislativo podría requerir que se investigue la acusación expuesta por Higuera Gómez, el diputado rechazó que el tema esté en manos el Congreso y apostó a que sea resuelto en las instancias correspondientes.
“No tenemos porque intervenir en este asunto que entiendo habrá que encausarse en los mejores términos y en los caminos de la ley”, dijo Hernández Chávez.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia y secretario de la Comisión de Derechos Humanos, César Fredy Montoya Sánchez, dijo que la petición de Castro Castro será analizada pero adelantó que podría estar fuera de los alcances del Poder Legislativo.
“Yo soy muy respetuoso de las instituciones, no acostumbro a denostarlas así a bote pronto, pero ya lo analizaremos. Son declaraciones muy desafortunadas (tráfico de influencias) que habría que verlas con mucho detenimiento, el Congreso se ha conducido con mucho respeto, con mucha responsabilidad, donde haya que hacer señalamientos se harán”, dijo.
Sin embargo, Castro Castro defendió su argumento al explicar que las acusaciones entre un poder y otro derivan en afectaciones a las víctimas y en la correcta aplicación del Estado de Derecho.
“El Congreso puede exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial para que se conduzcan por la vía de la ley, se requiere realizar una investigación para que estas cosas no se sigan dando, hay acusaciones de un poder a otro y es muy delicado, si estas acusaciones se están haciendo en los medios de comunicación significa que ya tenían antecedentes de otros casos y hay una interesada impartición de justicia que está afectando a las victimas del estado”, enfatizó.
En días pasados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación derivada de la misma acusación emitida ante medios de comunicación por el Procurador de Justicia de Sinaloa.
