En Sinaloa, acusación pendiente contra el JT por homicidio doloso

 javier torres
De Estados Unidos a México, y luego a Culiacán
 
Con 12 años de prisión en cárceles de Estados Unidos y México, al narcotraficante Javier Torres Félix todavía le falta un proceso penal que enfrentar en Sinaloa por delitos del fuero común cometidos hace más de 10 años.
El lugarteniente del Cártel de Sinaloa tiene una orden de aprehensión vigente en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad.
De acuerdo con personal del Juzgado, el mandamiento judicial es por el delito de homicidio doloso y fue librado el 5 de julio de 2006 dentro de la causa penal 206/2006, cuatro meses antes de que lo extraditaran a Estados Unidos.
La orden de captura está vigente y pendiente de ejecutar, por lo que Torres Félix tramitó un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito de Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con el que busca anularla.
El Juez de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo e inició el juicio de garantías en el que concedió la suspensión provisional, por lo que de momento no puede ser ejecutada.
Actualmente el narcotraficante se encuentra recluido en el penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Desde 2013 en el Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de México enfrenta un juicio por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Personal del Juzgado Séptimo señaló que Torres Félix podría ser trasladado al penal de Culiacán para que enfrente el proceso penal por homicidio doloso, solo si es absuelto del delito de delincuencia organizada.
Si es condenado por delincuencia organizada tendrá que seguir recluido en el penal de máxima seguridad, mientras el juez local lo juzga.
Torres Félix busca la protección de la justicia federal del Juez Séptimo como autoridad responsable de ordenar su arresto, y de la Policía Ministerial del Estado como autoridad encargada de ejecutar el mandamiento judicial.
“De la autoridad señalada como ordenadora: Le reclamo la orden de aprehensión librada en mi contra, De la autoridad señalada como ejecutora: Le reclamo la ejecución que pretende darle a esa orden judicial de captura”, indica la demanda de amparo.
En su defensa alega que la orden de captura fue emitida en su contra sin medios probatorios suficientes que tengan acreditada su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso.
Torres Félix busca anular la orden de aprehensión desde febrero de este año cuando inició el trámite de la demanda de amparo en un Juzgado de Distrito en Culiacán, pero el Juez declinó su competencia.
La solicitud fue enviada al Juzgado de Toluca, debido a que la orden de aprehensión será ejecutada allá.
El Juez solicitó al Juzgado Séptimo los informes en lo que confirmó que existe la orden de aprehensión y fijó la próxima audiencia para el 6 de julio.
En 2013 solicitó un amparo contra esa orden de aprehensión, argumentando que el Ministerio Público del Fuero Común no le dio oportunidad de defenderse durante la integración de la averiguación previa, pero el Juez de distrito negó ampararlo.
Torres Félix tiene 12 años en prisión, de los cuales siete fueron en Estados Unidos.
En Estados Unidos la Corte Federal de California lo juzgó y sentenció por los delitos contra la salud y estuvo preso en las cárceles de Beckley, en Virginia; y en Yazoo City, en el estado de Mississippi.
Tras cumplir la condena, el gobierno estadunidense lo deportó a México en abril de 2013.
Torres Félix fue capturado por elementos del Ejército el 27 de enero de 2004, en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, días después de que en un enfrenamiento con militares murió el Cabo de Infantería Julio César Samayo Sarabia.
La Procuraduría General de la República lo acusa de formar parte del Cártel de Sinaloa desde 1999 hasta 2004, cuando fue capturado.
Torres Félix, señala la acusación, estuvo bajo las órdenes de Ismael Mayo Zambada, encargándose de su seguridad y tenía bajo su mando aproximadamente a 20 personas.
Además era el encargado de supervisar las adquisiciones y envíos de drogas a los Estados Unidos.
Por sus funciones, asegura la PGR, recibía entre 20 y 100 mil dólares al mes o cada dos meses.
 
Pelea por su libertad y su televisión
 
Desde que fue deportado a México, Javier Torres logró que los jueces le otorgaran dos amparos, uno contra el auto de formal prisión y otro para que le regresaran su televisión, los audífonos, un eliminador de corriente y un reloj a su celda en el penal Altiplano.
El primer amparo fue concedido en 2015, en el que el Juez de distrito ordenó anular la declaración rendida ante el agente del Ministerio Público, después de haber sido deportado a México.
El Juez de amparo señaló que cuando Torres Félix fue ingresado al país debió ser llevado a declarar y luego puesto en libertad debido a que solo tenía una orden de presentación y no de aprehensión.
Después de su declaración, el Ministerio Público federal lo mantuvo retenido por 48 horas y dictó una orden de detención con urgencia.
El Juez que lleva el proceso penal desechó la declaración y de nueva cuenta dictó auto de formal prisión.
Después el JT promovió otro amparo contra la dirección del Altiplano, debido a que en septiembre del año pasado ordenaron retirar a los presos las televisiones, audífonos, eliminadores de corriente y relojes.
El retiro de los objetos causó inconformidad entre los reos y un grupo de 99 presos, entre ellos el JT, solicitaron un amparo en un juzgado de distrito.
El Juez de Amparo ordenó a la administración del reclusorio devolver los objetos en abril pasado, excepto los relojes, debido a que están prohibidos en el reglamento del penal y ese mismo mes cumplieron con la sentencia.

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