El gobernador la propuso y los diputados la aprobaron… apurados, sin leer
Los diputados ya no tienen para dónde hacerse. Y ahora, días después, apabullados por tanta crítica hacia ellos y hacia el gobernador Mario López Valdez, lo reconocen: el mandatario estatal les metió un gol con la iniciativa de reformas al artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la llamada “ley mordaza”, que ellos no revisaron a conciencia y algunos otros, muchos, ni leyeron.
Se les pasó, no la leyeron o no le dieron importancia, o se preocuparon por votar a favor pues se trataba de una iniciativa enviada por el gobernador, con quien días antes había estado en un gran festín —de mariscos y pescado—, en Altata, Navolato. El caso es que la reforma a este ordenamiento llegó y se votó rápido y por unanimidad. Es decir, sin una sola oposición ni discusión.
“No nos dimos cuenta. Nadie”, expresó uno de los diputados. La frase se repitió en boca de diferentes diputados, entre ellos Marco Irízar y Sandra Luz Lara Salazar, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, quienes ese lunes previo a la aprobación de la reforma atendieron la iniciativa y elaboraron el dictamen.
“Nos equivocamos” habría dicho Irízar, oriundo de Mocorito. Cuestionada por otros legisladores cercanos, de su partido y de otros, Lara reconoció que el gol de Malova se le pasó, igual que a muchos en el Congreso del Estado: “Esa pendejada no la vi. Se me pasó”, manifestó apenada.
Otros, como Imelda Castro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvieron ante reporteros que habían actuado con premura, en medio de las aprobaciones para adecuar las normas locales a las federales. Lo cierto es que en medio de ese trajinar legislativo —de aprobar alrededor de 11 modificaciones legales— y las prisas por irse de vacaciones, los diputados tenían como único pendiente las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y justo ahí, en uno de los dos últimos días de sesiones del pleno, la regaron.
Los primeros atisbos
El jueves, luego de la última sesión del pleno y de la trifulca protagonizada por el diputado Roque Chávez con los reporteros —a quienes dejó con la palabra en la boca—, Gabriel Mercado y Juan Manuel Partida Valdez, dirigentes de las asociaciones de periodistas 7 de Junio y de Sinaloa, hicieron los primeros reclamos a los legisladores, pero específicamente a Jesús Enrique Hernández Chávez, líder de la mayoría priista, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
De acuerdo con versiones extraoficiales, algunos legisladores, entre ellos Imelda Castro, coordinadora de los diputados perredistas, le dijeron de cerca a Hernández Chávez que tenían que derogar.
El Chuquiqui, como llaman al coordinador de la fracción parlamentaria del tricolor, solo escuchó. Para entonces, las críticas ya arreciaban en los medios y habían trascendido más allá del espacio nacional.
Las resistencias
Fue Francisco Solano Urías, líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el principal opositor a la derogación. Castro no solo insistió ante Chuquiqui, sino que se los dijo a otros diputados: tenían que corregir, pues se habían equivocado.
“Él insistió en que reprobaba la actitud de los periodistas, su ejercicio, la cobertura periodística de hechos policiacos. Y fueron algunos asesores de la junta quienes señalaron que ese no era problema de los reporteros, sino de los dueños de los medios, quienes dictaban las políticas editoriales y siempre quieren hacer negocio”, señaló una fuente del interior del legislativo.
Pero las descalificaciones de Solano en contra de los reporteros y los medios de comunicación continuaron. Al final, luego de dos o tres reuniones, aceptó firmar la derogación más por disciplina y “solidaridad” con los legisladores que integran la junta —cuya mayoría ya estaba a favor de recular—, que por convencimiento.
De la charra al futbol
Mientras la legisladora Silvia Miriam Chávez, del Partido Nueva Alianza (PANAL), manifestó ante reporteros que los diputados habían actuado como burros, pues habían votado a favor de la reforma al artículo 51 bis sin leer el dictamen, la panista Yudith del Rincón señaló que ella sí había revisado el texto y sabía lo que había aprobado, pues estaba a favor de regular la cobertura periodística en los hechos policiacos para quitarle terreno al amarillismo.
“Y lo sostengo”, dijo ante un reportero de Noroeste. Otros, en corto y en voz baja, tuvieron que reconocer, casi con la cabeza gacha, que entre tantos apuros y ganas de irse de vacaciones, el gobernador Mario López Valdez, que había firmado la iniciativa de la llamada “ley mordaza”, les había metido un gol a los diputados y fueron éstos quienes se vieron mal ante los medios y la sociedad.
“Fue un gol. En ese descuido, nos metió un gol el gobernador”.
Qué dice el 51 bis, llamado “ley mordaza”
“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la Unidad de Acceso a la Información Pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, reza el artículo.
Además, indica que en ningún caso se autorizará el ingreso de los periodistas a los lugares de los hechos, “la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”.
También señala que ningún funcionario de la PGJE podrá dar información respecto a hechos delictivos sin autorización del procurador.
“Solo la víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma”.
