“Regalaron” terrenos y fingieron obras, pero no se construyeron viviendas

Miriam Ramírez

Once días antes de dejar el cargo, Jaime Romero Barrera, director del Instituto de Vivienda de Sinaloa (INVIES) durante el sexenio de Mario López Valdez, vendió dos terrenos de una hectárea al 20 por ciento de su valor real.

La transacción con un particular, Javier Rodríguez, se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2016 y los terrenos ubicados en Mazatlán, que en realidad tienen un valor de 30 millones 102 mil 032 pesos, fueron vendidos en cinco millones 694 mil 202 pesos, según detectó la Auditoría Superior del Estado y la nueva dirigencia del INVIES.

Pero eso no fue todo.  En el último año de la administración, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó pagos de hasta 45 millones 630 mil pesos por trabajos inexistentes en los predios de Aguaruto en Culiacán y La Raqueta en Mazatlán.

A la par, la generación de vivienda de bajo costo para personas de escasos recursos durante el sexenio que concluyó, no logró cumplir ni siquiera con la mitad de su meta trazada.

El terreno “regalado”

Conformado por 26 hectáreas de extensión, el predio Ejido El Venadillo en Mazatlán, fue adquirido en 2013, a mediados de la administración de López Valdez.

Romero Barrera, el priista mazatleco ex director del INVIES, autorizó en aquel entonces la compra del terreno por  un precio de 55 millones 203 mil 641 pesos, convirtiéndose en el  tercer predio de mayor costo entre las reservas territoriales con las que cuenta el INVIES, pero no el más extenso.

A lo largo de los siguientes tres años, en el predio El Venadillo se mantuvo como propiedad del gobierno pero  unos días antes de cerrar la administración, una hectárea del predio fue vendida, dividida en dos partes.

Pero al llegar la nueva administración, la venta presurosa llamó la atención y el 24 de abril del 2017 se elaboró un avalúo del terreno en cuestión, arrojando que el precio pagado fue por el valor catastral mínimo y no el valor comercial.

Según la investigación de la ASE y el INVIES, siete mil 780 metros cuadrados fueron adquiridos por el comprador Javier Rodríguez en tres millones 776 mil 900 pesos, un costo por metro cuadrado de 485 pesos, mientras que el avalúo arrojó que el metro cuadrado en realidad tenía un valor de 2 mil 500 pesos.

El otro terreno de cuatro mil 260 metros cuadrados se vendió en un millón 917 mil 302 pesos, es decir 450 pesos por metro cuadrado. Para este terrero, el avalúo señaló que el costo real también es de 2 mil 500 pesos el metro cuadrado.

La diferencia entre el precio de la venta y el costo real de los terrenos es de 24 millones 407 mil 829 pesos.

De acuerdo con la investigación de la ASE, las 26 hectáreas adquiridas en 2013 fueron compradas a María Lorena Peña Rodríguez, en un acto notariado por el notario Miguel Ángel García Granados  y a José Socorro Cano Acosta.

Obras y empresas inexistentes

También en 2016, el Instituto de Vivienda de Sinaloa pagó más de 45 millones de pesos por obras de las que no hay evidencia de haberse llevado a cabo en predios de Culiacán y Mazatlán.

En Culiacán, en el mismo lugar donde se prometió edificar un fraccionamiento para policías estatales, se pagaron 22 millones 341 mil 995 pesos a nueve constructoras que supuestamente realizaron trabajos de limpieza y nivelación de terreno con acarreo de material.

El predio conocido como Aguaruto, famoso por la polémica que protagonizó el año pasado el ex alcalde Sergio Torres al clausurar la construcción del  fraccionamiento para policías estatales, se observa en las mismas condiciones que hace más de año y medio.

En un recorrido por el lugar se pudieron observar las cuatro casas modelo que edificó en 2015 la constructora Diksa, algunos montones de tierra y arbustos.

Según la ASE, el INVIES no cuenta con un expediente técnico que avale la realización de los trabajos o una bitácora que justifique las obras. Además, señaló que al momento de asignar las obras no se llevó a cabo un concurso para invitar a por lo menos tres interesados.

Entre las empresas observadas por los trabajos en el predio de Aguaruto se encuentran Castle Proyecto y Construcción, Compompa, Constructora Civil, Constructora Civil MRTDTO, Constructora Civil WYA, Edificaciones y Camiones Beltza, Jesús Antonio Peñuelas Higuera, Visitas Creativas y Proyecto Inmobiliario Construtak.

Como parte de su investigación, la ASE acudió a los domicilios fiscales de algunas de estas constructoras y encontró que las empresas al parecer son inexistentes.

Se trata de Compompa SA de CV y Construcciones Elota SA de CV, las cuales además comparten el mismo domicilio fiscal, pero en el lugar la ASE no encontró evidencia de su existencia.

La ASE tampoco pudo localizar físicamente a Constructora Civil WYA, Proyecto Inmobiliario Construtak y a Constructora Civil MRTDTO, de esta última también se detectó que la empresa fue creada apenas en diciembre de 2014 y en marzo de 2017 ya había sido liquidada.

En una revisión que Ríodoce realizó en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Sinaloa, se encontró que Construcciones Elota SA de CV fue creada el 27 de enero de 2015 por los accionistas Jesús Oscar Tolosa Arellano y su hijo Marcelo Iván Tolosa Aragón.

Apenas un año después de su creación, Construcciones Elota SA de CV recibió siete pagos por 8 millones 649 mil 327 pesos, los cuales según la ASE no cuentan con expediente técnico o bitácora que soporte y justifique los trabajos realizados.

En el Registro Público también se pudo observar el acta constitutiva de Constructora Civil MRTDTO, la cual fue creada el 20 de enero de 2016, por los accionistas Vicente Castro Cháidez y Mauricio Reyes Vázquez.

Unos cuantos meses después, esta empresa ya tenía contratos de obra con el INVIES en los predios de Mazatlán y Culiacán. Pero al llegar el 2017, el 19 de enero de 2017, los accionistas acordaron disolver la sociedad.

En Mazatlán la situación fue similar. En el predio La Raqueta, también conocido como Los Acantos se pagaron 23 millones 288 mil 037 pesos por trabajos de desmonte, nivelación a máquina, relleno, compactación, limpieza y acarreos, pero tampoco por estas obras se encontraron evidencias.

Los 23 millones de pesos fueron contratados con 13 empresas constructoras, entre las que también se encuentran Constructora Civil WYA, Proyecto Inmobiliario Construtak y a Constructora Civil MRTDTO, a las que la ASE no logró localizar en sus domicilios fiscales.

Por las obras que se llevaron a cabo en el lugar tampoco se encontraron facturas, contratos de servicios o bitácoras de control en las que se deja evidencia de los trabajos.

En el predio La Raqueta en Mazatlán se prometió a lo largo del sexenio la construcción de un fraccionamiento para familias de escasos recursos el cual nunca se concretó.