Echeverría, con un pie en la cárcel

 

Llega sonriendo. De oreja a oreja, la expresión en su rostro no cambia. Ernesto Echeverría Aispuro camina con la mano derecha en el bolsillo de su pantalón. La saca, saluda. Son alrededor de las 17:40 horas del jueves 30 de noviembre. Es su primera aparición ante medios de comunicación desde que dejó su cargo como Secretario de Salud.

Un día después, el gesto cambiaría. Echeverría Aispuro iría del júbilo a la preocupación. Vinculado a proceso por el juez de control la noche del viernes 1 de diciembre, tendrá que pagar al igual que Jaime Otáñez García  1 millón de pesos como garantía para enfrentar el proceso.

El saludo lo brinda en la puerta de la Sede Regional de Justicia Penal y justo antes de entrar, donde reporteros lo esperan. Echeverría saluda uno a uno a los presentes y luego explica desconocer el motivo de su presencia.

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Sin tutear, se dirigió a un reportero. “Qué gusto de vernos otra vez de nuevo, en otra situación… cómo le va, ¿bien bien?”.

La presencia del ex Secretario en la Sede de Justicia Penal se debe a que a finales de noviembre, el juez de control encontró elementos suficientes para librar orden de aprehensión en su contra, por lo que el ex funcionario del gabinete de Mario López Valdez, tuvo que comparecer.

“Venimos a… pues aquí a comparecer de manera voluntaria para saber realmente cuál es la situación jurídica y que posteriormente a esto, pues ya saliendo vamos a enterarnos de qué es lo que hay”.

Fue por los delitos de ejercicio indebido del servicio público así como desempeño irregular de la función pública que Echeverría Aispuro junto con Jaime Otáñez García, ex Director de Atención Médica, comparecieron ante el juez de control.

Manteniendo su sonrisa, Echeverría es apresurado por sus abogados. Lo flanquearon en todo momento junto con cinco personas más. Eran ex colaboradores durante su administración. Antes de despedirse, señala que no esperaba nada de esto. No esperaba tener que rendir cuentas a la justicia.

La sonrisa con la que llegó a la Sede Regional de Justicia fue sustituida por un gesto adusto, de preocupación. La audiencia inicial fue diferida para las 16:00 horas del viernes 1 de diciembre, y fue ahí donde la mortificación de Echeverría comenzó.

 

La audiencia

Alrededor de las 17:40 horas Echeverría hace su arribo. Apenas da una declaración. Se le nota confiado. Recobró bríos. Los reporteros se arremolinan alrededor suyo y le preguntan sobre el proceso. Apenas un par de palabras y hace su ingreso. Todo bajo control.

Ni un minuto más y ni un minuto menos. La audiencia dio inicio y los rostros de Echeverría y Otáñez contrastaban. El primero volvió a sonreír, se sentía seguro, confiado. El segundo casi sin ninguna expresión, llevaba en su faz la preocupación.

Ambos imputados se negaron a rendir declaración durante la audiencia. Guardaron silencio bajo el amparo de que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Se presumen inocentes. Aun cuando decenas de trabajadores los acusan y existen diferentes notas periodísticas de medios de comunicación que evidencian los manejos turbios de la Secretaría de Salud.

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Como el contrato con DIMESA SA de CV y los servicios de farmacias subrogadas con un monto de más de 500 millones de pesos. Al final de la administración de Echeverría, el desabasto de medicamentos era casi absoluto.

Los datos proveídos por los fiscales al juez de control, Juan Manuel Quiñones Beltrán, señalaron a ambos funcionarios de ejercer los delitos que se les imputan debido a la adjudicación directa de un contrato por 18 millones de pesos con la empresa HIKAJUBA SA de CV, encargada de otorgar servicios de imagenología a la Secretaría de Salud del 8 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Según los cargos de la fiscalía, el contrato debió ser licitado y a cambio, Echeverría y Otáñez, en conjunto con María Alejandra Gil, jefa de recursos humanos, firmaron el contrato con HIKAJUBA SA de CV adjudicándolo de manera directa, catalogándolo como una conducta ilegal y de manera probable, dolosa.

Del contrato SSS/20/2016 por 18 millones se erogaron únicamente poco más de 14 millones de pesos. La lógica explicada por la fiscalía señala que el contrato no pudo ser justificado sin un estudio de mercado de por medio. La evidencia cada vez se volvía más contundente y la sonrisa de Echeverría comenzó a disiparse.

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Los datos fueron vertidos por la investigación de la Auditoría Superior del Estado, resultado de la auditoría 17/2017 y que fuera entregada al actual Secretario de Salud, Alfredo Román Messina en marzo de este año. Posteriormente dio a conocer la noticia y la situación de la Secretaría a su cargo. Un caos.

Justo a las 18:22 horas, el juez de control dicta auto de formal vinculación a ambos ex funcionarios. Como medidas precautorias, el pago en garantía de 1 millón de pesos así como el tener que firmar cada mes con la autoridad judicial y la prohibición de dejar el Estado durante el proceso.

El circo terminó. La audiencia se trasladó para el 1 de abril, cuando se definirá la situación jurídica de ambos ex funcionarios. El reloj marcaba las 20:09 horas. Un lapso de 4 horas de encierro y preocupación.

Casi una hora después, Ernesto Echeverría deja el edificio. Trata de evadir a los reporteros. Los flashes, las transmisiones en vivo y las preguntas a raja tabla. Su rostro ya no va acompañado de una sonrisa y esta vez no se detuvo para ninguna fotografía. Sube a su vehículo y se marcha. Su gesto ahora es adusto.

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