Ismael Bojórquez Perea, director de Ríodoce, hizo un llamado al gobierno norteamericano para que ponga la parte que le corresponde en la lucha contra la impunidad y que si en los Estados Unidos alguien ha fomentado la violencia y ha transgredido sus leyes, sea castigado.

Esto lo dijo en un panel realizado en el Instituto Wilson Center de Washington, en referencia a la operación Rápido y Furioso, un expediente que, aunque sigue abierto, no ha permitido que nadie sea juzgado hasta el momento.

“Respecto al crimen de Javier Valdez —dijo—, recibimos con aprecio las expresiones de solidaridad del secretario de Estado de este país, Rex Tillerson, y también la preocupación manifestada por la embajadora Renata Jacobson. Pero necesitamos algo más de ustedes. Y no solo los periodistas; la sociedad entera demanda del gobierno norteamericano que ponga un alto al tráfico ilegal de armas a México. Y que si funcionarios de este país incurrieron en algún delito sean castigados.

“Si no lo hacen por nuestros muertos —agregó—, háganlo por los suyos: por la memoria del agente aduanal Brian Terry, asesinado en diciembre de 2010 con un arma del expediente criminal llamado “Rápido y Furioso”. Y por la memoria del agente del ICE Jaime Zapata, asesinado en México  en febrero de 2011, también con un fusil que fue adquirido en el marco de esa operación frustrada”.

El panel fue organizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Instituto Woodrow Wilson Center, y participaron también Adela Navarro, co-directora del semanario ZETA, además de Norma Trujillo, corresponsal del diario La Jornada en Veracruz, la entidad que más crímenes de periodistas acumula en los últimos diez años.

“Vivimos en un país donde si matas a un periodista, no te van a meter a la cárcel… y ese es el mensaje que les dice, ‘Pues, puedes matar a un periodista”, apuntó Navarro.

Dijo que en México nunca ha habido protección para los periodistas: “Hay mucha impunidad, no hay un estado de derecho y más allá de las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado, están las presiones gubernamentales”.

“Deberíamos de tener los periodistas, como cualquier mexicano, la garantía y la seguridad parar ejercer una profesión en nuestro país… El Gobierno de la República debería concentrarse en ello”, advirtió.

Norma Trujillo se refirió a la violencia que los periodistas sufren en las empresas donde trabajan:

“Los periodistas enfrentamos la violencia económica e institucional de nuestros patrones, los dueños de medios de comunicación, y del estado [Veracruz], que no aplica la Ley Federal del Trabajo… La mayoría debemos trabajar en al menos dos medios de comunicación, jornadas que van de diez a doce horas diarias…”

“Tan solo en el ejercicio del año 2014 —indicó—, de un presupuesto de 20 millones de pesos [en el estado de Veracruz], solo 800 mil fueron para protección a periodistas; es decir, el cuatro por ciento de los recursos. El resto fue ocupado para pagos de salarios de personal… Con todo esto, siguieron ocurriendo más crímenes.”

Y advirtió que “mientras no se ejecuten estas investigaciones, ni se dé con algún responsable de los crímenes, la impunidad continuará y el mecanismo se seguirá llenando de solicitudes de periodistas que han sido amenazados”.

En otra mesa, en la que se analizó la situación de México respecto a agresiones contra periodistas, Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, dijo:

“En mi país quienes ejercen la libertad de expresión tienen que enfrentarse en un terreno que de facto los pone en desventaja con su adversario. La prensa se enfrenta a un enemigo que busca a toda costa ejercer un control efectivo de la información que llega a la sociedad.

“En 2017 van seis periodistas asesinados y uno desaparecido… cada periodista asesinado se ha convertido en un mensaje intimidatorio para aquellos que buscan seguir informando. Los mensajeros se convierten en el mensaje y el mensaje original muere”.

Y remató:

“No habrá un combate decidido a la impunidad mientras el estado no se investigue a sí mismo. El Estado tiene que reconocer que es el propio Estado quien está agrediendo a la prensa. El sistema de protección a periodistas no va a funcionar si no se considera que el combate a la impunidad es la forma más poderosa de proteger”.

En la misma mesa, Jennifer Clement, presidenta del premio PEN International, explicó que “la ley que hizo que matar a un periodista en México fuera un delito federal fue finalmente aprobada en 2012, pero tristemente, en este momento, es sólo un cambio simbólico. Desde entonces, más periodistas han sido asesinados, más periódicos han cerrado, y hay áreas enteras de México donde no tenemos ni idea de lo que está pasando.

“Mi sensación es que el gobierno federal es incapaz de controlar los gobiernos estatales, que los gobiernos estatales están, en muchos casos, amenazados o en connivencia con los cárteles, que ya no son sólo cárteles de la droga. Son mafias que se ocupan de la extorsión, del tráfico de seres humanos y de todo tipo de delitos”.

Por su parte, invitado también a la reflexión, Azam Ahmed, corresponsal en México del diario The New York Times, dijo que “cuando se trata de matar a periodistas, el tema central es la impunidad.