Da vuelco caso Potrero de Cancio

 

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La riqueza mineral del yacimiento Cuauhtémoc, de nuevo en disputa

Poco menos de la mitad de los ejidatarios del Potrero de Cancio, comandados por toda la plana del comisariado ejidal, inició entuertos legales con la finalidad de recuperar el manejo del yacimiento de hierro Cuauhtémoc, que durante años fue explotado por la minera china Paradox Global Resourcer, pasando sobre benefactores anteriores.

El notario público 172, con asiento en la cabecera municipal de El Fuerte, Francisco Miguel Ruelas Orrantia, notificó a su similar Jaime Humberto Ceceña Imperial, con asiento en Los Mochis, y a un tercero, que la escritura pública 17148, del ocho de agosto del 2011, inscrita en el volumen LIX (59) para pleitos y cobranza había sido cancelada, revocada y dejada sin efecto por comparecencia de María Corrales Vega, Jesús Bernal Contreras, Victoria Portillo Jacobo y Rosalío Corrales Cota, presidente, secretario, tesorero y comisariado ejidal, respectivamente.

Los ejidatarios mostraron al fedatario una copia simple de un acta de asamblea realizada el 18 de septiembre del 2016, en la que se asienta como único punto la revocación del poder otorgado a un particular el 8 de agosto del 2011 por la entonces directiva integrada por Sergio Villalba Gastélum, Olegario Félix Orduño, Felizardo Díaz Pellegaud y Lidio Gilberto Vega Vega, como presidente, secretario, tesorero y consejo de vigilancia, respectivamente. El acta asienta que fue voto unánime, sin abstenciones.

Ruelas Orrantia comentó que el movimiento realizado fue protocolizar un acta mostrada por una directiva en pleno, y que estos fueron advertidos de las obligaciones que contraían en caso de obrar con falsedad, conforme lo dicta su investidura.

La realización o no de la asamblea, y la sanción de la misma por visitadores agrarios es un asunto ajeno a la protocolización, precisó.

La residencia local de la Promotoría Agraria fue alertada del hecho, y en la oficina se confirmó que no tenían comunicado ejidal de que la asamblea de revocación del poder para pleitos y cobranza se hubiese consumado. Previa denuncia de parte, el caso se investigaría.

Por separado, un tercer abogado penalista reportó que el mismo campesinado había recurrido a sus servicios para iniciar un juicio de amparo, mediante pago de fuerte cantidad en una sola exhibición. El litigante no fue localizado en su despacho para ahondar en el tema.

Hasta ahora, el origen del dinero que mueve las operaciones de los campesinos del Potrero de Cancio no ha sido revelado.

De acuerdo con los antecedentes de la operación, fue la bróker chihuahuense, María Hermila Márquez la que convenció a los ejidatarios de ceder los derechos de la mina a cambio de un pago en dólares, más regalías por producción extraída.

Antes de ser asesinado, Ramón Corrales Vega, comisariado ejidal del Potrero de Cancio, había revelado que el primer cheque en dólares “rebotó” por falta de fondos, pero el segundo sí fue cobrado. Estos fueron firmados por el ex gobernador Juan S. Millán Lizárraga, como rúbrica mancomunada. Hoy, ha trascendido que el político cetemista conoció del caso Potrero de Cancio y de su riqueza mineral a través de una plática con María Hermila Márquez, quien le fue presentada por una diputada local.

Ramón Corrales, quien había encabezado la segunda intentona ejidal por recuperar el yacimiento del predio Cuauhtémoc, siempre denunció que desde el Gobierno del Estado pretendían asesinarlo para acabar con el brote. La identidad del emisario de la amenaza y la autoría intelectual de la misma se la llevó a la tumba.

Meses después del asesinato de su dirigente  y de que todos los ejidatarios estuvieran en libertad y sin cargos penales por responder, los campesinos reinician su entuerto legal.

Más, cuando el gobierno de Mario López Valdez, que los mantuvo presos por ocho meses sin tener culpa, está por concluir.

 

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