Los Caballeros Templarios, el cartel del narcotráfico más poderoso en Michoacán (suroeste de México), obligaban a la mayoría de las 113 alcaldías michoacanas a entregarles un 10% del dinero que recibían del Gobierno central de México. Los narcos obligaban a los gobiernos locales a contratar a las empresas que ellos elegían e incluso a meter en nómina a personas vinculadas con el cartel. Así lo reconocen funcionarios estatales y así lo sostienen los alcaldes de Tepalcatepec, Chinicuila, Coalcomán, Tingüindín y Parácuaro.
“Era víctima de extorsión, como todos mis compañeros presidentes”, asegura en entrevista con este periódico Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, el pueblo en el que nacieron los grupos de autodefensa, civiles levantados en armas en contra de Los Templarios, el 24 de febrero de 2013.
“Ellos [Los Caballeros Templarios] tenían personas que mandaban por el recurso y si uno se retrasaba te amenazaban. La cantidad dependía de los recursos federales enviados al municipio. En Tepalcatepec son 5,3 millones de pesos al año. De eso se llevaban el 10%. No lo he dicho antes pero incluso cuando ya no estaba en Tepalcatepec seguí siendo sujeto de extorsión por el simple hecho de ser presidente. Estaba amenazado, era mi seguro de vida para poder vivir. Ahorita ya no. A partir de que está la Federación hay seguridad y no solo en Tierra Caliente [la región michoacana que concentra el conflicto], también en Morelia”.
“[Los ‘narcos’] nos decían hasta dónde debíamos de comprar la papelería”, explica uno de los alcaldes
Los narcotraficantes organizaron al menos dos reuniones para convocar a grupos de alcaldes michoacanos (“Nos dividían por regiones”, detalla Valencia) para explicarles cómo iba a funcionar el cobro de extorsión. “Muchos iban tapados, otros no, pero no eran ni [Servando Gómez] La Tuta, ni [Nazario Moreno] El Chayo [abatido el domingo pasado], ni Enrique [Kike] Plancarte”. Según su relato, las reuniones se organizaban por regiones, nunca con todos los alcaldes del Estado. Cuando se le pregunta si en la capital, Morelia, también, solo alcanza a contestar: “Dicen que ninguno se libraba”.
El testimonio coincide con el de Rafael Martínez, presidente municipal de Coalcomán, en el suroeste michoacano. “Nos lo dijeron así: el 10% va a ser para la empresa y eso no se discute”, cuenta por teléfono desde su pueblo. La alcaldesa de Parácuaro, Lucila Barajas, también denunció el cobro de extorsión en una entrevista concedida hace unas semanas. Fernando Pulido Maciel, presidente de Tingüindín, uno de los municipios más pequeños de Michoacán, detalla que en los últimos 12 meses pagó por lo menos 300.000 pesos (22.572 dólares) a Los Caballeros Templarios.
El dinero provenía del Fondo 3 para la Infraestructura Social, según explican todos los alcaldes consultados. El 10% de esos fondos, que se debían dedicar al mantenimiento del alcantarillado local, la sanidad, la mejora de caminos, terminaron en manos del narcotráfico michoacano.
Justo Virgen, alcalde de Chinicuila, comenta que, además del diezmo cobrado del dinero enviado por el Gobierno mexicano, era común que Los Templarios definiesen las empresas que debían ser contratadas por los municipios. “Nos decían hasta dónde debíamos de comprar la papelería”. Rafael Martínez, de Coalcomán, dice que los narcotraficantes obligaban a su administración a comprar “todo” en Apatzingán, la ciudad más importante de Tierra Caliente, a dos horas en coche de su pueblo.
Virgen explica, además, que los sicarios obligaban a meter en la nómina municipal a sus más cercanos. “A mí una vez me mandaron llamar de Apatzingán [la ciudad más importante de Tierra Caliente y, hasta hace poco, considerada como uno de los bastiones del cartel] y me dijeron que debía meter en nómina a dos personas ‘que estaban muy necesitadas’”, recuerda.
En documentos obtenidos por este diario, tres de las 15 personas que están en la nómina oficial de Tepalcatepec son mujeres vinculadas a hombres que las autodefensas identifican como miembros de Los Caballeros Templarios. María Medina Sánchez, Carmen Patricia Torres y Haydée Correa, identificadas por las autodefensas como personas cercanas a presuntos narcotraficantes, estaban en la nómina del municipio: recibían 12.000 pesos al mes (900 dólares). Consultado por EL PAÍS, el alcalde reconoce los nombres y asegura que estas costumbres ya existían cuando él llegó a la administración del pueblo y que no es “el único que lo hacía”. Afirma: “También lo hace el de Apatzingán, y a él nadie le dice nada”.
Muchos de los alcaldes que se resistieron a los carteles se enfrentaron a su furia. Varios miembros de Gobiernos locales y municipales han muerto asesinados en Michoacán desde 2006. Ygnacio López Mendoza, alcalde de Santa Ana Maya, había denunciado amenazas y llegó a montar una huelga de hambre frente al Senado mexicano para difundir el acoso al que el crimen organizado sometía a los alcaldes. En noviembre del año pasado lo hallaron muerto. Con López Mendoza, siete alcaldes han sido asesinados en Michoacán desde 2005. De acuerdo con la Federación Nacional de Municipios de México, 983 de los 2.457 alcaldes mexicanos han sido amenazados por el narcotráfico: cuatro de cada 10.
Michoacán tiene la sexta mayor deuda interna entre los 32 estados de México. Debe 312.000 millones de pesos, más de 2.000 millones de dólares. En los últimos años del gobierno regional anterior, encabezado por Leonel Godoy Rangel (PRD), hubo funcionarios que no cobraron su sueldo durante meses. (EL PAÍS)
