El manejo de las finanzas públicas en Sinaloa durante el sexenio de Mario López Valdez, ha sido un reiterativo desorden, pero cada semestre al llegar la revisión de las cuentas públicas, el Congreso del Estado “se hace de la vista gorda”, denunció la diputada Imelda Castro Castro, integrante de la Comisión de Fiscalización en el Poder Legislativo.
La diputada, quien en infinidad de ocasiones ha subido el tema del endeudamiento desmedido a tribuna y ha votado en contra de la aprobación de cuentas públicas del gobierno de Sinaloa, criticó la violación a la Ley de Deuda Pública con la contratación de créditos que exceden lo que marca la ley.
Según publicó Ríodoce, desde 2011 a 2016, el gobierno de López Valdez contrató 62 créditos quirografarios con la banca, los cuales cada año superaron el 5 por ciento de ingresos ordinarios que permite la ley. Sólo en 2013, los créditos contratados alcanzaron un 27 por ciento de los ingresos ordinarios.
“Es lamentable que el gobierno haya hecho las cosas como las ha hecho en Sinaloa, esto no puede quedar impune, este Congreso del Estado no se puede seguir haciendo de la vista gorda con un problema tan grave como es el endeudamiento ilegal del gobierno de Sinaloa. Todas las cuentas públicas de este gobierno han sido cuentas sumamente desordenadas, desaseadas, con grandes irregularidades, lamentablemente, el Congreso por mayoría las sigue aprobando”, criticó Castro Castro.
Deuda pública ilegal
Más allá del rebase al tope de ley, Castro Castro cuestionó el uso de los créditos a corto plazo para operar el gasto corriente y no para inversión productiva, una deuda que debiera retribuir un beneficio al ciudadano se usa en realidad para salvar a una administración ineficiente.
Y es que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Deuda Pública, las entidades tienen prohibido contratar deuda pública para financiar gasto corriente, que es destino que se dio a los 62 créditos quirografarios. Sin embargo, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF) refuta esta violación al argumentar que los préstamos a corto plazo no constituyen deuda pública.
“Es un tema que nosotros lo hemos abordado en tribuna, hemos dicho claramente que el gobierno de Sinaloa ha violado la ley en el sentido de que todo endeudamiento debe ser para actividades de carácter productivo, cualquier préstamo debe ser para cubrir actividad autofinanciable, no se vale que pidan préstamo para gasto corriente”, destacó Castro Castro.
En esta interpretación coincidió el investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Manuel Guadarrama, quien destacó que incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que define el concepto de deuda pública como cualquier obligación de pago que comprometa recursos públicos.
“En cuanto a la definición ahorita como está redactada la ley efectivamente no es deuda pública, pero si llegara esto a tribunales, evidentemente sí se sería considerada como deuda pública”, señaló el especialista.
Nueva ley de disciplina financiera
Consultado por Ríodoce para el análisis de los créditos quirografarios que ha usado el gobierno de Sinaloa en el sexenio de López Valdez, Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, consideró que la nueva ley de Disciplina Financiera, aprobada en abril de este año para regular el endeudamiento de las entidades, podría ponerle un alto a las prácticas financieras nocivas, o por lo menos transparentarlas.
De acuerdo con el documento “Análisis e Implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Federal, la nueva ley que entrará en vigor en 2017, amplía el porcentaje permitido para contratar deuda a corto plazo a un 6 por ciento, un punto más de lo que actualmente se permite, pero limita su contratación y prohíbe que se contraiga deuda en los últimos tres meses del sexenio.
Además, la nueva ley establece un Sistema de Alertas y un Registro Público Único en el que se tendrán que registrar todo tipo de obligaciones de las entidades y los municipios. Según el artículo 49 de la ley se deberá “registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones de los entes públicos en un Registro Público Único a cargo de la SHCP para tener la información completa sobre compromisos financieros que se contraigan: Asociaciones Público-Privadas, arrendamientos, factoraje, crédito, emisiones bursátiles.
“La SHCP hará reportes de la información contenida en el Registro y los publicará en su página de internet con una actualización cada tres meses”, señala el artículo 56 de la ley.
La ley de Disciplina Financiera, agrega, “va a entrar en vigor el año que entra y va a ser un borrón y cuenta nueva para todas las entidades federativas y los municipios en el tema de manejo de pasivos y deuda pública. Ahí prácticamente tendrán que empezar de cero, ahí nos daremos cuenta, independientemente si le denomina deuda pública o préstamo quirografario”.
Si bien, el proceso de implementación apenas comienza y aún falta modificarse el marco normativo local y que se cree el reglamento, Guadarrama confió en que la nueva ley es un primer paso contra la opacidad que persiste en la mayoría de las entidades en cuanto a la contratación de deuda.
