Durante dos décadas he investigado la corrupción y abuso de poder en México; cuando hablo de esto en conferencias en el extranjero la gente sonríe con cierta malicia, al gesto le sigue un comentario que por lo regular va en este sentido: “pues has de tener mucho trabajo”. Sí hay mucho trabajo por aquí. He investigado desde la existencia de bandas de narcomenudeo en Tepito solapado por autoridades del DF a inicios de la década de los noventa, el listado nominal de electores del DF que incluían cientos de votantes que vivían en los camellones de Paseo de la Reforma en 1994, hasta el Toallagate en 2001, el escandaloso uso de recursos públicos en el vestuario de Martha Sahagún en 2003, la corrupción de sus hijos, el rancho secreto de Vicente Fox en 2005, la corrupción y colusión con el narcotráfico de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad Pública y los miembros de su equipo más cercano; las propiedades y fortuna amasadas que no corresponden ni a todos los años en el servicio público, y otros tantos funcionarios que han tenido papeles protagónicos o secundarios en mis investigaciones.
Uno de los personajes más notables es Joaquín Guzmán Loera alias el ‘Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa y sus vínculos con el gobierno al más alto nivel. Mis investigaciones han sido publicadas por Reforma, Milenio, El Universal, Reporte Índigo y actualmente Proceso.
Ante la opacidad, redes de complicidad e impunidad que propician crimen, corrupción y abuso de poder dentro y fuera del gobierno que afectan nuestra vida cotidiana, mi propósito al establecer una nueva forma de contacto con la sociedad a través de “La Lista Negra”; es contribuir a la rendición de cuentas y transparencia proporcionando al lector información y elementos para formarse su propia opinión acerca de quienes ejercen el poder y cómo lo ejercen. Espero sea de utilidad.
“Todo el mundo lo esperaba” fue el escueto comentario de un viejo conocido de la DEA ante la salida de Joaquín Guzmán Loera de una cárcel de máxima seguridad por segunda ocasión. El ciudadano común y corriente en su cotidianidad seguramente se sintió sorprendido pero no el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso es imposible.
Desde que el Chapo fue recapturado en febrero de 2014, en un operativo lleno de dudas, el narcotraficante comenzó rápidamente a echar a andar su inagotable maquinaria de dinero para vulnerar el penal de seguridad e irlo meciendo a su antojo. Las señales de alerta fueron inconfundibles y el gobierno de Peña Nieto las vio. Era responsabilidad primaria de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong y del subsecretario Luis Enrique Miranda, hacerse cargo de acabar de raíz con la creciente corrupción dentro del penal y el control del capo.
A Guzmán Loera no solo le importaba tener privilegios mundanos como que no le raparan el cabello cada mes como al resto de los internos, más horas de visita familiar y mayor tiempo en locutorios con sus abogados, sino ir dando pasos concretos hacia su libertad.
En julio de 2014 desde su celda de tres por cuatro en el área de Tratamientos Especiales, supuestamente neutralizado por el gobierno, aislado y sin contacto con ningún preso, junto con Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie, organizó a cerca de 900 internos ubicados en cinco módulos del penal en una huelga de hambre masiva en protesta por supuestas violaciones a derechos humanos. Logró hacerlo gracias a la coordinación de sus abogados y de custodios. Así, el Chapo daba el primer paso concreto hacia su libertad siguiendo el mismo modelo que antecedió su salida de Puente Grande: cooptar a internos y custodios.
Mi investigación fue publicada por la revista Proceso en julio de 2014 y hablé directamente con Juan Ignacio Hernández, titular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, responsable de los penales federales y dependiente de la SEGOB. Se negó a hablar de las repercusiones de la huelga y las violaciones al confinamiento de Guzmán Loera. Nervioso, solo dijo que en unas horas Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad daría un posicionamiento formal, lo cual nunca pasó.
Tras la huelga hubo personal que advirtió a Hernández y a la directora General de Políticas y Desarrollo Penitenciario Celina Oseguera, de los riesgos y del poder que estaba adquiriendo el Chapo, pero no quisieron hacer caso. Todo indica que las tarjetas informativas que debieron llegar a Osorio Chong y a Miranda también fueron ignoradas.
La segunda señal de alerta se dio en febrero de 2015. Guzmán Loera se organizó con otros capos presos dentro del penal, incluyendo sus otrora enemigos como Héctor Beltrán Leyva alias el H, y miembros del Cártel del Golfo y Los Zetas, para escribir una carta de protesta dirigida a la CNDH reclamando supuestos malos tratos dentro del penal y corrupción por parte de Librado Carmona, director técnico del penal. El día que fue entregada a la CNDH tuve acceso a la misiva escrita en una hoja a rayas que correspondía a los blocks que venden en la tiendita dentro del Altiplano. Investigué y supe que fueron pasadas de mano en mano recorriendo silenciosamente los distintos módulos del penal, incluyendo Tratamientos Especiales, con la ayuda de los custodios. La CNDH guardó silencio respecto a los trámites girados en torno a dicha misiva durante meses. Dos días después de la nueva ‘fuga’ del Chapo ha dicho que fue al penal y verificó las demandas de los firmantes, que se preguntó a Guzmán Loera y él dijo que no había firmado.
La información obtenida es que sí lo hizo y que más daba lo que dijera a la CNDH si su objetivo estaba cumplido: había hecho una alianza con sus otrora enemigos y con los más poderosos del penal, paso indispensable para mantener la discreción sobre cualquier información que entre los presos se filtrara sobre sus planes de salida.
Esta misma estrategia la siguió en Puente Grande en donde no solo se alió con su amigo Héctor el Güero Palma, sino también con Arturo Martínez Herrera, el Texas del Cartel del Golfo, por naturaleza rival del Cartel de Sinaloa. Después de la salida del Chapo de Puente Grande, el Texas fue trasladado al penal del Altiplano. En las crónicas escritas esta semana por periodistas que tuvieron acceso al tour dado por la Comisión Nacional de Seguridad, refieren que uno de los vecinos de Guzmán Loera era el Texas.
La tercera señal de alerta, inconfundible, se dio el 14 de abril pasado. En el escueto comunicado de prensa No. 140 donde la Comisión Nacional de Seguridad presumió los supuestos “estrictos controles para el ingreso y la identificación de las visitas a los centros penitenciarios federales” y “rigurosos protocolos de vigilancia que se mantienen sobre las actividades de los internos”, informó que en el área de prácticas judiciales que se encuentra dentro del penal entró a ver a Guzmán Loera una mujer con papeles falsos y, en consecuencia, el organismo responsable de los penales federales iba a presentar una denuncia ante la PGR sobre el hecho.
Hace un mes se supo que la visitante fue la legisladora panista Lucero Guadalupe Sánchez López, actual diputada en el Congreso de Sinaloa a quien se le atribuye presuntamente tener un hijo de siete meses con Guzmán Loera, lo cual significaría que habría quedado embarazada aproximadamente en abril de 2014, cuando Guzmán Loera ya estaba en prisión.
En un afán por tratar de deslindarse de esto la diputada negó en junio cualquier nexo con el Chapo; su esposo fue asesinado en enero de 2014 antes de que ella quedara embarazada. La información sobre las visitas íntimas al Chapo de quien no era su esposa, la tenía desde tiempo antes las áreas de inteligencia militar.
Una vez más el gobierno de Peña Nieto no hizo nada para frenar el poder de Guzmán Loera en la prisión. En vez de cambiarlo de penal, en vez de mandar señales a EU de que el gobierno de México sí aceptaría la extradición, en vez de reforzar su seguridad, en vez de hacer cualquier cosa elemental para asegurarse de que el preso número 3578 se mantuviera así, preso, lo dejaron salir.
Durante los últimos ocho días los medios de comunicación nacionales e internacionales y la sociedad seguimos postrados ante el agujero por el que dice el gobierno de Peña Nieto escapó el capo por segunda vez de un penal de máxima seguridad. Las miradas están ocupadas en escudriñar cada centímetro del hoyo negro como si nos fuera a decir algo. Es un distractor al que el gobierno de Peña Nieto ha sabido sacarle provecho para ganar tiempo. Insólitamente organiza tours no solo a miembros del Congreso sino a medios de comunicación como parte del escandaloso espectáculo. La estrategia es “miren el agujero para que no miren lo demás”, lo más importante.
No miremos más el oscuro boquete del túnel, levantemos la vista y miremos alrededor, ahí están las respuestas. Las respuestas están en la Secretaría de Gobernación, en las instituciones de seguridad nacional de este país. No solo los ingenieros que diseñaron y construyeron el túnel “de alta tecnología”, como dijo Osorio Chong; ni custodios, ni abogados mensajeros son los responsables de su “hazaña”. Para ello requería de la complicidad al más alto nivel en las instituciones responsables de vigilar que no se escapara: CNS, CISEN, Policía Federal y Ejército Mexicano.
Un dato concreto: El área responsable de la cámara de seguridad que monitoreaba a Guzmán Loera las 24 horas del día y de actuar en cuanto se vio en el monitor la actitud claramente sospechosa del capo, quien en horas prohibidas para bañarse daba rondines con uniforme en la regadera, es la División de Inteligencia de la PF cuyo titular era Ramón Pequeño. Pequeño es integrante del equipo más cercano al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien ha sido señalado en México y EU de servir al Cártel de Sinaloa.
En noviembre de 2012 Valdés Villarreal, la Barbie, me hizo llegar una carta en donde denunció que le constaba directamente que él mismo, y otros grupos criminales, habían pagado cuantiosos sobornos a García Luna y a otros integrantes de su equipo, entre ellos Ramón Pequeño. Nunca se abrió una sola investigación para saber si la acusación era verdadera, como otros señalamientos a García Luna y su equipo quedó automáticamente impune. Hoy pagamos las consecuencias. Uno de los grupos a los que se refería la Barbie era el Cártel de Sinaloa, o sea, el gobierno de Peña Nieto puso como celador del Chapo a un funcionario con acusaciones de estar a su servicio como ocurrió en Puente Grande, cuando el subdirector de seguridad del penal era Dámaso López, quien ahora es públicamente el brazo derecho del capo en la organización criminal.
Al interior de la familia de Guzmán Loera se comenta que la negociación de la fuga fue pactada con un importante integrante del grupo Atlacomulco dentro del gobierno. Mientras Osorio Chong fue enviado a París como avanzada del Presidente Peña Nieto, quien quedó como encargado de despacho y responsable del buen funcionamiento y quien por el cargo debió ser quien tomara las primeras medidas tras la alerta de fuga para cercar al capo antes de que lograra salir de la zona, es Luis Enrique Miranda, el siempre bien bronceado Subsecretario de Gobernación amigo personal de Peña Nieto y compañero de muchas jornadas de golf. Quienes conocen el funcionamiento de la SEGOB, saben que es Miranda quien controla las principales áreas de inteligencia del CISEN.
Un importante funcionario de la PGR, responsable ahora de las investigaciones para recapturar al Chapo ha comentado a propios y extraños “nos equivocamos, menospreciamos su poder”. Eso es falso, una excusa de tontos. El gobierno de Enrique Peña Nieto sabía perfectamente de su poder; cuando fue gobernador del Estado de México, en sus narices y las de su Secretario General de Gobierno, el mismo Miranda, creció tanto la organización de los Beltrán Leyva como del Cártel de Sinaloa. Ahí asentaron sus casas de seguridad en las zonas más exclusivas del territorio mexiquense, donde vivían con comodidad.
