Muchos pensaban que crímenes así solo ocurrían en Veracruz, en Tamaulipas, en Chihuahua y hasta en Sonora, donde asesinaron a Juan Nepomuceno Moreno, un hombre que duró un año y cuatro meses buscando a su hijo, al que se habían llevado, según pudo constatar, policías municipales de Ciudad Obregón. Nepo documentó un contubernio de estos policías con la Procuraduría Estatal de Sonora, pues obtuvo pruebas de que se hicieron llamadas de esta dependencia al celular de su hijo, y una de ellas registró una conversación de 1.46 minutos. Tocó puertas y nadie se las abrió. Entonces se unió al Movimiento por la paz, encabezado por Javier Sicilia y se sentía orgulloso de que así pudiera, incluso, sentarse a dialogar con el presidente de la república, entonces Felipe Calderón. Pero no encontró a su hijo. El 28 de noviembre de 2011 fue acribillado desde un vehículo en marcha, cuando viajaba en su camioneta por la colonia Centenario, de Hermosillo.
Ya se había registrado un hecho similar en Chihuahua, con el asesinato de Marisela Escobedo, la madre de una joven que había sido asesinada por su novio, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, en agosto de 2008, y en cuya búsqueda de justicia se le fue la vida. Marisela realizó sus propias investigaciones y dio con el asesino de su hija, que se escondía en Zacatecas; lo aprehendieron, lo juzgaron, el acusado aceptó el crimen y aún así fue dejado en libertad “por falta de pruebas”.
Marisela siguió exigiendo justicia. El 16 de diciembre de 2010, cuando se encontraba en un campamento frente al palacio de Gobierno, junto con otras madres que también habían perdido a sus hijos, un tipo que bajó de un auto se acercó a ella y la mató a tiros. Nueve días antes, el grupo de mujeres había instalado el plantón bajo la consigna “Ni una más”.
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La violencia que azota al país es dramática. El asesinato de líderes sociales, más aún de aquellos que luchan por recuperar a sus seres queridos que han “asesinado, secuestrado, levantado o desaparecido, es una infamia. Pero hay otra dimensión todavía peor, y es aquella que se conforma cuando fuerzas del Estado participan en estos crímenes.
Sin lugar a dudas, es el caso de Sandra Luz Hernández, asesinada la semana pasada cuando hacía esfuerzos por encontrar a su hijo Edgar Guadalupe García Hernández, quien fue levantado de su casa el 12 de febrero de 2012.
Si no puede demostrarse que alguien incrustado en las policías o en la procuraduría de justicia ordenó o cometió el crimen, sí puede documentarse la omisión —por complicidad o por miedo— y la negligencia de las autoridades, que al final de cuentas, provocaron que esta mujer fuera asesinada.
Igual que Juan Nepomuceno en Sonora y que Marisela en Chihuahua, Sandra Luz hizo sus propias investigaciones para dar con quienes se llevaron a su hijo porque la procuraduría de justicia simplemente le dio la espalda; no investigó y si al iniciar la integración del caso se topó con la mafia, pues ahí lo cerró, porque con la mafia no hay que meterse, porque son ellos los que deciden quién vive y quién muere, a quién hay que entregar a la policía y a quién no.
Sandra Luz nunca dejó de luchar. Se unió a otras madres con hijos desaparecidos, se apoyó en la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, se plantó frente al gobernador, frente al procurador general de la república y dijo una y otra vez que vivo o muerto pero quería encontrar a su hijo.
Pero si las puertas se habían cerrado, ella las seguía tocando porque sabía que si la procuraduría no investigaba es que tenía consigna para ello; denunció a la institución, al propio gobernador, a la inepta y cómplice policía, a funcionarios como el subprocurador Martín Robles, a quienes acusaba de estar esquivando su responsabilidad de investigar. Hasta que alguien decidió que había llegado demasiado lejos y que era necesario acallarla y que esto significara un mensaje para el resto. Por eso la forma tan canallesca en que lo hicieron.
Bola y cadena
HAY UN PATRÓN EN ESTOS CRÍMENES que se sigue al pie de la letra. En todos los casos hay un familiar ofendido que reclama justicia, autoridades omisas o cómplices, criminales con fuero, reclamos públicos. Después de cometido el asesinato surgen las sesudas declaraciones desde el Gobierno: en el caso de Marisela Escobedo, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo que seguramente el crimen tenía que ver con sus reclamos de justicia. En el caso de Sandra Luz Hernández, el subprocurador Martín Robles aseguró que la línea de investigación más fuerte está relacionada con el levantón de su hijo. Como corolario de este cuadro dantesco y frívolo, la impunidad.
Sentido contrario
SOLO PARA DOCUMENTAR LA INDOLENCIA del gobernador Mario López Valdez, respecto al tema de los desaparecidos: el 12 de abril de 2013, al final de un evento en el Hotel Lucerna, caminaban el procurador General de la república, Jesús Murillo Karam y Malova, en medio de protestas de madres con hijos desaparecidos, entre ellas Sandra Luz Hernández. El gobernador a toda prisa, el procurador lo atajó: “¿No los vas a atender?”, le preguntó. Y solo así se reunieron con ellos. De ahí salió el compromiso de ambos para formar un grupo especial para investigar los casos. Compromiso que no se cumplió.
Humo negro
Y ES VERDAD: FRENTE a tantas afrentas del crimen y ante la complicidad e ineptitud de las autoridades, falta sociedad.