Para Guillermo Bojórquez: el graduado.
El dato es en sí desgarrador. Más de mil desaparecidos en Sinaloa, en los últimos seis años, es un hecho histórico que debiera por sí mismo, por lo menos, promover una medida urgente del Gobierno para atender el problema. ¿Por qué están desapareciendo nuestros jóvenes, nuestros hombres y mujeres, nuestros niños? ¿Dónde están sus vidas o sus restos? ¿Cuántos, quiénes de ellos están vivos y cuántos, quiénes moran sus huesos en una fosa clandestina?
Hablar de una cifra puede ser hasta sencillo y en estados como Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, cotidiano. Pero no para aquellos que han perdido a un ser querido. La búsqueda afanosa de un hijo o un hermano no conoce el miedo ni el riesgo. Ahí está el caso infausto de Sandra Luz Hernández, asesinada el 12 de mayo pasado cuando buscaba a su hijo desaparecido en febrero de 2012. Un ejemplo de valor civil acribillado.
Pero hay quienes debieran hacer las cosas por obligación. Sin embargo, en Sinaloa, como en México, como dijo el presidente de Uruguay, José Mujica —aunque luego haya reculado por razones diplomáticas— la vida de un ser humano vale menos que la de un perro.
Por eso las más de 5 mil ejecuciones que se han cometido bajo la actual administración estatal, y la mayoría de los que se cometieron en sexenios anteriores bajo circunstancias semejantes, ni siquiera se investigan. Los peritos cuentan los cascajos, los impactos, determinan los calibres utilizados y guardan el expediente. Una carpeta que solo se abrirá de nuevo si hay alguna circunstancia especial que lo amerite. Menos, no.
Ante el cuestionamiento sobre estos más de mil desaparecidos en Sinaloa en los últimos años, el gobernador solo dijo que eso es “materia prima” para un grupo policial especialmente creado para atender ese problema. Y a manera de justificación, una frase que fuera tierna si no hubiera sido expresada por un gobernador: “nosotros quisiéramos que no hubiera desaparecidos”.
Y si es un grupo especial y si los desaparecidos son su “materia prima” ¿Por qué no encuentran a ninguno? ¿Dónde están los resultados? ¿A quién le informan? Si por casualidad detienen a un sicario ¿Le hacen preguntas tratando de encontrar hilos conductores hacia casos específicos?
Es evidente que no. Hay dos zonas que registran mayor número de desaparecidos en los últimos cuatro años: Ahome y Culiacán. En la zona norte se han encontrado a muchos por denuncias ciudadanas o porque los mismos familiares se han dado a la tarea de buscarlos con pico y pala, ese grupo que la imaginaria popular llama ahora “los rastreadores de muertos”.
Pero hay muchos que no han sido encontrados todavía y la razón que esgrimen los familiares afectados es que en su mayoría sus hijos, sus esposos y sus hermanos fueron “levantados” por algún cuerpo policiaco, estatal o municipal.
Sin embargo, no estamos en Iguala, ni en Guerrero y aquí no se han visto todavía esas explosiones de rabia que ahora tienen en vilo al país. Por eso no han detenido a ningún policía a pesar de que en muchos casos los familiares de los desaparecidos han aportado datos concretos sobre la participación de agentes del Gobierno en algunos de los casos denunciados, testimonios vivos cuyas declaraciones muchas veces ni se integran a los expedientes, simplemente porque no le conviene a la autoridad.
La situación que se vive en Sinaloa respecto a los desaparecidos es similar a la de Guerrero. La diferencia es que no hay un hecho aquí que haya motivado una movilización como allá, ni concitado la solidaridad nacional. Pero no es menos grave y no es consuelo que nuestra entidad se encuentre en el quinto lugar en materia de desaparecidos después de Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y Coahuila.
Y lo más grave es que el Gobierno, a pesar de lo que se está viendo a nivel nacional, siga sin hacer nada, reaccionando ante preguntas sencillas con respuestas absurdas, como esa de que son “materia prima”. A menos que el gobernador esté diciendo que nuestros desaparecidos ya se convirtieron en abono.
Bola y cadena
FUE DESAFORTUNADA LA VISITA del presidente Enrique Peña Nieto a Guerrero, después de 64 días de los hechos de Iguala que han incendiado los ánimos antigobiernistas en el país. Pedir en esa tierra atormentada por el crimen que hay que superar el dolor por los desaparecidos de Ayotzinapa, sin haber dado todavía respuestas convincentes sobre el paradero de los normalistas, es atizar más la hoguera que consume día con día la fortaleza del Estado mexicano. Y no es descabellado, hay que decirlo, la petición de los padres de los muchachos para que éstos sean buscados en los cuarteles militares. Hay antecedentes, en Guerrero, de que en sedes militares se han ocultado conocidos narcotraficantes. Y no sería remoto que los jóvenes hayan sido llevados a alguna guarnición castrense. Nunca los buscarán ahí, claro… porque correrían el riesgo de encontrarlos. ¿A dónde se llevaba el Gobierno a los “levantados” en los años setentas con el pretexto de la lucha contra la guerrilla? A los campos militares.
Sentido contrario
NO ES NUEVO QUE EL GOBERNADOR amenace con detener a quienes se atrevan a bloquear vías de comunicación. Desde que llegó al poder se ha ensañado con ancianos, mujeres, luchadores sociales, comuneros, campesinos. Coraje y “amor a la Ley” que no ha mostrado para combatir a los criminales que viven frente a su casa.
Humo negro
A CONFESIÓN DE PARTE relevo de pruebas. El gobernador ha confirmado, sin que se lo hubieran pedido, que en Sinaloa sus policías no ejecutan órdenes de aprehensión, no detienen en flagrancia: aquí “levantan”.
