Narcotráfico, seguridad y campañas

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ. Por un debate serio.

 

Parecía que los tenían amarrados y que de pronto los soltaron. Desde columnistas, “analistas”, “expertos2, dirigentes de partidos, legisladores, empresarios y hasta los mismísimos secretarios de la Defensa y Marina. Todos contra “ese loco” que propuso analizar la posibilidad de otorgar amnistía a los integrantes del crimen organizado, como una forma de “acabar con la violencia”.

Hay muchas vaguedades en lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en su gira por Guerrero. Como muchas de sus propuestas de gobierno, no la explica y por no hacerlo termina pareciendo una ocurrencia panfletaria. La amnistía se ha aplicado históricamente a procesados y sentenciados políticos, “aquí y en China”. Se hace por decreto del Estado, con apoyo de los poderes y persigue una especie de “perdón”. En México se decretó una Ley de Amnistía en el régimen de José López Portillo que benefició a cientos de presos políticos, la mayoría ligados a los movimientos guerrilleros. Y en 1989 el presidente Carlos Salinas hizo lo mismo para que 400 presos, también políticos, fueran liberados. Nada que ver, en estos casos, con el crimen organizado.

Y es falso que en Colombia se haya decretado hace mucho tiempo una amnistía para los narcotraficantes. Tampoco en la época de Pablo Escobar Gaviria, líder del Cártel de Medellín. El gobierno hizo acuerdos con él pensando que acabaría con la violencia, pero no se trató propiamente de una amnistía. Y aunque es radical el acuerdo que recientemente se suscribió entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para firmar la paz, la amnistía para los guerrilleros incluye a aquellos que para financiar sus actividades incurrieron en la producción y comercialización de cocaína y otras drogas, pero con salvedades y acotaciones muy claras. Por lo demás, el caso Colombia se cuece en otra olla.

En sentido estricto, Andrés Manuel dijo que se iba a analizar la posibilidad de la amnistía, no que la iba a decretar. Pero aún como posibilidad es un despropósito. Significa, de entrada, ignorar la realidad del país, por decenas de veces que lo haya recorrido a pie, en vehículo o en burro. Los acuerdos de desmovilización armada tienen éxito porque quienes detentan las armas en la clandestinidad  operan como cuerpos más o menos homogéneos con una dirigencia. ¿En México qué es lo que decretaría el Presidente Peje? ¿A quiénes estaría dirigido? ¿A “Los Rojos”? ¿A “Los Ardillos”? ¿A los Beltrán Leyva? ¿Al Cártel de Sinaloa? ¿Al de Jalisco Nueva Generación? ¿A los Zetas? ¿Al Cártel del Golfo? ¿A Rafael Caro Quintero? ¿Al Mayo Zambada? ¿A los Chapitos? ¿A la Mano con ojos?

¿Realmente piensa el candidato de Morena que a través de una amnistía —tendríamos qué ver dónde consigue el perdón y la anuencia de los cientos de miles de víctimas— a los narcotraficantes acabará con la violencia? ¿Cree realmente que aquellos que operan ahora algunas de las organizaciones criminales más poderosas del mundo con ganancias multimillonarias van a dedicarse a sembrar frijol de temporal o a vender seguros de vida?

Lo que hace falta —y esto vale para el actual gobierno y para quienes pretenden el poder— son propuestas serias, coherentes con la realidad, que le den una vuelta a la página de la violencia y la criminalidad, para que nuestras ciudades y pueblos vayan reconstruyendo el tejido social y los gobiernos puedan dedicarse, sin mayores desviaciones, a brindar mejor educación, salud, cultura, bienestar, a los ciudadanos. Y esto parte de reconocer que las políticas públicas, desde que la violencia generada por el narcotráfico se volvió en un problema sistémico, han sido un fracaso. Pero hasta esto le cuesta trabajo al gobierno y a los partidos que han estado en el poder en los últimos tres sexenios. Por eso no solo insisten en las mismas fórmulas que han fallado, sino que pretenden institucionalizarlas. Este es el caso de la Ley de Seguridad Interior que, bajo el pretexto de esta violencia y expansión de la criminalidad, “normaliza” la acción del Ejército en labores que corresponden a las autoridades civiles, poniendo en riesgo los derechos humanos y las garantías individuales, ya de por sí pisoteados por todo tipo de autoridad.

Bola y cadena

HACE SEIS AÑOS NO FUE TEMA el narcotráfico durante las campañas electorales. Ahí están los debates y lo discursos, las crónicas y las reseñas. Ni el propio Andrés Manuel hizo un planteamiento sólido y no lo hace ahora tampoco en su proyecto de Nación 2018-2024. Y debe ser un tema central. Los mexicanos tenemos derecho a saber qué están pensando los candidatos y los partidos al respecto. Más allá de posturas electorales, de demagogia, de mercadotecnia. Una propuesta seria, viable en la que tanto el gobierno, los poderes, los partidos y la sociedad puedan confluir.

Sentido contrario

AL VIERNES POR LA NOCHE se registró ante el INE un convenio de coalición entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Ya dieron el primer paso y todo indica que irán con un candidato único que saldrá de una contienda interna que les servirá para vender el proyecto del Frente Ciudadano por México, que ahora se llama Por México al Frente. Y será por supuesto, un experimento nuevo, con viabilidad de poder, interesante. Vamos a ver qué pasa.

Humo negro

SERÁ PORQUE MAZATLÁN ES BULLANGUERO que los desplantes de su alcalde, Fernando Pucheta no ha hecho mella a su popularidad. Pero todo tiene sus asegunes. Presumir una carne asada con el cantante Julio Álvarez, “Julión”, después de que está siendo investigado en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero del narcotráfico, es, de plano, valerle madres el tema de las formas, de la justicia y de la opinión pública.

Columna publicada el 10 de diciembre de 2017 en la edición 776 del semanario Ríodoce.

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