A raíz de la más reciente entrega que hizo la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, sobre los resultados de las auditorías realizada a los ayuntamientos, al Gobierno estatal y las otras entidades públicas, se suscitó entre los diputados locales una discusión interesante. Todos los legisladores, no solo los que integran la comisión de Fiscalización, deben tener acceso a la información que, hasta ahora, ha sido privilegio, por Ley, de los integrantes de dicha Comisión.
El diputado priista Jesús Burgos Pinto, presentó, incluso, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la ASE, con el fin de que la información sea entregada a todo aquel diputado que la solicite.
“La apertura de esta información —dice la iniciativa—, no implica en ningún sentido violación alguna a la confidencialidad que debe guardar la Auditoría en sus actuaciones…”
En un sentido semejante apuntó el discurso del diputado del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien consideró pertinente que la ASE “informe en las conclusiones de las auditorías respectivas, la naturaleza de la conducta ya sea culposa o manifiestamente dolosa, con base en los hallazgos documentales y contables encontrados”. Se trata, dijo, de que no haya dudas ni vacíos en la dictaminación (sic) de las cuentas públicas, y así tal acción se convierta en una certidumbre y confianza sobre el manejo del erario público (sic) por los funcionarios de los diferentes niveles de gobierno.
En el debate, durante la sesión del jueves pasado, gravitaron los medios de comunicación. Cuen dijo que “se trata de que los sectores sociales y los mismos medios de comunicación conozcan a cabalidad nuestro actuar como legisladores para evitar desconfianzas, calificativos…”
Imelda Castro, del PRD, dijo luego que era bueno que los medios de comunicación dieran a conocer información sobre el manejo de las cuentas públicas, aunque no siempre sus conclusiones eran las correctas. Nada nuevo, por cierto, ni trascendente.
Lo cierto es que los alcances de la ASE se han puesto a debate. Y aunque ahora el tema es a quién y cómo debe otorgase la información de las auditorías, éste puede extenderse hacia otros tópicos. Uno de ellos, urgente, son los recursos con que trabaja. A la ASE se le redujo el presupuesto en 2014 y, aunque en el cabildeo posterior logró recursos adicionales, la intención de paralizarla fue obvia. ¿Quién estuvo detrás de la decisión?, el Gobierno estatal, con el apoyo de los diputados, debido al trabajo que, bajo la dirección de Marco Antonio Fox (qepd), había estado realizando, pisando callos allá y acá.
El otro tema son los alcances de la ASE. Hasta ahora, la Ley solo le faculta para auditar e informar. Pero se ha visto que en la mayoría de los casos esto no ha servido de gran cosa, pues en el camino, los funcionarios y dependencias que son observadas, muchas ocasiones con evidencias claras de malversación de fondos, terminan negociando con el Congreso o éste deja que sea la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas la que se encargue de atender los casos, lo cual tampoco concluye en sanciones, menos en demandas penales.
Así entonces, la ASE debería ser dotada de facultades para amonestar, suspender, inhabilitar y hasta demandar penalmente a funcionarios que incurran en faltas administrativas, dependiendo de su gravedad. Se trataría, aquí, de aprovechar la autonomía de la ASE para que, por fin, existiera una instancia no solo de revisión de cuentas, sino actuante a la hora de aplicar sanciones y castigos.
Ya se ha visto que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, que dirige Juan Pablo Yamuni no sirve de nada. Bueno, sí, para tapar entuertos administrativos y sacar raja de los manejos turbios del erario. La razón es elemental: pertenece al Poder Ejecutivo. Nada cambió respecto a lo que hacía la desaparecida Contraloría Estatal, que era encubrir el mugrero que había en el manejo de los fondos públicos.
Por ello se impone una revisión a fondo de lo que se está haciendo en materia de cuentas públicas. Pueden los diputados “parchar” las leyes para abrir más la información que genera la ASE. Eso es bueno, pero muy limitado. Hay que dotar a la ASE de mayores facultades y de más recursos. Si realmente los diputados desean que ahora sí pasen cosas, no debe temblarles la mano. Abonaría también, de paso, a mejorar su propia imagen, tan desgastada hoy día.
Bola y cadena
HAY UNA FORMULA SANGRIENTA pero fórmula al fin, para dotar de mayores recursos a la ASE: que se eliminen las contralorías internas de las entidades públicas; todas tienen y en todos los casos no sirven más que para tapar las trapacerías que se cometen por los funcionarios. Que desaparezcan y que esos recursos vayan a la ASE. Así de simple.
Sentido contrario
ES TORPE LA DEFENSA DE Juan Guerra Ochoa al afirmar que tiene una intencionalidad política la información contenida en los dictámenes de la ASE sobre el FOFAES, cuando debería explicar, en las instancias que correspondan, a qué se debe el desorden administrativo que trae en dicho fideicomiso. Pudo ser más político, pero, al parecer, le están ganando la desesperación y la soberbia.
Humo negro
NO SON POCAS LAS DENUNCIAS que se han presentado de los visitantes a Mazatlán, sobre los servicios que se ofrecen en hoteles y restaurantes. Alguien debiera poner atención a este asunto. No se recuerda, en la época moderna, un auge del sector turístico tan importante, mucho menos con las posibilidades de que se mantenga y, más aún, crezca. Esta es la oportunidad que tiene Mazatlán para consolidarse como destino turístico y sería muy lamentable que desde ahora haya quienes estén haciendo lo posible para que ocurra lo contrario.
