Juan Pablo Yamuni no tiene vergüenza

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La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas fue una de las novedades administrativas de Mario López Valdez, cuando llegó al poder. Una de sus banderas principales de campaña fue luchar contra la corrupción y en dicha Unidad se concentraba, por lo menos en el papel, dicho propósito. Por decreto, la dependencia a cargo de Juan Pablo Yamuni —de extracción panista y ahora diputado local del PAN— asumiría las facultades de lo que fue la contraloría interna del gobierno estatal, pero con muchas más atribuciones.

Dado el poder otorgado por decreto, Juan Pablo Yamuni Robles, fue visto en principio como un “zar anticorrupción”, mote que le quedaría grande al poco tiempo. Nunca dio la cara y cuando lo hizo fue en exposiciones académicas manipuladas sobre el tema de la transparencia, siempre con públicos a modo. Mientras la administración de la que era parte se hundía en el fango, él fingía cumplir con su deber. Más de cinco años estuvo en el cargo, viendo cómo los recursos públicos asignados a áreas tan sensibles como Salud y Educación se iban a los bolsillos de sus compañeros de gabinete, mientras guardaba silencio en nombre, dice, de la “secrecía por ley”.

Patrañas. Juan Pablo Yamuni sabe que la administración encabezada por Mario López Valdez fue un mierdero pero no porque lo haya visto y documentado, sino porque fue parte de él. Como Unidad de Transparencia debía estar —y estuvieron—, él o sus subordinados, en todos los procesos de licitación de obras y actos de compra de materiales y servicios que así dispusieran las leyes y reglamentos de la materia. Así que, si la adjudicación de un contrato estuvo amañado o una licitación fue anómala en su procedimiento, él tuvo que enterarse. Y de esas, debe haber cientos y cientos.

Pero, además, Juan Pablo Yamuni fue titular de una dependencia que estaba obligada a auditar de forma permanente y acuciosa el manejo de los recursos de las dependencias estatales, sus procedimientos, el qué se gasta, cómo, por qué… Así que ahora no puede decir, como lo hace, que tiene las manos limpias, porque hasta por omisión —y más en su caso— tendría responsabilidades si un delito se llegara a tipificar en estos rubros.

Una de las secretarías señaladas por la presente administración como de las más desordenadas es Salud. Y de las que más recursos disponen, junto con Educación, ya no se diga la secretaría de Finanzas, que concentra muy buena parte de los dineros que llegan del presupuesto estatal y también de la federación.

En 2012, Ríodoce se encargó de ventilar una serie de anomalías que encontraron las Auditorías Superior de la Federación (ASF) y Superior del Estado (ASE) y a muchas les dieron vuelta solo para caer en lo mismo. Una de ellas es que el titular de la dependencia, Ernesto Echeverría y 29 de sus funcionarios de primer nivel, cobraban por partida doble, en la federación y en el gobierno estatal. Cuando a Yamuni se le preguntó por el caso dijo que no estaba enterado. Y lo mismo dijo cuando  se le cuestionó sobre observaciones de la ASE a la nómina, en la que aparecían aviadores, pagos de bonos desmesurados e ilegales, pagos fuera de contratos, etcétera.

Yamuni fue parte, él directamente o a través de sus representantes, de la manipulación de contratos por más de 700 millones de pesos para la compra de medicinas a la empresa Nadro SA de CV, pasando por encima de la Ley Federal de Adquisiciones. La Unidad de Transparencia que representó durante cinco años estuvo presente y firmó las adjudicaciones y él solo se hizo de la vista gorda.

Y lo mismo ocurrió con las observaciones que hizo el comité ciudadano para la vigilancia de la aplicación del megacrédito de 2 mil 600 millones de pesos. Y en los cientos de observaciones que durante esos cinco años las auditoras federal y estatal hicieron a la administración de Malova sin que fueran solventadas. Yamuni solo se escondió en la “secrecía por ley”, y, por lo tanto, en las complicidades por omisión, por decir lo menos.

Bola y cadena

¿DÓNDE ESTABA JUAN PABLO YAMUNI cuando Malova compró sin licitación ese avión Falcon que nos costó 1.8 millones de dólares a los contribuyentes? ¿O cuando se adquirieron mil juegos de placas a una empresa china en medio del escándalo? ¿O cuando el gobierno estatal volvió a comprar placas a los mismos proveedores sin importarle que la primera compra, por anómala, hubiese sido observada? ¿Qué hizo el panista? ¿Tenía que ser detenida la cuenta pública del gobierno estatal para darle salida al pus? ¿Cuánto más hay en este estercolero? ¿Cuánto más falta por drenar?

Sentido contrario

ESTA ES SOLO LA PARTE ADMINISTRATIVA. Pero el gobierno que se fue tendría muchas más cosas por las cuales responder. No hay que olvidar que se cometieron en el malovismo alrededor de 8 mil crímenes, muchos de ellos abominables y de alto impacto. Y algunos de ellos de íntima relación con el poder. Hablo del asesinato de Luis Domingo Pérez Hernández, colaborador de Malova durante su campaña y en sus últimos días de vida desesperado y amenazante contra el gobernador y su séquito porque no le daban cabida en el Gobierno. Y hablo del homicidio del periodista Humberto Millán Salazar, crítico contumaz de poderosos políticos de diferente extracción y color. ¿Quién corrompió la acusación fiscal del presunto asesino de Sandra Luz Hernández y que permitió que éste saliera libre?

Humo negro

Y MÁS AUN: ¿QUIÉN JUZGARÁ AL PROCURADOR Marco Antonio Higuera Gómez por haber obstruido la aplicación de la justicia en las más de tres decenas de denuncias por corrupción que llegaron a la procuraduría y a  las que nunca les dieron curso? ¿Quién juzgará al ex gobernador?

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