No es que la guerra sucia sea una novedad: es que las redes sociales han potenciado su impacto a niveles desorbitados. La guerra de estiércol ha subido de tono en este proceso electoral y muchas cosas más se verán antes de la elección del 5 de junio. Ocurre un hecho y en cuestión de minutos es de conocimiento casi generalizado. El video que el lunes se subió a la plataforma de Facebook con una conversación entre Quirino Ordaz Coppel, candidato del PRI a la gubernatura y el alcalde de Culiacán, Sergio Torres, alcanzaba, hasta el viernes por la mañana, casi 360 mil reproducciones, más de una tercera parte de los hombres y mujeres que votarán el primer domingo de junio.
El diálogo, editado y todo, sí existió. La preocupación del candidato por las sindicaturas que menciona y que pertenecen al valle de San Lorenzo, es auténtica y tiene sus motivos. El apoyo del Gobierno a muchos candidatos, de muchos partidos, también. Pero ese es otro tema. ¿Cómo se violenta en estos casos el derecho a la privacidad? ¿Cómo llegan a manos interesadas este tipo de filtraciones?
El espionaje tiene que ver con muchas técnicas, recursos humanos y materiales encaminados a obtener información confidencial con propósitos de seguridad de los estados, pero también para obtener algún tipo de ganancia, entre las que pueden estar el soborno, el chantaje, la destrucción de enemigos… La información es poder, dicen los clásicos.
La grabación de conversaciones telefónicas es vieja en el mundo y su exposición pública ha derrumbado mandatarios. Richard Nixon es un ejemplo de antología. Y para grabarlas, los estados, los empresarios, los políticos y los particulares han usado cientos de aparatos desde los más rudimentarios hasta los más sofisticados. Pero esto es caro, latoso y no siempre eficiente. Por ello ahora se usa un recurso más sencillo, barato y eficaz: la compra de información.
Desde hace años, las áreas de inteligencia de los gobiernos, sobre todo estatales, compran información a empleados de las empresas telefónicas. Los de Telmex y Telcel son los más solicitados, por la sencilla razón de que estas empresas tienen casi el monopolio del mercado.
La Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa, por ejemplo, ha invertido en este tipo de recursos. Hace dos años le redujeron el presupuesto y el comandante “Julio” pegó el grito en el cielo porque tuvo que dar de baja a muchos “empleados”, algunos de ellos ubicados en Telmex y Telcel. Son personas que trabajan en esas empresas como cualquiera pero que, además, obtienen ingresos extra proporcionando información confidencial —sobre todo conversaciones de voz— cada vez que se les solicita.
Pero también hay venta de información sobre pedido. Un empleado de esas empresas se gana ahora 50 mil pesos si otorga al interesado todas las conversaciones de un número telefónico durante un mes. Es un mercado negro perfecto que han utilizado en los últimos años los gobiernos para obtener filtraciones específicas. Pero también lo hacen los particulares, algunos de ellos ex empleados de Gobierno que ahora se venden como “asesores” de políticos y que en tiempos de campañas hacen su agosto.
De esta forma, los interesados se enteran y usan la información de acuerdo a sus fines. En el caso de las campañas, su uso tiene el propósito claro de desprestigiar al enemigo, exponerlo al escarnio público, bajarlo de las preferencias electorales, destruirlo. Con verdades o con mentiras, porque las conversaciones obtenidas pueden ser distorsionadas al antojo del interesado, con técnicas tan inauditas que si alguien dice “no”, lo hacen decir “sí”. Usan para ello los bancos de voces que se van armando con los archivos obtenidos, separan frases y palabras y luego arman lo que quieren con una perfección escalofriante.
Que nadie se llame a la sorpresa. El espionaje, como la droga, llegó para quedarse. Y, como la droga, ayuda a sobrevivir pero también mata. Luis Pérez Hernández, colaborador del ex gobernador Juan Millán Lizárraga hasta su muerte, era un adicto al espionaje y a la guerra sucia, y terminó asesinado. Otro espía compulsivo, Francisco Urrea, el Fuco, tuvo el mismo destino. Ambos al inicio del gobierno de Mario López Valdez. Los dos crímenes en la impunidad.
Luis Pérez dejó un alumno. Se llama Juan Manuel Zarco Bernal, de negra historia. Y se ha visto cercano a los equipos de Héctor Melesio Cuen Ojeda, candidato del PAS a la gubernatura y de Jesús Valdez, candidato a la alcaldía de Culiacán.
En una clásica cría de cuervos.
Bola y cadena
¿TENÍA ALGÚN SENTIDO, una orientación, que Malova, al llegar al poder nombrara a Raúl Pérez Miranda como Director de Gobierno, su área de inteligencia? Por supuesto que sí. Pérez Miranda trabajó 30 años en Telmex y ocupó puestos directivos. Pero, además, estuvo un año como agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen. Y claro, si usted le pregunta sobre el espionaje, dirá que es un mito.
Sentido contrario
EL 22 DE OCTUBRE DE 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección de Colima para gobernador al considerar que hubo injerencia de funcionarios públicos para apoyar al candidato del PRI, José Ignacio Peralta. La diferencia en votos había sido de 503, sobre Jorge Luis Preciado, del PAN. El proceso se repuso tres meses después y en una elección extraordinaria organizada por el Instituto Nacional Electoral, ganó el priista con una diferencia de 4 por ciento.
Humo negro
A TRAVÉS DE ESTE MARCO deben verse algunos de los episodios recientes de la elección en curso. Ningún hecho que se considera violatorio de las normas del proceso se ha dejado pasar por los equipos legales de los candidatos; por ello se han puesto ya denuncias ante autoridades ministeriales y algunas de ellas con destino en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Si la elección es cerrada, estos elementos que ahora se documentan podrían ser definitivos del destino de la elección.
