El Consejo de Seguridad: la prueba de fuego

 

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Con 18 años cumplidos, el Consejo Estatal de Seguridad Pública solo dio una muestra de confiabilidad e incipiente independencia cuando por primera vez hizo la propuesta de una terna de aspirantes al puesto de la Procuraduría de Justicia. Después, en los procesos de nombramiento del Procurador, ahora Fiscal, solo se conformaron con cumplir el requisito de invariablemente incluir en la propuesta a quien de antemano sería ratificado en el cargo. A partir de entonces, en todos los casos el CESP terminó aceptando la influencia o el mensaje que se enviaba desde el despacho del gobernador: lo mismo Carlos Javier García Félix, como Carlos Morán Dosta, y lo mismo Jorge Julián Chávez Murillo.

Aquella primera terna propuesta en 2001, en la que apenas se estrenaban los ciudadanos en un novedoso mecanismo para incluirlos en la decisión de la persona con el perfil adecuado para la fiscalía del Estado, iba precedida por un consenso entre los miembros del Consejo Estatal y el gobernador Juan Millán, pero no se trataba de ningún modo de un perfil a modo para el gobernante en turno. Otro elemento que obligó a Millán Lizárraga a aceptar un nombre ajeno a su círculo en la terna, es la garrafal equivocación que había cometido en el nombramiento de Ramón Castro Atondo, un efímero procurador con apenas unos meses en el cargo.

Con aquella propuesta del CESP que incluía en la terna a Óscar Fidel González Mendivil, los ciudadanos abandonaría para siempre —y siempre esta vez sí es siempre— esa facultad de proponer a los aspirantes de manera independiente, autónoma y sin sugerencias entrecomilladas desde el despacho del gobernador.

Llegó a la mayoría de edad el Consejo Estatal de Seguridad Pública pero no alcanza la madurez. Y si un órgano ciudadanizado no cumple con las aportaciones que se esperan de él sale sobrando, se convierte en una genial impostura solo para legitimar. Pero es sobre todo un desperdicio de oportunidades y de esfuerzo de muchos ciudadanos que sí tienen el interés de involucrarse, pero que en la decisión fundamental terminan envueltos en la política real, manejada por profesionales de la política. Los ciudadanos que una vez se involucran en un tema tan importante como la seguridad pública, necesitan dejar la ingenuidad en sus casas. Los organismos ciudadanizados no se han planteado el papel fundamental que juegan en el ejercicio del poder y terminan vinculados en decisiones que no toman ellos, sino que se proponen desde el gobierno. Es entonces cuando el papel de los ciudadanos ya quedó difuminado.

En el caso del Consejo Estatal de Seguridad Pública no basta dedicarse a entregar los reconocimientos al Ministerio Público del año, ni mucho menos ofrecer las cifras del semáforo delictivo, se esperaría un involucramiento mucho mayor en una tarea fundamental en Sinaloa como la seguridad pública.

 

Margen de error

(Renuncias) El Consejo Estatal de Seguridad Pública ha legitimado nombramientos inverosímiles, por decir lo menos. Solo se comprenden por la decisión anticipada del propio gobernador de convertirlos en Procurador. Luis Cárdenas Fonseca y Marco Antonio Higuera arribaron a la fiscalía estatal sólo por eso. Carecían de la formación requerida, en ninguna otra ocasión habrían sido propuestos por ciudadanos, nadie los visualizaba como futuros procuradores a no ser que en el ajedrez y las conveniencias de los gobernantes en turno, Jesús Aguilar y Mario López, fueran las designaciones que convenían.

Ni siquiera fue una presión complicada, se convirtió en un valor entendido y para ese momento ya se había perdido el valor fundamental de un organismo en el que participan los ciudadanos. Más allá del papel de Cárdenas Fonseca y de Higuera Gómez, el punto es que se selección se trató solo por el convencimiento desde el gobierno, no del empuje de una política pública conjunta de ciudadanos y gobierno.

Nadie es infalible, pero el Consejo Estatal de Seguridad Pública renunció a su tarea fundamental a cambio de nada. ¿Qué tenemos al final de esta historia? pobres resultados en materia de procuración de justicia en las últimas dos décadas, retrocesos en muchos de los aspectos, índices delictivos que en casi 10 años estuvieron subiendo sin parar.

 

Mirilla

(La prueba) Hoy el Consejo Estatal de Seguridad Pública está en la mira, pero se mantiene en la oscuridad, pese a que lo encabeza un reconocido académico como Ambrosio Mojardín. Esta decisión que tomarán los consejeros será fundamental no solo por las modificaciones legales del ahora Fiscal General, sino además porque él mismo tendrá la facultad de nombramiento del próximo Fiscal Anticorrupción, un puesto clave en el engranaje del tema fundamental para el manejo de los recursos públicos.

La quinteta que tendrá que enviar el CESP al Gobernador Quirino Ordaz será la prueba final para los nueve ciudadanos que la integran, principalmente abogados. Los actuales consejeros ciudadanos no han participado en ningún proceso de selección del Fiscal y fueron seleccionados hace dos años. Su conformación es similar a la de otros consejos, apenas un par de mujeres incluidas, pero la decisión será de un impacto exponencialmente diferente.

 

Deatrasalante

(Chávez Castro) Cuando asesinaron a Jorge Julián Chávez Castro, en febrero de 2003, el gobernador Juan Millán esperó en la acera del Hospital Culiacán durante toda la intervención quirúrgica. Esas horas estuvo acompañado del gabinete en la calle convertida en sala de espera. Chávez Castro estaba herido de muerte, no sobrevivió a los dos tiros que recibió cuando estaba en la cochera de su casa.

Aunque en ese momento no tenía ningún cargo público, Chávez Castro no lo necesitaba, se trataba de un reconocido personaje siempre activo en los círculos del poder del Sinaloa de la segunda mitad del siglo pasado: un mes atrás había entregado la presidencia del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pero antes había sido procurador de justicia, Alcalde de la capital y en ese momento era suegro del secretario particular de Vicente Fox, Alfonso Durazo.

Esa misma preocupación que el gobernador Millán mostró esperando en la calle el reporte de la salud de Chávez Castro no la mostró para investigar su asesinato. Su caso demuestra que la autoridad no tiene urgencia de resolver ninguno de los asuntos, aun cuando exista presión mediática o familiar. Casi tres lustros después se mantiene en el archivo, como otros muchos casos más (PUNTO)

 

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