Ya sean analizados desde los aspectos jurídico o financiero, los decretos para construir dos hospitales generales en Sinaloa se discuten por la sociedad organizada, entre sospechas de opacidad, incertidumbre y firmes cuestionamientos.
El aprobar o no las garantías de crédito para las empresas Prodemex y GIA+A ha terminado por dividir a los diputados de la 61 legislatura y prolongar la discusión del dictamen hasta el último momento, el cual podría llegar este lunes en sesión extraordinaria.
Y es que esta semana, integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) frenaron todas las sospechas que circulaban respecto a la posible discusión y votación del dictamen en el pleno, en los días previos a que el Legislativo inicie su periodo vacacional.
El miércoles por la mañana, la Comisión de Cabildeo de COPARMEX se reunió con diputados presidentes de las comisiones unidas para entregarles un análisis externo, financiero y jurídico, de los proyectos.
Ahí, frente a medios de comunicación, los empresarios aseguraron que los proyectos están sobrestimados financieramente y el aprobar las garantías de crédito representaría una violación a los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad de condiciones en el proceso de licitación.
El análisis fue realizado con información que la propia Secretaría de Salud (SS) entregó al organismo empresarial, después de varias reuniones en las que los documentos, según señalaron los empresarios, fluyeron a cuenta gotas.
“No había información suficiente y nos la han estado soltando bajo peticiones muy particulares, hemos tenido que ser muy puntuales en la información que requerimos”, criticó Enrique Pun Hung, secretario del Consejo Directivo de COPARMEX, luego de presentar el informe.
Jaime Pun Hung, integrante de la Comisión de Cabildeo de COPARMEX, lamentó la falta de transparencia, de claridad y de oportunidad en la información, con la que se ha conducido el gobierno estatal en el tema de los dos hospitales.
“Sería muy fácil que la SS presentara a todos muy claramente y todo mundo diría ‘claro que sí te apoyo’, pero cuando está oscuro, de entrada hay resistencia, hasta uno empieza a tener malos pensamientos. ¿Por qué?, porque nos están ocultando cosas”, agregó el empresario.
Proceso violatorio
Al analizar las bases, actas de juntas de aclaraciones y fallos de las licitaciones de ambos hospitales, así como los decretos 976 y 977 y la iniciativa de reforma a los decretos, presentada por el Ejecutivo, se concluyó que otorgar garantías de crédito a los desarrolladores viola el proceso de licitación y “representa un grave riesgo de que el proceso sea nulificado”.
El análisis jurídico recoge las intervenciones de seis empresas diferentes, las cuales fueron insistentes, durante las juntas de aclaraciones, de la necesidad de otorgar una garantía de crédito adicional a la establecida en las bases.
“Seis de las empresas concursantes hicieron cuestionamientos relativos a las garantías para el cumplimiento de las obligaciones de pago, e incluso dos de los licitantes expresamente señalaron que las garantías establecidas eran notoriamente insuficientes y solicitaron que se comprometieran fondos federales como fuente alterna de pago”, detalla el documento elaborado por COPARMEX.
Y agrega “en todos los casos, la convocante remitió a lo autorizado en los Decretos publicados y estableció como improcedentes dichas peticiones”.
Ahora, la iniciativa de modificación a los decretos 976 y 977 se centra esencialmente en que el Congreso del Estado autorice como garantía de crédito la afectación de hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), lo cual se traduciría en una mejor tasa de financiamiento para el desarrollador, justo lo que las empresas participantes solicitaban antes de dar el fallo.
“De realizarse de manera posterior a los fallos de adjudicación de ganadores, como se pretende, significaría una franca violación a los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad de condiciones para todos los participantes que mandata el artículo 53 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Sinaloa”, se destaca en el análisis del organismo empresarial.
Cabe recordar que una de las 12 empresas participantes —Marhnos Construcciones S.A. de C.V.— presentó un recurso administrativo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solicitando que se invalide el procedimiento de licitación. (Ríodoce, edición 607).
En las tres juntas de aclaraciones, durante más de ocho intervenciones, el representante legal de Marhnos solicitó una fuente de pago alterna garantizada con participaciones federales, la cual fue calificada como improcedente por el Comité de adquisiciones y esta respuesta a su vez fue objetada por Marhnos.
“Desde el punto de vista jurídico, la aprobación de la Iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo, representa un grave riesgo de que los procesos licitatorios sean nulificados mediante juicio por cualquiera de las empresas que participaron en el concurso”, concluye el informe de COPARMEX.
Números engañosos
El análisis realizado por la Comisión de Cabildeo de COPARMEX también evaluó la proyección financiera para la construcción y operación de los hospitales generales en Mazatlán y Culiacán.
El principal descubrimiento de los empresarios fue que la proyección en los ingresos calculados por la SS está sobrestimada y además, no calcula el IVA.
Se explica que en las corridas financieras entregadas por la dependencia estatal, se estiman ingresos autogenerados, entre ambos hospitales, por 430 millones de pesos; sin embargo, los ingresos actuales comprobados por COPARMEX, sólo alcanzan los 87 millones de pesos.
En su proyección, la SS elevó los montos hasta cinco veces más de la cifra real. Incluso, en un escenario donde los ingresos autogenerados se pudieran duplicar, debido a los nuevos servicios con los que contarían los nosocomios, el resultado tendría un déficit de 251 millones 150 mil pesos al año.
“Son números que nos permiten ver que los hospitales no son viables financieramente, el ingreso que tenemos es insuficiente para hacer el pago que se está estimando, un estado financiero es muy simple: entrada y salida de dinero. Si lo que tengo es más poquito de lo que tengo que pagar, entonces no me alcanza”, destacó Jaime Pun Hung.
Según las estimaciones de la SS, el pago anual al desarrollador sería de 918 millones de pesos, recurso que se lograría pagar con los ingresos de la SS, los cuales alcanzan 639 millones de pesos y los ingresos autogenerados por ambos hospitales, que llegaría a 438 millones de pesos, quedando incluso un excedente de 159 millones de pesos al año.
Pero con número reales, COPARMEX duplicó los ingresos autogenerados actualmente por los hospitales y calculó el IVA en el pago al proveedor.
Es decir, el pago anual al desarrollador sería de un mil 066 millones 760 mil pesos, los cuales se pagarían con los ingresos de la SS por 639 millones de pesos, más los ingresos autogenerados por los hospitales, que serían de 176 millones 600 mil pesos. Generando un déficit de 251 millones 160 mil pesos.
“Hay una incongruencia entre la expectativa real y la soñadora” criticó el secretario del Consejo Directivo de COPARMEX, Enrique Pun Hung.
“Estamos a favor de que haya hospitales bien equipados, el riesgo es la transparencia, el manejo de información, la manera en cómo lo presentan a la sociedad. No nos interesa posponer (dictamen), nos interesa que sea una decisión objetiva, pensada, razonada y en beneficio de la sociedad sinaloense”, destacó Pun Hung, luego de entregar el documento a los legisladores.
Cómo va el dictamen
La iniciativa de modificación a los decretos 976 y 977 para la construcción de los Hospitales Generales, enviada por el gobernador Mario López Valdez al Congreso del Estado, podría ser discutida y votada en el pleno exactamente igual como la presentó el Ejecutivo.
De acuerdo con un predictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y la Comisión de Planeación y Desarrollo, y presentado el pasado martes por la tarde a los integrantes de las comisiones unidas, a la solicitud del Ejecutivo sólo se le agregarían cuatro artículos más.
La solicitud para afectar el 25 por ciento de los ingresos por el FAFEF como fuente de pago o garantía a favor de las empresas constructoras, establecida en el artículo segundo de la iniciativa, se dictaminaría con el mismo contenido de la iniciativa. También la inscripción de los Contratos Público Privado en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (artículo 4).
“Se advierte que hasta el 25 por ciento de los recursos del FAFEF pueden ser afectados como fuente de pago o garantía de las obligaciones de pago derivadas de los Contratos de Colaboración Público Privada para el Desarrollo de los Hospitales Generales Dr. Martinano Carvajal, en Mazatlán y Dr. Bernardo Gastélum, en Culiacán.
“Ello, permitirá que la Banca de Desarrollo otorgue a los contratistas respectivos el financiamiento necesario para el desarrollo del proyecto”, expone el documento elaborado por los legisladores.
Según se explica en el documento, a propuesta del presidente de la comisión de Hacienda, Óscar Valdez López y el presidente de la comisión de Planeación y Desarrollo, Francisco Solano Urías, se añaden cuatro artículos más: el noveno, que plantea que una vez puestos en operación los nuevos hospitales, los inmuebles antiguos serán puestos a consideración del Congreso.
Otro establece que la SS deberá informar sobre los ingresos, gastos, incumplimientos contractuales y penalizaciones de los hospitales, información revisada por la Auditoría Superior del Estado y entregada al Congreso.
En un tercer artículo, los legisladores señalan la obligación de que el administrador del hospital sea especialista en administración en materia de salud. Finalmente se requiere que el Ejecutivo informe al Congreso en un periodo no mayor a 10 días hábiles.
Hospitales, proyectos en declive
Octubre de 2012
Ernesto Echeverría Aispuro, secretario de Salud de Sinaloa, anuncia públicamente el inicio de los trabajos para elaborar el proyecto de un nuevo Hospital General en Culiacán, el cual podría realizarse a través de las asociaciones público privadas.
Marzo 2013
La 60 legislatura aprueba la Ley de Contratos Público Privado del Estado de Sinaloa.
Octubre 2013
Ejecutivo envía al Congreso dos iniciativas para contratar a través de la modalidad Público Privada, la infraestructura hospitalaria en Mazatlán y Culiacán.
Noviembre 2013
Diputados de la 60 legislatura aprueban los decretos 976 y 977 para la construcción de dos hospitales, con un contrato de 25 años y la constitución de un fideicomiso como garantía de pago.
Enero 2014
Inicia el proceso de licitación para la construcción de los hospitales, en donde participan 12 empresas en cada uno de los concursos.
Mayo 2014
Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V. gana el concurso para construir el Hospital General de Culiacán, con un contrato de 347 millones 070 mil 069 pesos al año, durante 25 años.
En el caso del Hospital General de Mazatlán, el estado pagará 239 millones de pesos al año, durante 25 años, a la empresa GIA+A, S.A de C.V, ganadora de la licitación.
Junio 2014
Marhnos S.A. de C.V., una de las empresas participantes, presenta un recurso administrativo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solicitando que se invalide el procedimiento de licitación.
Julio 2014
Mario López Valdez envía la iniciativa de reforma a los decretos 976 y 977, con carácter preferente. Se solicita la afectación de hasta el 25 por ciento del FAFEF, un fondo de participaciones federales que se destina a programas sociales y deuda pública.
Sinaloa recibió este año del FAFEF 860 millones 407 mil 783 pesos, que se destinaron a programas sociales, jubilados y pensiones y deuda pública.
Septiembre 2014
Diputados de la 61 legislatura inician el análisis de la iniciativa de reforma para modificar el 976 y 977. Citan a comparecer a Armando Villareal, secretario de Administración y Finanzas y Ernesto Echeverría Aispuro, secretario de Salud.
Noviembre 2014
La revocación a la licitación federal del Tren México Querétaro, ordenada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, salpica a las empresas ganadoras en Sinaloa. PRODEMEX, propiedad de Olegario Vazquez Raña y GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, integraban el Consorcio Chino que edificaría el Tren México Querétaro.
Diciembre 2014
– Una decena de organismos empresariales, asociaciones civiles y profesionistas firman un desplegado en el que exigen transparencia en el proceso que llevan los Hospitales Generales.
– Representantes de COPARMEX, CODESIN y CANACO, sostienen diversas reuniones con los legisladores y el secretario de Salud, a fin de obtener la información financiera de los proyectos para los nosocomios.
– La comisión de Cabildeo de COPARMEX entrega un informe jurídico y financiero en el que detecta los riesgos de otorgar garantías de créditos a los desarrolladores y la sobrestimación de los costos en ambos proyectos.
