Los intentos por conocer la versión pública de la carpeta de investigación del asesinato del periodista y fundador de Ríodoce, Javier Valdez Cárdenas sufrió un nuevo revés, esta vez del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que determinó reservar dicho expediente.

Un particular presentó un Recurso de Revisión ante el INAI en contra de la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR), y el miércoles 11 de octubre el pleno del organismo respaldó la respuesta de la PGR para reservar los datos y garantizar la secrecía, para no entorpecer la indagatoria.

“La resolución del Recurso de Revisión identificado con la clave RRA 4492/2017, confirma la respuesta de la Procuraduría General de la República”, dictaminó el pleno del Instituto.

El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, argumentó que el solicitante “refiere que debe considerarse en el análisis de la reserva invocada por el sujeto obligado, que este lamentable atentado en contra del periodista mexicano constituye una violación grave a los Derechos Humanos”, pero dicho planteamiento no se “acredita”.

“Sobre este aspecto cabe precisar que la Procuraduría General de la República fue enfática en señalar que las líneas de investigación que se siguen no se relacionan con presuntas violaciones graves a los Derechos Humanos, puesto que la carpeta de investigación se abrió por delitos diversos tipificados en el Código Penal Federal, por lo que no se acreditan los elementos para actualizar la excepción a la reserva prevista en el Artículo 102 Fracción I ya referida”, mencionó.

El comisionado Joel Salas Suárez, quien votó en contra de la reserva, consideró que la apertura de la investigación que encabeza la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR por el crimen de Valdez Cárdenas, puede favorecer la procuración de justicia para esclarecer el caso de forma más expedita.

Citando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Salas Suárez destacó que las continuas y reiteradas omisiones de las autoridades ministeriales no llevan a buen puerto las investigaciones en casos de homicidios contra periodistas y que la negativa de la FEADLE a atraer casos de crímenes de comunicadores, sumado a la ineficacia de las medidas cautelares dictadas en dichos casos, no contribuyen a la protección del derecho a la libertad de expresión.

Ante dichos planteamientos, añadió que la solución viable es como lo mandata el artículo 155 de la Ley de Transparencia, privilegiar la publicidad de la indagatoria contra su reserva.

“Es necesaria, pues la publicidad de la carpeta de investigación, es la única forma que posee la sociedad de verificar, como bien lo señaló el sujeto obligado, la eficacia con la que realiza su labor, sometiéndola a un escrutinio público mayor, y permitiendo que la sociedad evalúe su desempeño, tratándose especialmente del esclarecimiento del homicidio de un periodista”.

Los seis comisionados, coincidieron que la carpeta debe reservarse.

“Bajo la óptica de un servidor, debe prevalecer el interés que tutela la reserva temporal de la Carpeta de Investigación para que la autoridad lleve a cabo las diligencias e investigaciones respectivas y se allegue de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos, así como los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el órgano jurisdiccional competente resuelva la probable responsabilidad y la reparación del daño, ello sin injerencias externas que puedan poner en peligro la investigación”, consideró Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

Ríodoce también solicitó la versión pública de la investigación del caso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES), y también obtuvo una negativa.

La FGES justificó el pasado 6 de junio que la publicación de dicha información puede violentar los derechos de la víctima, obstruir la persecución del delito y afectar la integración de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, por lo que reservó la carpeta de investigación y negó las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del 15 de mayo pasado, cuando fue asesinado Valdez Cárdenas.

Tanto para la solicitud de la carpeta de investigación con número de folio 413717 y para las grabaciones de las cámaras con folio 413917, la instancia respondió lo mismo.

“Respecto a su solicitud planteada, le comunico que dicha información se encuentra clasificada legalmente como información reservada, en virtud de que forma parte de investigaciones realizadas dentro de una carpeta de investigación que se encuentra en trámite ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa”, señala el documento con número de folio 1714/2017.

La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General explicó que su respuesta se sustenta en el artículo 162 de la ley local de transparencia y acceso a la información que niega la publicación de la información para evitar que se obstruya la persecución del delito.

La negativa también fue fundamentada en el párrafo trigésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Desclasificación de la Información del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual dice que mientras el Ministerio Público se encuentra en etapa de investigación la información es reservada.

La resolución hizo mención del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 218, el cual reserva estrictamente todos los documentos que estén relacionados con la investigación para salvaguardar los derechos de la víctima.

“Lo cual reafirma la reserva de la información, así como el impedimento legal que tiene esta institución para proporcionar una versión pública de una investigación que se tramita ante el ministerio público, como es el caso del homicidio de Javier Arturo Valdez Cárdenas, lo cual su divulgación representaría un detrimento a los derechos de los ofendidos a la privacidad, acceso a la justicia, reparación del daño y resguardo de su identidad”, enfatiza el documento.

Este medio también solicitó al gobierno de Culiacán y a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública las grabaciones de las cámaras cercanas al lugar donde ocurrió el crimen, en la colonia Jorge Almada, su respuesta fue similar. La primera dijo que entregarlos entorpecería la indagatoria y la segunda instancia manifestó no tener facultades en el tema.

La Coordinación Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán argumentó su negativa en el Código Nacional de Procedimientos Penales y los artículos 149 y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al igual que la Fiscalía.

“Los datos como los que de manera específica usted requiere son estrictamente reservados por estar relacionados con los actos de investigación”, indica la respuesta.

La secretaría municipal también justifica en su respuesta que la divulgación del material representa un riesgo real y demostrable para las actividades de prevención del delito en el municipio.

“Las cámaras de seguridad constituyen el instrumento primordial en las actividades para prevenir y garantizar la seguridad pública… de ahí que proporcionar la información solicitada se genere un riesgo que pudiera menoscabar la capacidad de la dependencia en las actividades de seguridad del municipio”, se expone en el Acta de Clasificación de Información Reservada.

A la misma solicitud, la Secretaría de Seguridad Pública indicó que entregar la información requerida no es de su competencia, debido a que el responsable es el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Ríodoce también solicitó la versión pública de la carpeta de investigación a la PGR, y el pasado 5 de julio la dependencia federal respondió con una negativa y remitió a boletines de prensa sobre el hecho.

“No pasa desapercibido que si bien, usted refiere que la información de su interés es considerada como ‘violaciones graves a los derechos humanos’, lo cierto, es que… el hecho por el cual se inició la carpeta de investigación de su interés, no se relaciona con delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, sino por delito diverso que se encuentra expresamente tipificado en el CPF, es decir no resulta aplicable la excepción de reserva prevista en los artículos 8, 112, fracción I de la LFTAIP”, señala la resolución.

“Al encontrarse en trámite no es posible otorgar el acceso a dicho expediente de investigación, derivado que la misma se actualiza, hasta por un periodo de cinco años, o bien por el periodo del cual subsistan las acciones de persecución e investigación de esta Procuraduría, la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP”.

Para conocer los resultados de la reunión que sostuvo el Presidente Enrique Peña Nieto con la Conferencia Nacional de Gobernadores, el pasado 17 de mayo, y donde se definirían acciones de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, este semanario solicitó a la Presidencia de la República la versión pública estenográfica, grabaciones en video o audio de dicho, acto, y el pasado 6 de julio, respondió que dicha información no fue localizada.

“Que las áreas notificaron que, derivado de una búsqueda exhaustiva y razonable en sus respectivos archivos, no se encontró evidencia documental de la información relacionada”. Y envió las ligas de los boletines de prensa de la reunión.

Valdez Cárdenas fue asesinado de 12 balazos al mediodía del lunes 15 de mayo, al salir de las oficinas de Ríodoce, el periódico del cual era cofundador.

Tras su asesinato, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, los gobiernos de Francia, Estados Unidos y Alemania, así como la comunidad internacional y nacional de defensores de derechos humanos, organismos de periodistas y organizaciones civiles, expresaron su enérgico reclamo.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado a conocer algún avance en las investigaciones, y la FEADLE se ha negado a atraer el caso.