Castigos pendientes para ex funcionarios de la Secretaría de Salud

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Ex funcionarios de la Secretaría de Salud no han sido detenidos por el desvío de 45 mdp

 

 

 

Desvíos de recursos detectados en la Secretaría de Salud del Estado en 2010, todavía no han sido sancionados penalmente.

Dos ex funcionarios tienen vigente una orden de aprehensión y la Procuraduría General de la República (PGR) dictaminará otra vez una averiguación previa que ya había dado por cerrada.

Los ex servidores con orden de aprehensión son Isaac Lugo Ortega, director Administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa; y Marco Antonio Mojardín Zazueta, jefe de Departamento de Recursos Financieros durante el Gobierno de Jesús Aguilar Padilla.

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió desechar un recurso de reclamación presentado por los dos ex funcionarios.

Ambos pretendían ampararse contra la orden de aprehensión librada el 6 de mayo de 2015 por el delito de peculado, que no había sido ejecutada debido a que con juicios de amparo la tenían suspendida.

Los ex funcionarios están acusados del presunto desvío de 45 millones de pesos del programa Oportunidades en el ejercicio fiscal de 2010 para usarlos en el pago de la última quincena de ese año y la prima vacacional de los empleados de la Secretaría de Salud.

El delito presuntamente fue cometido dos días antes de que terminara el sexenio de Aguilar Padilla.

El desvío fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2012 y un año después presentó una demanda penal en la PGR.

El dinero estaba asignado a la Secretaría de Salud de Sinaloa por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social Federal.

Ese recurso tenía que usarse para proporcionar de manera gratuita el paquete básico garantizado de salud para promover la nutrición, prevenir y atender la desnutrición infantil y de mujeres embarazadas.

Del dinero asignado, el 29 de diciembre de 2010, Lugo Ortega y Mojardín Zazueta autorizaron un préstamo al Fondo de Aportación para los Servicios de Salud de Sinaloa, conocido como FASSA 2010, por la cantidad de 40 millones de pesos para el pago de la quincena 24 y la prima vacacional de los empleados adscritos a los servicios de salud.

El 5 de enero de 2011 realizaron otra transferencia por la cantidad de 5 millones de pesos.

La ASF determinó que utilizaron recursos destinados a fines distintos a lo estipulado en el convenio por lo que su uso resultó ilegal.

Del monto desviado, 36 millones 196 mil 658 pesos se usaron para el pago de la quincena 24 de 2010 y prima vacacional y en la cuenta quedó un saldo de 3 millones 803 mil 341.

El préstamo de 5 millones se usó para pagos a terceros y se reintegró en su totalidad a la cuenta de Oportunidades en septiembre de 2011.

Los ex funcionarios tramitaron amparos en Juzgados de Sonora y Sinaloa con los que mantenían suspendida la ejecución de la orden de aprehensión.

Con el primer amparo, lograron que el Juez dejara insubsistente la orden de aprehensión librada en junio de 2013.

En mayo de 2015, el Juez volvió a librar el mandamiento judicial y solicitaron otro amparo que llegó al Tribunal Colegiado y luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado 21 de septiembre, el Presidente de la Primera Sala de la SCJN, notificó que por mayoría de votos los magistrados desecharon el recurso de reclamación presentado por los ex funcionarios contra la resolución de negar el amparo del Tribunal Colegiado en Materia Penal.

 

Investigación reabierta

En 2012, la ASF ya había presentado una denuncia contra quien resulte responsable por irregularidades detectadas también en el ejercicio fiscal de 2010, en la Secretaría de Salud.

La averiguación previa fue iniciada por la PGR el 5 de junio de 2012 y en marzo de 2014, el Ministerio Público de la Federación dictaminó el no ejercicio de la acción penal debido a que consideró que no se configuraban los delitos denunciados.

La ASF denunció los presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

El órgano fiscalizador promovió un amparo contra la decisión del Ministerio Público y la semana pasada, el Juez de Distrito ordenó a la PGR dejar insubsistente la resolución de no ejercicio de la acción penal y volver a dictaminar.

La ASF denunció el supuesto quebranto al erario por 4 millones 575 mil pesos.

De acuerdo con la auditoría, facturas de pago de medicamentos que estaban canceladas fueron contempladas en el monto total que amparó el cheque 1009 de la cuenta bancaria del Seguro Popular 2010 y expedido a nombre de Intercontinental de Medicamentos.

El Ministerio Público determinó que el cheque no fue cobrado, por lo que no había elementos para acreditar los delitos que la ASF denunció.

El Juez de Distrito ordenó al Ministerio Público dejar insubsistente la resolución y volver a dictaminar la averiguación previa para que resuelva y determine otra vez el no ejercicio de la acción penal o consigna el expediente y solicita orden de aprehensión.

De acuerdo con el Juez en la resolución del Ministerio Público hay falta de congruencia y exhaustividad por lo que es inconstitucional.

Un comentario en “Castigos pendientes para ex funcionarios de la Secretaría de Salud

  1. El termino “demanda penal” no existe, se llama “denuncia” o en su caso “querella”, el utilizar el termino antes citado resta seriedad a la nota.
    Saludos.

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