Buscan culpables en el gobierno de Calderón por “Rápido y Furioso”

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La Organización Desarma México, ratificó el viernes pasado una denuncia hecha días antes, en donde exigen a la PGR una investigación que determine nombres de funcionarios, jefes policiales y agentes mexicanos que participaron en el operativo Rápido y Furioso dirigido por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que permitió la entrada de más de 2 mil armas a territorio mexicano.

“Hay una gran sospecha de que funcionarios mexicanos de la administración de Felipe Calderón y Vicente Fox, sí estuvieron involucrados en este operativo, y ello con base en las declaraciones que se han hecho en el Senado y Congreso estadounidense”, dijo Gonzalo Aguilar Zinser, integrante de Desarma México.

De acuerdo al líder social, era imposible que autoridades mexicanas de diferentes niveles, no estuvieran enteradas de lo que estaba ocurriendo, inclusive, existen documentos en donde agentes del ATF involucrados en Rápido y Furioso, afirman que sus contrapartes en México, tenían la labor de seguir las armas que eran entregadas a los traficantes una vez que entraban en territorio nacional.

“Es aberrante que detalles como esos salgan a la luz pública en Estados Unidos, y que en México no se esté investigando un hecho que permitió que se introdujeran a México miles de armas, y que ha provocado la muerte de cientos de personas”, dijo Aguilar Zinser, en entrevista con Ríodoce.

Días antes, el martes pasado, Desarma México había interpuesto la demanda ante la PGR y con la ratificación del viernes, el grupo de iniciativa ciudadana sólo espera que la procuraduría determine la acción procedente e inicie una averiguación previa.

Ahora, de acuerdo a los estatus legales, la PGR tiene la obligación de establecer si los elementos que puso en conocimiento Desarma México, ameritan el inicio de una averiguación previa o si no proceden, entonces se desecharía la demanda.

Aunque de acuerdo a los integrantes de esa organización, sí existen los elementos necesarios para dar legitimación jurídica y legal, y que la denuncia proceda.

“Tenemos la legitimidad para hacer esta denuncia, de acuerdo a la nueva ley de víctimas que establece esa facultad, y la basamos en que cualquier ciudadano y cualquiera de los integrantes de la organización pudo haber sido víctima de esas armas, y por ello esta denuncia procederá y ello debe tener como resultado una investigación que determine qué funcionarios mexicanos participaron en ese operativo”, se lee en la denuncia.

Esta demanda podría alcanzar a los ex procuradores Marisela Morales, Eduardo Medina Mora Arturo Chávez Chávez, así como otros funcionarios de alto nivel de la PGR y Sedena, aunque de momento, ninguno de los denunciantes se atrevió a dar nombres.

“De momento es que se investigue quienes participaron, en qué grado participaron, y qué responsabilidad tenían en el operativo”, enfatizó Aguilar Zinser.

Iván Soto Barraza. Acusado en EU.

Iván Soto Barraza. Acusado en EU.

Ese operativo
El operativo Rápido y Furioso, fue puesto en marcha en Octubre de 2009, pero este no alcanzó relevancia pública hasta que el ex agente del ATF, John Dodson, lo dio a conocer mediante una entrevista con una cadena de televisión estadounidense.

El motivo aparente fue la muerte de un agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, en diciembre de 2010, quien aparentemente fue ultimado a balazos con armas que formaron parte de Rápido y Furioso, y que supuestamente cayeron en manos de un grupo de ladrones que intentaban asaltar a narcotraficantes que llevaban mariguana a Estados Unidos, y caminaban por el desierto de Arizona.

Según habría de trascender meses después, quienes jalaron el gatillo en aquel enfrentamiento eran originarios de El Fuerte Sinaloa, identificados como Manuel Osorio Arellanes. Otras dos personas involucradas en el homicidio aún se encuentran prófugos: Jesús Rosario Favela Astorga y Heraclio Osorio Arellanes

Se desconoce cómo las armas llegaron a manos de esos sinaloenses, aunque sí quedó claro que durante el tiroteo, Terry, de 35 años, perdió la vida.

A partir de entonces inició una investigación que concluyó en varias audiencias en las Cámaras del Senado y del Congreso de Estados Unidos.

De acuerdo al grupo Desarma México, fue a partir de declaraciones hechas públicas que ellos determinaron que había funcionarios mexicanos involucrados en Rápido y Furioso.

De acuerdo a sus indagaciones, Rápido y Furioso se hizo en varias etapas; en la primera de ellas la idea era instalar un chip de localización en las armas que formarían parte del operativo, en donde se precisaría a dónde iría el armamento.

“Es decir, no le colocaron chips a las armas que llegarían a Dakota, o a Mississippi; ellos sabían de antemano que esas armas llegarían a manos de narcotraficantes. Finalmente los chips no se colocaron, y aún sin el programa continuó”, se explica en la demanda.

Pero hubo una etapa fallida de una entrega controlada que no fue sustentada por la ley en México. México y Estados Unidos tienen tratados firmados, como el protocolo Palermo, en donde estable mecanismos y formulas para intervenir en acciones de esta índole, y aquí no se cumplieron ninguno de los protocolos legales que establece el protocolo de Palermo.

Fue entonces que la ATF, y sin importar las consecuencias, entregó a delincuentes mexicanos las armas compradas en Estados Unidos, incluyendo AK 47 y Barret, y se introdujeron en territorio mexicano esperando que agentes federales mexicanos, siguieran este convoy de armas y así supieran a donde iba el armamento.

A los pocos minutos, refieren los documentos del Congreso de Estados Unidos, los agentes mexicanos perdieron de vista a quienes llevaban las armas.

“Ello por un lado confirma que las autoridades mexicanas sí sabían del operativo, pero por otro lado despierta sospechas: o las perdieron, o las ocultaron, o las dejaron ir, o fueron sobornados”, observó el abogado.

Esas armas finalmente, confiere el gobierno de Estados Unidos, llegaron a manos de delincuentes mexicanos, sin saber ni dónde ni quién las tiene. Y sólo se sabe de ellas cuando aparecen en una escena de un crimen.

“Fue entonces que ese programa (Rápido y Furioso) quedó con un único propósito, que era identificar las armas cuando ocurrieran los crímenes. Estamos hablando de un experimento con seres humanos, más aún, con Mexicanos”, objetó Aguilar Zinser.

Tal sería el caso de Susana Flores Gámez, una reina de belleza muerta a finales de 2012 por elementos del Ejército de México, y en cuya escena del crimen fueron encontrados rifles que formaron parte del operativo Rápido y Furioso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha negado por su parte haber intervenido en el operativo, aunque la presión por parte de los legisladores Darrel Issa y Chuck Grassley, que recibió el ex procurador Eric Holder, fueron su más grande preocupación desde que asumió el puesto, en 2009.

De acuerdo a Sergio Aguayo, quien forma parte de Desarma México, en el país circulan más de 15 millones de armas ilegales, y dos terceras partes de ellas han llegado desde Estados Unidos, “donde los rifles de asalto se compran hasta por Internet”.

“Y con la ocurrencia de Estados Unidos de permitir que se contrabandearan armas a México para entender lo que pasaba, todo empeoró”, dijo.

Entre 2006 y 2011, que comprendió la administración de Felipe Calderón, hubo tres programas para el control de armas, aunque Rápido y Furioso sería el único que fue dado a conocer por un ex agente de la ATF.

“El propósito es que se investigue, y de encontrarse culpables, se castigue a las personas involucradas en este caso, pero sobre todo, se trata de sentar un antecedente para que ya nunca se repitan este tipo de acciones”, observaron los denunciantes.

Susana Flores Gámez. Huellas por doquier.

Susana Flores Gámez. Huellas por doquier.

CRONOLOGÍA DE TRÁFICO DE ARMAS A MÉXICO

2005
Inicia el primer operativo de armas a México conocido como “Gunrunner”, y fue un programa piloto iniciado en Laredo, Texas.

2006
William Newell es nombrado Special Agent in Charge (SAC) de la Phoenix Field Division de la ATF. La oficina de Tucson inicia una operación llamada “Wide Receiver”, el segundo operativo de este tipo que orquesta el ATF.

Desde agosto de 2006 hasta mediados de 2007, la ATF, en colaboración con un proveedor (Federal Firearms Licensees –FFL-), permite que varios intermediarios compren armas con el propósito de enviarlas a México como parte de la operación “Wide Receiver”.

2007
La ATF publica el operativo “Gunrunner”, un documento de estrategia en el que se establecen los objetivos principales, que es expandir el rastreo de armas en México
La ATF en la Ciudad de México discute un primer intento de coordinación entre la ATF y los federales mexicanos con el Procurador General de México, Eduardo Medina Mora.
Es la primera vez que un fiscal general recibe un informe sobre este tipo de estrategia.

2009
La ATF advierte al Congreso que el 90 por ciento de las armas recuperadas en México, que la agencia ha rastreado, fueron vendidas en los Estados Unidos.
En octubre inicia la operación Rápido y Furioso, cuya intención era dejar pasar armas a México, para luego rastrearlas y entonces dar con líderes de organizaciones criminales.
Ese mismo mes, agentes de la ATF instalan una línea telefónica secreta y cámaras escondidas en el techo y la pared de la tienda de armas Lone Wolf. Los agentes le piden al dueño, Andre Howard, que venda armas a todos los compradores ilegales que entren a su negocio.

2010
La oficina en Phoenix de “Gunrunner” presenta un oficio en el que se habla de dejar caminar armas. El documento identifica 20 intermediarios, 53 armas recuperadas y cinco incautaciones, tres en México y dos en Estados Unidos. En una de las operaciones en México, se decomisaron, además de las armas, 500 kilogramos de cocaína y 2 millones de pesos.

El congresista republicano de California, Darell Issa, recibe por primera vez información detallada sobre la operación Rápido y Furioso durante una reunión en la que participaron otros dos congresistas republicanos. Más adelante, Issa será uno de los políticos más críticos de la operación.

2011
Enero: Semanas después de la muerte de Brian Terry, la ATF suspende la fase investigativa de la operación Rápido y Furioso.
Según la entonces Procuradora General Marisela Morales, para esta fecha el gobierno mexicano se entera de la existencia del programa Rápido y Furioso. Aunque no obtienen muchos detalles sobre el tema caso, las autoridades mexicanas reciben información sobre 20 sospechosos arrestados en Arizona.

2012
Julio 31: El congresista Darell Issa y el senador Charles Grassley presentan el primero de tres reportes sobre la operación Rápido y Furioso.

2014
Enjuician a los asesinos de Brian Terry.

Septiembre 23
El grupo Desarma México presenta una denuncia ante la PGR solicitando se investigue en México lo relacionado al caso de Rápido y Furioso.

Septiembre 25
Renuncia Eric Holder como procurador de Estados Unidos.

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