Pese a que los Ayuntamientos de Culiacán, Mazatlán y Ahome son los que reciben mayores recursos públicos, son los que menos han cumplido con sus obligaciones de transparencia.
De acuerdo a un comunicado, la presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, Rosy Lizárraga Félix, dio a conocer que los municipios que más han subido información a la Plataforma Nacional de Transparencia, son Navolato, que tiene un 88.7 por ciento de cumplimiento; seguido de Sinaloa con 69.8; Cosalá el 66 por ciento; Concordia, 60; Badiraguato 58.5; Elota y Mocorito 54 por ciento cada uno y Guasave 52.8.
Mientras que los más rezagados son Culiacán, que tiene un registro de cumplimiento de sus obligaciones de un 28.3 por ciento; Mazatlán 43.4 y Ahome 47.2.
Indicó que según los registros del Sistema Nacional de Transparencia y de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el Poder Ejecutivo cumplió con estas disposiciones en un 82.6 por ciento; el Poder Legislativo con el 78 por ciento (en su portal de internet el cumplimiento es al cien por ciento); los Ayuntamientos con el 36.7 por ciento; organismos autónomos el 38.5 por ciento y en los partidos políticos el porcentaje es del 44.8.
Detalló que de los partidos políticos; Nueva Alianza cumplió con el 97.1 por ciento; Encuentro Social 94.3 por ciento; Partido Verde Ecologista 80; PAS 71.4 y PAN con 57.1 por ciento de sus Obligaciones de Transparencia cumplidas.
Por parte de los sindicatos de trabajadores de los Ayuntamientos, que de manera reciente son sujetos obligados a proporcionar información, informó que en Mocorito y Salvador Alvarado cumplieron con el ciento por ciento.
El sindicato de Navolato tiene un 90.9 de cumplimiento, el de Culiacán un 77.3 y Concordia con el 68.2 por ciento, prosiguió.
Con la carga de información de un millón 655 mil registros en la Plataforma Nacional de Transparencia, informó que Sinaloa se encuentra en tercer lugar respecto del resto de los estados del país con el 45 por ciento de cumplimiento, por debajo de Jalisco y Zacatecas.
La titular de Ceaip dio a conocer que el plazo para el cumplimiento de estas obligaciones venció el pasado 4 de mayo y el tercer lugar obtenido por las dependencias de Sinaloa con el 45 por ciento, proporciona una idea de la situación en que se encuentran el resto de los estados del país en cuanto a carga de información.
Esta situación llevó a un acuerdo del Consejo Nacional de Transparencia, en el sentido de elaborar una evaluación-diagnóstico por parte de los órganos garantes del país, con una duración de tres meses para desarrollar un reporte de calidad de toda la información que se subió a la Plataforma Nacional, a efecto de verificar si se cumple con los criterios y lineamientos aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia.
Posteriormente se otorgará un periodo de dos meses para que en las 251 dependencias en el caso de Sinaloa, cumplan con las observaciones y modifiquen o complementen su información según sea el caso.
El acuerdo tomado al interior del Consejo Nacional de Transparencia conformado por el INAI y los órganos garantes de los estados, también indica que las denuncias por incumplimiento en la publicación de información se harán efectivas a partir de enero del próximo año. Mientras serán recibidas y se acumularán para esa fecha.
Lizárraga Félix dijo que la propia Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip) a su cargo, tiene un 75 por ciento de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia en la plataforma nacional, pero un ciento por ciento en el portal institucional y esa misma situación puede presentarse en otras dependencias públicas dados los problemas que se han tenido al momento de cargar la información.
Aclaró que la Ley de Transparencia obliga a publicar la información tanto en la plataforma como en los portales de cada institución.
Ahora mismo, manifestó, el estado registra mil 700 archivos en cola o espera para ser registrados por parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que hace que las cifras presenten un cambio al no verse reflejados en los registros que ya se hicieron por parte de las dependencias.
