Ayotzinapa, la factura más costosa del 2018

 

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 “A Peña Nieto no le interesa resolver el caso”: Juan Antonio Cruz Parcero

 

Se cumplieron tres años y no se sabe dónde quedaron o en donde están. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Maestros, Isidro Burgos, de la comunidad de Ayotzinapa en Guerrero, ha sido el caso más emblemático de indignación de la sociedad mexicana y por tanto el más denunciado, sobre la violencia que ejerce el Estado contra su población.

El mundo entero escuchó los gritos desesperados de padres de familia y ciudadanos indignados en todo México.

No hay plazas públicas, foros o avenidas de ciudades  de América, Asia o Europa, que no hayan condenado los vínculos de la clase política mexicana y el crimen organizado en concentraciones multitudinarias, en protesta o solidaridad con las víctimas, en demanda de que el gobierno mexicano esclarezca la desaparición masiva de los jóvenes estudiantes.

Pero cumplidos ya tres años de este acontecimiento que provocó una ruptura por demás violenta en el país, nada ha sido determinante para que el presidente Enrique Peña Nieto ordene encontrar la verdadera “verdad histórica”.

Las investigaciones hasta ahora realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) continúan estancadas en cuatro líneas que conducen a cerrar el caso, o en su defecto a proteger a los responsables de la supuesta masacre.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que asumió una actitud crítica y de avanzada en el esclarecimiento del caso, acabó expulsado del país por presiones del mismo gobierno de México, que lanzó una campaña mediática contra los investigadores con la intención de desacreditarlos públicamente, justo cuando planteaban investigar al Ejército como una variable clave para llegar a la verdad sobre la desaparición masiva y forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.

Y es que según analistas, la investigación de los mandos militares pudiera desenredar esa  trama de relaciones perversas que se tejen entre  políticos, mandos militares de la Secretaría de la Defensa y Marina, con la estructura de los cárteles de la droga, hipótesis  que han hecho públicas tanto estudiosos del caso, como manifestantes en discursos pronunciados tanto en México como en el exterior, evidenciando esa violencia social que mata a los mexicanos.

Un crimen de lesa humanidad

En la visión del Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, Juan Antonio Cruz Parcero, es un reflejo del desinterés que tiene el Estado por el tema, y el interés por congelar la investigación.

“Son tres años y no se ve intención en dar con el paradero de los estudiantes porque las líneas de investigación trabajadas por la PGR no se conocen después del Informe que dio el GIEI.  Hay una preocupación  porque el Estado a toda costa quiere cerrar el caso y no hablar más de él. Cierto es que es una apuesta muy riesgosa porque si no se resuelve en lo interno, llegará a los tribunales internacionales”, señala.

En su opinión, es muy claro que a Peña Nieto ya no le importa atender el caso.

—¿Y qué es lo que entorpece la investigación por parte del Gobierno?

—Al principio se habló de la vinculación que había de policías municipales, estatales y federales. Y lo que nunca se investigó, pero se abre la sospecha por las mismas resistencias a ser investigado, es la posible  participación del Ejército. Esto tal vez explica la cerrazón del gobierno. Es una evidencia pero también la evidencia da pie a pensar que a alguien se está protegiendo en la resistencia a investigar a los militares.

—¿Puede más el encubrimiento de ciertos personajes o el  Ejército mismo como institución, que  los tratados sobre el derecho internacional?

—Bueno, nuestro Estado de derecho no es algo que le importe a nuestras autoridades. Como en otros países latinoamericanos, no es una preocupación central del gobierno mexicano el estado de derecho. Somos un país con un Estado de derecho sui generesis, con instituciones débiles y que priorizan cuestiones relacionadas con la afectación directa de la imagen del gobierno, porque a corto plazo convienen otro tipo de decisiones.

—Pero la ONU hizo pronunciamientos muy duros. ¿Qué pasa con todo esto?

—Al Gobierno de México no le interesan mucho estos posicionamientos condenatorios porque tampoco se ha caracterizado por ser un gobierno que protege los derechos humanos: Por tanto, su relación con las instancias internacionales vinculadas con los derechos humanos y el cumplimiento de tratados internacionales, ha sido una relación conflictiva en todo el sexenio.

Para el especialista, el caso de Ayotzinapa seguramente terminará en las instancias internacionales. Pero argumenta que al Gobierno actual no le preocupa porque cuando llegue una decisión de un organismo internacional, ya no estarán y por tanto no será su problema atender las recomendaciones y condenas contra el país.

El jurista opina que el caso Ayotzinapa marcó una ruptura en el país. Fue un caso que remarcó ese desencanto por las instituciones y el papel del Estado, pero también vino a poner al descubierto eso que ya se sabía, sobre la vinculación de las instituciones del Estado con el crimen organizado, cuestionando entre otras cosas cómo es que el Estado Mexicano y sus instituciones están permeadas y trabajando con y para el crimen organizado.

 

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