Alertas sísmicas destinadas a estados afectados, no se instalaron o desaparecieron

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El gobierno federal y capitalino compraron 88 mil radios de alerta sísmica con una inversión de 255 millones de pesos, entre 2010 y 2011, los cuales serían destinados para la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, pero el 26 por ciento de las mismas no se instaló o se desconoce su ubicación, de acuerdo a una investigación de Animal Político.

 

En la publicación, se menciona que en Oaxaca se instalaron 2 mil 546 aparatos en la región de los Valles Centrales, pero en Juchitán y otros municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre, donde murieron 76 personas, no recibieron ninguna de estas alertas, que hubieran permitido advertir a la población del siniestro hasta con 30 segundos de anticipación.

 

La Ciudad de México adquirió 50 mil radios para escuelas, hospitales y espacios públicos, pero a la fecha 4 mil 135 desaparecieron y 3 mil 297 nunca se usaron.

 

“El gobierno federal adquirió 38 mil unidades, las distribuyó en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En Oaxaca se instalaron 2 mil 546 aparatos, todos fueron colocados en la región de los Valles Centrales de Oaxaca… en Michoacán se desconoce la ubicación de 200 radios y Guerrero recibió 3 mil aparatos, pero no hay datos sobre qué pasó con 2 mil 200”.

 

Incluso menciona la investigación realizada entre junio de 2016 y septiembre de 2017, y que incluyó mil 280 solicitudes de información pública,  algunos de estos radios se venden ilegalmente por Internet.

 

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En Juchitán murieron 76 personas por el sismo.

 

En la publicación se menciona que en Oaxaca, el estado más afectado por el sismo, cuenta desde 2012 con 6 mil radios de alertamiento sísmico, sin embargo, según información de la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado, 60 por ciento de esos radios nunca fueron distribuidos y llevan más de cinco años guardados en bodegas.

 

Como parte del sistema de alertas, Oaxaca también adquirió 13 bocinas de alto alcance para difundir la señal de advertencia ante sismos, pero éstas, tal como los radios, sólo se instalaron en la capital del estado.

 

Aunado a ello, a finales de agosto de 2017, el portal informativo NVINoticias.com, dio a conocer que el sistema de alerta sísmica dejó de operar en Oaxaca, desde enero pasado, por adeudos del gobierno estatal con el proveedor del servicio.

 

 

El titular de la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación, Carlos Valdés González, reconoció que lo que se ha hecho con estos aparatos ha sido una “barbaridad”.

 

La modernización del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SAS, creado tras los sismos de 1985), que tuvo un costo de 255 millones de pesos realizada por el gobierno federal y el de la Ciudad de México, implicaba renovar y ampliar la red de acelerógrafos instalados en la costa del Pacífico (con los que se detectan los temblores), así como distribuir entre la población 88 mil radios o alertas sísmicas. Esto entre 2010 y 2011.

 

Estos 88 mil radios debían ser instalados en escuelas, hospitales, inmuebles oficiales, espacios públicos y zonas habitacionales, no solo de la capital del país, sino también de otras entidades amenazadas.

 

Siete años después, los aparatos se pueden comprar hasta en Mercado Libre, con la calcomanía que indica: “Adquirido con recursos del Fideicomiso FONDEN para el proyecto de la Red Sísmica Mexicana, segunda fase”.

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“Tal como demuestran registros oficiales recabados por Animal Político, de los 88 mil aparatos adquiridos por las autoridades mexicanas para modernizar el SAS, al menos 12 mil 760 han desaparecido (equivalentes a 14 por ciento del total), mientras que 10 mil 506 (otro 12 por ciento) nunca se usaron y han permanecido guardados en distintas bodegas”, menciona la investigación.

 

“Estos mismos registros oficiales dejan ver que, a pesar de que el restante 76 por ciento de los radios se instaló, esto se realizó sin un plan previo de distribución, por lo que se concentraron sólo en cuatro núcleos urbanos (Ciudad de México, Ciudad de Oaxaca, Acapulco y Chilpancingo), sin contemplar a otras localidades también en riesgo”.

 

La ausencia de un plan de instalación hizo que, en la Ciudad de México, donde se instalaron la mayoría de los 88 mil radios, los aparatos hayan sido robados o mal instalados.

 

Un ejemplo de esto último es que hay edificios públicos con 48 aparatos, en lugares donde solo se requiere uno. Esto significa que menos de 10 mil inmuebles cuentan con una alerta, cuando sólo en la delegación Cuauhtémoc hay más de 52 mil edificios “expuestos” a riesgo por temblores.

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En cambio, otros puntos del país, también en riesgo sísmico, no recibieron un solo aparato.

 

Otros estados que también resultaron afectados por sismo del 7 de septiembre, y que no fueron contemplados en el reparto de estas alertas sísmicas, fueron Chiapas (epicentro del temblor), Hidalgo, Morelos, Estado de México, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

 

 

En julio de 2010, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Marcelo Ebrard, contrató al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) para que modernizara todo el Sistema de Alerta Sísmico, lo que incluía renovar la red de acelerómetros, así como realizar “trabajos de campo, para la identificación física de las instancias, escuelas, hospitales, instalaciones vitales, etcétera, como potenciales usuarios que recibirán la alerta sísmica”, labor que CIRES debía llevar a cabo priorizando “los usuarios de acuerdo a sus características, funciones institucionales y vulnerabilidad”.

 

Sin embargo, cuando Animal Político solicitó al gobierno capitalino la “lista de usuarios potenciales” supuestamente elaborada por CIRES en 2010, para recibir los radios de alerta, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México informó que no se tiene registro de que dicha lista alguna vez se haya elaborado.

 

Así, aún sin saber en dónde serían ubicados, en noviembre de 2010, el Gobierno de la Ciudad de México compró a la empresa MDreieck, SA de CV, 50 mil radios de alertamiento sísmico marca Sarmex.

 

Tal como demuestran los registros oficiales de las dependencias capitalinas que recibieron estos radios, la falta de un plan de distribución en la Ciudad de México provocó que miles desaparecieran (aún antes de ser instalados), y que otros tantos permanezcan en bodegas.

 

Por ejemplo, 2 mil 492 radios destinados a instituciones educativas de nivel básico de la Ciudad de México, desaparecieron, como reconoció oficialmente el gobierno de la ciudad.

 

Lo mismo ocurrió con 955 radios de alerta entregados a la delegación Miguel Hidalgo. Estos radios desaparecieron con todo y el expediente de donación, tal como informaron las autoridades delegacionales.

 

Otras delegaciones en los que desaparecieron todos los radios de alerta son Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

 

Además, hay instituciones que mantienen almacenadas la mayoría de los radios de alerta recibidos, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX), que solo instaló 363 de los mil 400 aparatos. Los restantes mil 37 están guardados desde hace seis años porque “los inmuebles en uso o a cargo de esta entidad ya cuentan con los dispositivos necesarios”.

En total, de los 50 mil primeros radios de alerta sísmica comprados en 2010 por el Gobierno de la Ciudad de México, 4 mil 135 desaparecieron y 3 mil 297 permanecen en bodegas.

 

En enero de 2016, el sistema de advertencia con radios fue reforzado, pero ya no con más aparatos receptores, sino a través de la difusión de la alerta sísmica desde los altoparlantes con los que cuentan las cámaras de vigilancia policiaca repartidas en las calles de la Ciudad de México.

 

Para julio de 2011, el gobierno federal (con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo), le compró al CIRES otros 38 mil radios, para distribuir en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y –nuevamente– en la capital del país.

 

El mismo contrato de compra establecía que el CIRES, sólo debía dotar al gobierno federal de los aparatos, mientras que “la distribución será responsabilidad de la Coordinación General de Protección Civil, bajo los criterios que ella establezca”.

 

El resultado fue el mismo: miles de radios robados o subutilizados.

 

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En Michoacán, por ejemplo, las autoridades estatales dijeron que desconocen el destino de los 200 radios de alerta sísmica que les envió el gobierno federal en 2012, y aseguraron que “la ley no las obliga” a contar con esa información, a pesar de que la legislación dice lo contrario.

 

En Oaxaca, más de la mitad de los radios nunca se repartieron y los que sí fueron instalados, se ubicaron en un solo punto de la entidad –la capital y localidades aledañas–, ignorando al resto de la población.

 

Por sus características tecnológicas, el tiempo de advertencia previa que ofrecen estos radios, depende directamente de la distancia que exista entre el punto donde fue ubicado cada aparato, y el epicentro del sismo.

 

Es decir, mientras menos distancia hay entre el radio de alerta y el epicentro del sismo, menos será el tiempo previo de advertencia.

 

De esta forma, los radios instalados en los Valles Centrales de Oaxaca sólo sirven para los sismos lejanos, y pierden su efectividad ante aquellos originados en los mismos Valles Centrales.

 

Así, por ejemplo, cuando la capital de Oaxaca es epicentro de un sismo, los radios que se distribuyeron ahí suenan al mismo tiempo que comienza a sentirse el temblor e, incluso, varios segundos después. Esta misma situación ocurre en Guerrero, en donde fueron entregados 3 mil radios.

 

Según información generada por la Secretaría de Protección Civil de dicha entidad en febrero de 2017, los radios fueron entregados a 12 municipios del estado (de los 81 ayuntamientos de la entidad).

 

Animal Político consultó a esos 12 municipios dónde se instalaron esos aparatos de alerta sísmica, pero sólo dos respondieron: Coyuca de Benítez y Acapulco, que en conjunto recibieron 321 radios.

 

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Acapulco es la única localidad costera del país en la que fueron instalados radios de alerta sísmica (298 aparatos), mismos que el pasado 7 de septiembre dieron aviso oportuno y permitieron el desalojo de inmuebles en riesgo.

 

Los otros 10 municipios de Guerrero, que recibieron 2 mil 220 aparatos, declararon que ignoran su destino, o simplemente no respondieron.

 

Además, la Secretaría de Protección Civil del estado informó que desde hace cinco años guarda 133 radios en sus bodegas. Los registros no indican qué pasó con otros 302 aparatos que desaparecieron durante el proceso de donación por parte del gobierno federal y su entrega a gobiernos municipales o instituciones públicas.

 

Para conocer qué criterios aplicó el gobierno federal para definir qué estados del país debían recibir los 38 mil radios que adquirió, Animal Político consultó a la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación.

 

En entrevista, el titular de esta dependencia federal, Carlos Valdés González, recordó que la compra de estos 38 mil radios, a la que calificó como “barbaridad”, fue realizada por “las anteriores autoridades (federales)”.

 

Los registros oficiales indican que 36 mil de esos radios fueron repartidos durante los últimos tres meses del gobierno de Calderón; y los restantes 2 mil aparatos fueron distribuidos por el gobierno de Peña Nieto en los años 2013 y 2014.

 

“Cómo se seleccionó (a los estados que recibirían esos radios de alerta sísmica) ahí sí desconozco –aseguró el funcionario federal–, pero se dieron a estados afectados, Oaxaca, Guerrero y Michoacán; se dieron radios al Gobierno de la Ciudad de México; y se le dieron a instituciones del gobierno federal, privilegiando a las escuelas”.

 

En el Cenapred, señaló su titular, “no podíamos instalar ese número de equipos en 38 mil lugares diferentes. Entonces, qué se hizo: se entregaron los radios de alerta sísmica, a través de convenios, a muchas instituciones, y lo que dicen esos convenios es que esas instituciones debían informarnos en dónde instalaban esos aparatos, y darles mantenimiento”.

 

No obstante, añadió, “cada año nosotros les pedimos a esas instituciones que informen en dónde están esos radios de alertamiento, cuáles son sus coordenadas geográficas, dónde se instalaron, pero nosotros nos cansamos de mandar esas solicitudes (porque) hay algunas instituciones que abiertamente nos responden ‘no sé dónde están'”.

 

El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres subrayó que “no está en nuestras manos fiscalizar (a esas instituciones) o decirles que nos regresen los radios por no darnos la información (acerca del uso que les dieron)”.

 

Al final, concluye, la distribución y aprovechamiento de esa tecnología, que “puede salvar vidas”, terminó en un acto de buena fe.

 

“Esa tecnología –insistió el funcionario– se entregó de la mejor manera, y cada quien es responsable (del destino que tuvo). Las instituciones que las recibieron deberían haber tomado los radios de alertamiento, instalarlos bien y estar muy al tanto de que funcionaran”.

 

“Nosotros cumplimos con el compromiso de entregar los radios –concluyó el director del Cenapred–. Pero es como con el directorio telefónico: cuando llegaba a mi casa, una tía lo usaba de pata de mueble, y el día que lo llegábamos a necesitar, ya no servía”.

En junio de 2016, en el sitio de ventas por internet MercadoLibre.com se puso a la venta un “Artículo nuevo”: un lote de radios de “alerta” que reproducen el sonido oficial del Sistema de Alerta Sísmica del gobierno mexicano, a un costo de 3 mil pesos por unidad.

 

La garantía de funcionamiento de estos radios no podía ser mejor: los logotipos de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, adheridas al aparato.

 

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Tres días después de que esta oferta se ingresó al portal de compras, ya había tres aparatos vendidos.

 

“Éste es el cuarto”, dice I., un joven de, acaso, 20 años, mientras extiende la mercancía adquirida a través de Mercado Libre: una caja de cartón azul, con la imagen de un radio de alertamiento impresa, junto al logo de su marca “Sarmex”.

 

Dentro de la caja, el aparato, junto con un enchufe para la corriente eléctrica.

 

–¿Y qué tal funciona? –se pregunta a I.

 

–Es de los buenos –responde el joven, y muestra la etiqueta adherida al costado del aparato, en la que se señala que forma parte de una adquisición realizada por el gobierno federal, con recursos del Fondo de Atención a Desastres Naturales, FONDEN.

 

Por su propia seguridad, I. va acompañado de otro joven, como él, aunque mucho más alto, de 1.90 de estatura, y quizá 120 kilos de peso.

 

Tras el pago en efectivo y un apretón de manos, ambos jóvenes se van. La venta se realizó en el andén de la estación del Metro Santa Anita, en la delegación Iztapalapa.

 

Gracias al número de serie de este aparato, Animal Político pudo confirmar que fue adquirido por el gobierno federal en 2011, y luego donado, junto con otros 7 mil radios, al Gobierno de la Ciudad de México, que a su vez los distribuyó a distintos organismos locales.

 

Según los registros oficiales recabados, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México recibió 700 de esos receptores de la alerta sísmica, mismos que hasta la fecha se guardan en su bodega central. De esa bodega fue robado el radio que, en 2016, salió a la venta en Mercado Libre.

 

Días después de la compra en el Metro Santa Anita, I. se comunicó telefónicamente. “Platícale a tus vecinos. Diles que tengo más radios, y si compran varios, les hago un descuento”.

 

Ese mismo día, en Mercado Libre se anunció que el precio de los radios de alerta sísmica robados al gobierno de la Ciudad de México aumentaba a 4 mil pesos.

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