Rubén Félix, otra vez en el limbo
El aspirante a la presidencia municipal de Ahome y ex diputado federal en dos ocasiones, Rubén Benjamín Félix Hays, y el candidato a la diputación local por el distrito 05, Armando Lorenzo Rodríguez Gámez, ambos por el Partido Nueva Alianza, fueron acusados de fraudear a campesinos indígenas con más de 700 hectáreas en el ejido El Carricito, Guasave y de poner en riesgo la viabilidad de la construcción de la planta de fertilizantes por vender predios irregulares, en Ahome.
Para esto último, al también empresario de bienes y raíces se le señala de manipular la Ley de Regularización de Predios Rurales del Estado de Sinaloa para apropiarse con su familia de más de 284 mil metros cuadrados del ejido Rosendo G. Castro, los cuales vendió a más de 1.4 millones de pesos a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente Sociedad Anónima de Capital Variable. Y es en ese terreno en donde se edifica la planta de fertilizantes de Topolobampo.
Por ello la tenencia de la tierra está en duda, ya que de acuerdo con denuncias presentadas ante Mariana Boy Tamborrell, Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambiente Costero, los predios considerados dentro de zona federal no son susceptibles de regularización.
Félix Hays respondió que las imputaciones son infundadas y obedecen a un ataque político orquestado por el alcalde Arturo Duarte García, y el candidato oficial a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave.
Librado Bacasegua Elenes, secretario del comisariado ejidal de El Carricito y presidente del Consejo Supremo Estatal de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes, además de representante de sus hermanos Joaquín, Domingo, Rosario y Modesta, y de Pedro Valenzuela Gastélum, Eleuterio Álvarez Montaño, Ángel Montaño Elenes, Narciso Valenzuela Gastélum, Guadalupe Valenzuela Gastélum, Obdulio Aguiluz Pava, Manuel Montaño Aguiluz, Ricardo Aguiluz y María Luis Montaño Elenes, acusó que ambos políticos, etiquetados como acaparadores de predios rurales, pretenden despojarlos de una represa que abastece de agua al poblado, el panteón y el centro cultural de la comunidad, ubicados en 700 hectáreas y hasta de maniobrar políticamente para quitarles el derecho de reforestación de tierras de uso común que obtuvieron como apoyo de empleo temporal con la Comisión Nacional Forestal, para obligarles a vender una zona de playa localizada en la bahía de Navachiste, frente al cerro San Carlos y al restaurante Ohuira Bay, propiedad del político.
La maniobra legal de los adinerados mochitenses, dijo, se respondió con el juicio 769/2015 de nulidad de acta de asamblea general convocada por José Antonio Valenzuela Félix, Ángel Jocobi Mendoza y Mateo Félix Valenzuela y de Rubén Benjamín Félix Hays, Armando Lorenzo Rodríguez Gámez y 13 civiles más utilizados como prestanombres. La demanda se interpuso el 26 de noviembre del 2015, y cuatro meses después aún no hay resolución.
Denunció que el contenido del acta fue modificado y se permitió darles la categoría de avecindados, primero, y ejidatarios, después, así como el usufructo de mil 189 hectárea de uso común que fueron aparceladas con 79 hectáreas a cada una de las 15 personas.
En el acta, los asistentes aprobaron retener el pago a los ahora inconformes a razón de abonos de 12 mil pesos mensuales hasta completar 86 mil pesos para cada uno de los 44 campesinos indígenas.
Bacasegua Elenes dijo que desde que Félix Hays llegó al ejido, la discordia indígena nació y aumentó al grado que tres comisariados ejidales han sido cesados por la asamblea.
“Es lamentable que políticos abusen de los indígenas porque estos son nobles, que no saben defenderse ante las instancias legales o porque la miseria les impide sufragar los costos. Es una conducta de ladrones. Robar el patrimonio a los indígenas realmente es increíble”.
Los indígenas denunciaron el despojo de sus tierras ancestrales en la Subdelegación “C” de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Félix Hays acusó una campaña de desprestigio político hacia su persona, orquestada desde el palacio de gobierno por el alcalde Arturo Duarte García y desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Álvaro Ruelas Echave, su contrincante.
Dijo que los indígenas son manipulados políticamente porque aparecen en la víspera de su registro.
Del caso imputado dijo que es ajeno y aceptó que compró las mil 189 hectáreas, mismas que repartió entre sus coaccionistas.
La compra del predio reveló que los ahora demandantes despojaron al ejido de 700 hectáreas que escrituraron a diferentes personas, en el año 2009. En ese tiempo se inició el juicio de amparo 430/2009 en el Juzgado Quinto de Distrito, cuyo juez anuló las escrituras apócrifas.
“Por la sentencia, los indígenas acuerdan retener el pago a los 14 campesinos que los estafaron, y ahora pretenden culparme a mí de ello. Somos ajenos al conflicto interno. Compré y pagué”.
En tanto, Álvaro Ruelas Echave, candidato oficial a la presidencia municipal, salió al paso ante las acusaciones de ser el promotor de una guerra sucia.
“No es mi idea de hacer campaña política de esa forma. No descalifico a nadie. Respeto a todos mis contrincantes. No voy a responder a agresiones verbales ni alusiones infundadas de quienes pretenden victimizarse por hechos deshonestos. Creo que todos seremos juzgados por la sociedad, y por sus actos que respondan”.
No dijo más. Se despidió y se retiró, saludando a peatones que transitaban por el lugar.
La planta sospechosa
Un amparo promovido ante la supuesta omisión de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para indagar el daño por desecación de las especies de manglares protegidos en la bahía de Topolobampo durante el desplante de la planta de fertilizantes, reveló posibles triquiñuelas del actual aspirante a la alcaldía de Ahome y dos veces diputado federal (PRI-PANAL), Rubén Benjamín Félix Hays para apropiarse de 284 mil 259 metros cuadrados de terrenos federales y vender en poco más de 1.4 millones de pesos.
El juicio de garantías es promovido por el ex diputado federal por el Partido Acción Nacional, Gerardo Peña Avilés y hoy candidato independiente a la alcaldía de Ahome, quien afirmó que la planta de fertilizantes oculta un tremendo tráfico de influencias y una red de complicidades institucionales para beneficio de unos cuantos políticos y funcionarios oficialistas disfrazados de oposición.
De acuerdo con la escritura pública de fusión de predios 151-980 inscrita el cinco de mayo del 2014 en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad por José Eduvigildo Carranza Beltrán, en su carácter de apoderado especial de la Sociedad Gas y Petroquímica de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable, se habrían realizado 13 operaciones con el apoderado especial de civiles, Rubén Benjamín Félix Hays, para la compra de un millón 363 mil 429.656 metros cuadrados de terrenos de agostadero de mala calidad en más de 1.4 millones de pesos.
Nueve de esas operaciones se ampararon con títulos de propiedad agraria de las parcelas 128, 130, 193, 195, 196, 197, 198, 199 y 200, del ejido Rosendo G. Castro, al sur de esta ciudad y dentro de la sindicatura de Topolobampo, y cuatro en escrituras otorgadas por el notario Antonio Óscar Ojeda Benítez, que protocolizó actas fundamentadas en la Ley de Regularización de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, promulgada por el gobernador Juan S. Millán Lizárraga.
Es en estas últimas en donde la sospecha salta, pues en ninguna de ellas aparece la anuencia de Semarnat de aceptar la colindancia con la zona federal, ni existe constancia de que se trata de un predio rural abandonado, ambos documentos claves para definir los límites.
Bajo la Ley de Regularización de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, María Cecilia González Ayala, esposa de Rubén Benjamín Félix Hays, obtuvo 2.43 hectáreas de agostadero agrícola que amparó con la escritura pública 13,405, registrada en el volumen XLI (41) libro I (1) el 24 de julio del 2013 y que fue registrada bajo el número 171, libro 963, sección primera el 4 de septiembre del 2013 las cuales vendió a petroquímica en casi 122 mil pesos. El predio se denominó “X”, según la escritura pública 111-975.
Con el mismo argumento, ella también escrituró un lote de 172 mil, 631 metros cuadrados, que vendió en 863 mil pesos a petroquímica. El predio se denominó “B”, según la escritura pública 113-975 del contrato de compra registrada el 11 de febrero del 2014. Ella obtuvo la escritura pública 12,702 registrada en libro II (segundo), volumen XL (40) el 24 de enero del 2012.
Armando Lorenzo Rodríguez Gámez, actual candidato a diputado local por el distrito 05, por el Partido Nueva Alianza, con el mismo tratamiento de la esposa de Félix Hays, escrituró un predio de 25 mil 928 metros cuadrados que vendió a petroquímica en más de 129 mil pesos. Este es el predio C, según la escritura pública 114-975, registrada el 11 de febrero del 2014. Él también obtuvo del notario familiar la escritura pública 13,408, inscrita en el libro primero, volumen XLI (41) el 24 de julio del 2013.
Y finalmente, la esposa de Félix Hays repite la operación y escritura 6.14 hectáreas, que vende a petroquímica en poco más de 307 mil pesos. Este sería el predio “E”, según la escritura pública 147-975, inscrita el 12 de febrero del 2014.
El ex diputado asegura que en la venta de las parcelas y regularización de agostaderos no hay nada ilegal, sino ventas legales.
“Los compre hace mucho tiempo, quería hacer una marina, pero llegaron, ofertaron y vendí”.
No obstante, el Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gregorio Molina Germán certificó el 18 de marzo del 2014 que el predio de fusión de fincas rústicas está en una zona para el desarrollo de industria pesada, según lo establece el plan parcial de Desarrollo Urbano zona sur del puerto de Topolobampo, publicado el 24 de septiembre de 1997.
