Esta “guerra” contra el narco debe parar: Carlos Fazio

 

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Más de 200 mil muertos, casi todos jóvenes. El saldo de una década sangrienta

 

Con cifras escalofriantes que arrojan más de 200 mil muertos, arriba de 30 mil desaparecidos y entre 250 mil y un millón de desplazados que han  abandonado sus comunidades de origen, México entró a un estado de guerra permanente, resultado de esa falsa y simulada lucha contra las drogas que este 11 de diciembre cumple diez años.

Lo peor de todo, advierte el Doctor Carlos Fazio, autor del libro Estado de emergencia: de la Guerra de calderón a la Guerra de Peña Nieto,  es que a partir del próximo año se abre un episodio más sangriento porque en vez de frenar esta “guerra de exterminio “ que está matando jóvenes como nunca en la historia reciente, por presión de las fuerzas armadas el PRI y PAN están empujando una ley para darle a los militares poderes extraordinarios y salir de los cuarteles a matar o desaparecer todo lo que estorbe y se oponga a los intereses del Estado.

El especialista  considera que el saldo ha sido totalmente negativo porque no se ha parado ni la producción ni la venta de drogas y lo que ha generado han sido en cifras de asesinatos violentos que pasan de 200 mil, donde los grandes afectados —más del 90 por ciento—, han sido los jóvenes que sin trabajo y opciones para vivir con dignidad se han enrolado directa o indirectamente en esta industria,  que además ocasiona arriba  de 30 mil desaparecidos y entre 250 mil y un millón de desplazados internos.

La estadística oficial  dice que en esta década sangrienta (2007-2026) van 172 mil  876 muertos y 28 mil 937 desaparecidos. Sin embargo, los números del Sistema Nacional de Seguridad Pública no concuerdan con la tragedia que retratan cientos de miles de familias dispersas por todo el país que, aseguran, son muchos más.

Detrás de esta cifra sangrienta se teje un drama social de consecuencias mayores: el desarraigo. Desde que empezó la lucha contra las drogas, decenas de miles de comunidades rurales enclavadas en las montañas de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas entre otros estados, se vieron obligados a abandonar sus hogares y emigrar a los cinturones de miseria de las ciudades por amenazas, torturas, violaciones y desapariciones que involucran tanto a grupos paramilitares como a elementos de las fuerzas armadas.

Los centros de investigación y académicos del país manejan que son entre 250 y un millón los mexicanos, principalmente indígenas y campesinos, que han sido desplazados por esta aparente guerra contra el narcotráfico en las zonas rurales del país, señala el académico e investigador uruguayo radicado en México.

—¿Por qué han de ser los jóvenes los que paguen esta factura en esta “guerra”?

—Bueno, es que la criminalidad en cualquiera de sus variantes, sea civil o estatal, se nutre de la legión de jóvenes sin trabajo que están por todos lados y que muchos son empleados por el sicariato, por el narcomenudeo y otras actividades criminales, y bueno, el saldo es que siempre las víctimas son jóvenes. Esto se mezcla con los altos índices de letalidad que desarrollan las fuerzas armadas en sus operativos y como saldo de esos operativos vemos también que la mayoría de los muertos y desaparecidos son jóvenes. Esto tiene que ver con la pobreza, la falta de empleo, cultura, educación y una serie de elementos que reclaman un cambio radical, de fondo en el sistema política mexicano.  Algo que a corto plazo no se avisora.

Los juvenicidios, bajo esa pantalla de una guerra contra la criminalidad, van a seguir, dice. Y aquí es necesario que la sociedad ponga un alto a esta guerra.

Explica que ya la Organización de las Naciones Unidas ha planteado de manera reiterada que el Ejército debe regresar a los cuarteles Y ese es el mandato de amplios sectores de la sociedad y eso es lo que se debe hacer.

Organizaciones civiles de derechos humanos de México y Centroamérica, encabezados por colectivos de madres de migrantes y jóvenes desaparecidos en esta región, están siendo asesoradas por organizaciones internacionales por la defensa de los derechos humanos para iniciar el proceso de integración de expedientes judiciales sobre casos específicos que configuren delitos de lesa humanidad, iniciativa que el también avala Fazio, autor  del libro Terrorismo Mediático: La Construcción Social del Miedo en México.

El Doctor Fazio explica que se han documentado una treintena de casos de crímenes cometidos por agentes estatales y que pueden juzgarse como crímenes de lesa humanidad. Ya está una iniciativa radicada en la Corte Penal Internacional contra el expresidente Felipe Calderón, pero ahora habría que ampliarla a Enrique Peña Nieto porque ya se dispone de información documentada tanto por la Procuraduría General de la República como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que técnicamente hacen viable llevar adelante estos juicios contra los responsables de esta crisis humanitaria que pone a la población mexicana en una situación de guerra.

—¿A qué instituciones involucran esta demanda en los tribunales internacionales?

—Fundamentalmente a los organismos de seguridad del Estado. Esto es el Ejército, Marina, Policías Federales, estatales y municipales.

—¿Y cuáles son los delitos por los que se les acusa?

—Hay una línea de continuidad en estos diez años donde las autoridades luego de  informar sobre presuntos enfrentamientos, han modificado escenas de crímenes , sembrar armas y manipular las evidencias como fue el caso de la bolsa encontrada en el río San Juan en el caso Ayotzinapa; la modificación de evidencias en el caso Tahuato, Michoacán y Tlatlaya. Y hay muchos otros casos, algunos muy conocidos  para fundamentar el reclamo de que sean juzgados en tribunales internacionales.

Dijo que estas escenas de terror que se traducen en cuerpos descuartizados, colgados y formas muy crudas de proyectar la violencia han sido estrategias muy efectivas que se han puesto con resultados muy evidentes en Colombia, Afganistán, Irak, Siria y ahora traídas a México hace diez años.

Desmiembran cuerpos en partes con sierras eléctricas, descuartizar a las víctimas y abandonarlas en lugares públicos en señal del sadismo forma parte de esas estrategias de terror  orientadas a imponer el miedo y generar  parálisis de la sociedad por esta vía, que se traduce en una reducción de las protestas contra el sistema político y económico. Y Mina la participación de ciudadanos y organismos en la defensa de sus derechos por los territorios y recursos. Y esta guerra va a continuar.

—¿La guerra contra el narco debe parar?

—Bueno, creo que debe cambiar de modalidad. Es una guerra que tiende a ser de orden civil y no militar.

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