Tras nueve meses de un polémico, intenso y dramático proceso de impeachment, el Senado de Brasil aprobó por 61 votos a 20 la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, por manipulación de las cuentas públicas, y puso así fin a 13 años de gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que fueron inaugurados en 2003 por el padrino político de la condenada mandataria, Luiz Inácio Lula da Silva.

La abarrotada jornada final del juicio político en la Cámara alta estuvo marcada por la tensión que hasta el último instante demoró y enredó la histórica sesión.

Los senadores petistas pidieron que el impeachment se votara en dos cuestiones separadas: si Rousseff era culpable de los crímenes de responsabilidad de los que se la acusó y debía perder su cargo, y si, en consecuencia, debía ser inhabilitada para el ejercicio de cualquier función pública por un plazo de ocho años.

La desesperada moción retardatoria de la defensa fue finalmente aceptada por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que presidió esta etapa del proceso contra Rousseff, una ex guerrillera de 68 años que se convirtió en la primera mujer presidenta de este país.

El magistrado llamó entonces a los legisladores a sufragar por medio del sistema electrónico, que resultó en las sentencias definitivas al superar el umbral necesario de dos tercios del Senado, o sea 54 de sus 81 miembros, para su aprobación: por 61 votos a favor, 20 en contra y sin abstenciones, Rousseff fue hallada culpable de crímenes de responsabilidad y depuesta. Está pendiente la votación para definir si queda además inhabilitada para volver a ocupar funciones públicas por ocho años.

En las próximas horas, en un breve acto en la Cámara de Diputados, será oficializado al frente del Palacio del Planalto el presidente en ejercicio, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que era el principal socio del PT hasta que la crisis política generada por la aguda recesión económica y las investigaciones de la red de corrupción en Petrobras pusieron fin a la alianza. La combinación de estos factores llevaron a que Rousseff perdiera la capacidad de gobernar.

“Brasil pasó por un período difícil de disputas políticas, pero la Constitución fue cumplida. Tras la separación de la presidenta, asume el vicepresidente, porque ese es su papel. No hay una crisis institucional”, aseguró Temer al diario O Globo esta mañana.

De 75 años, Temer jurará el cargo que ocuparía hasta el resto del actual mandato, que termina el 31 de diciembre de 2018, y de inmediato partirá hacia China para participar de la cumbre del G-20 en Hangzhou. Dejará entonces el país en manos del recientemente elegido nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas. Así, hoy, en un período de pocas horas, Brasil pasará por la inusual situación de tener tres presidentes.

Es la segunda vez en la historia del gigante sudamericano que un mandatario es destituido por el Congreso, luego del impeachment de Fernando Collor de Mello en 1992, por cargos de corrupción. Sin embargo, entonces, Collor de Mello -hoy senador y uno de los que votó en contra de Rousseff- prefirió renunciar la víspera de ser removido del cargo por el Senado. De cualquier forma, los senadores lo condenaron y quedó inhabilitado políticamente por ocho años.

Rousseff fue acusada de emitir decretos que alteraron el presupuesto a espaldas del Congreso y de tomar préstamos de la banca pública para el gobierno también sin autorización parlamentaria, con la presunta intención de esconder el déficit de los últimos años y asegurarse la reelección en 2014.

Después de quedar prácticamente paralizada ese año, la economía brasileña se contrajo un 3.8 por ciento el año pasado, en medio de una fuerte alza de la inflación (superó el 10 por ciento), del desempleo (trepó al 11 por ciento) y del rojo en las cuentas públicas (115.000 millones de reales). La situación, a la que se sumaron las escandalosas revelaciones del esquema de sobornos que existió en la estatal Petrobras, generó una oleada de descontento popular que produjo las manifestaciones callejeras más grandes de la historia de Brasil.

En medio de acusaciones de “traidor” y “golpista” de los sectores de izquierda por la forma de su llegada al poder, Temer asume el difícil desafío de sacar a Brasil de la peor recesión desde la década de 1930; se espera que la economía se retraiga este año un 3,2%.

El gobernante ha prometido poner en marcha medidas de austeridad para tapar el déficit presupuestario y sanear la economía, así como reformas laborales y al sistema de jubilaciones que encontrarán una fuerte resistencia en los sindicatos y movimientos sociales alineados con el PT.

Ya hoy, como sucedió en los últimos días, manifestantes de izquierda bloquearon los principales accesos a San Pablo, luego de que anoche protagonizaron enfrentamientos con la policía en la Avenida Paulista.

“Lo que quiero es dejar la economía mejor, el Estado pacificado, sin la división que encontré”, resaltó Temer en sus declaraciones al diario O Globo.