Detienen a directivo de la empresa OHL

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Javier López Madrid, directivo de la constructora española OHL, fue detenido hoy por presuntos pagos irregulares al ex presidente del gobierno de la región de Madrid.

Según medios españoles, el empresario, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, es sospechoso de haber pagado 1.4 millones de euros a Ignacio González, a través de cuentas bancarias en Suiza a cambio de un proyecto de obra pública que finalmente resultó fallido.

La Jornada informó que ante las primeras sospechas sobre la constructora, ésta aseguró ayer a través de un comunicado que nunca pagó comisiones a partidos y que sus procesos de licitación, adjudicación y contratación se realizaron con transparencia y sujeción a la ley.

Javier López Madrid no sólo es conocido por su posición en OHL, por su imputación en otro importante caso de corrupción y por su condena a seis meses de prisión por un caso de fraude, sino por haber sido en su momento amigo personal de los reyes Felipe VI y Letizia.

La operación anticorrupción desarrollada esta semana, supuso un golpe para el Partido Popular (PP), que el miércoles dio de baja de forma provisional a Ignacio González. El ex jefe del Gobierno regional es sospechoso de haber liderado una trama corrupta cuando presidía Canal de Isabel II.

Los investigadores creen que la empresa pública pagó sobreprecios y comisiones para la adquisición de empresas en Brasil y Colombia, lo que enriqueció a los gestores y desvió fondos.

En total, la trama pudo haber desviado 25 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales a través de la compra por parte de Inassa, filial suramericana de Canal de Isabel II, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, según informó hoy la agencia española Europa Press en base a un auto del juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Eloy Velasco.

El mecanismo malversador, según el magistrado, habría consistido en una “premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones”, recoge en su auto.

Ante el escándalo, el Gobierno de Mariano Rajoy pidió hoy “calma”.

“España es un Estado de derecho, la Justicia funciona y que hay que dejar que los jueces hagan su trabajo sin injerencias. Hay que esperar su decisión respectando la presunción de inocencia”, dijo en rueda de prensa su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

Por otra parte, fuerzas políticas de la oposición española como el Partido Socialista (PSOE) y Podemos anunciaron hoy que se personarán como acusación popular en la causa.

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