Desde El Salvador, periodistas de 19 países envían un ‘¡Basta ya!’ a Peña Nieto

 

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Ciudadanos de 19 países del mundo y 204 periodistas firmaron en la capital de El Salvador una declaración en protesta por el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, perpetrado en Sinaloa, el 15 de mayo pasado.

La Declaración de San Salvador fue enviada al presidente de Enrique Peña Nieto este lunes 5 de junio, a través de la embajada mexicana.

“Detrás de la Declaración de San Salvador está el interés por la salud del periodismo. Periodismo a secas. Sin apellidos. Porque lo que sucede a su país, México, y al periodismo en México, le sucede a la región y le sucede al mundo”, señala la carta que, junto a las firmas, fue entregada a la embajada por Ricardo Vaquerano, jefe de redacción del periódico digital El Faro.

La Declaración exige al gobierno de Peña Nieto una debida investigación del crimen de Valdez Cárdenas, la depuración del sistema judicial mexicano y la puesta en marcha de las medidas de protección para periodistas en riesgo que están establecidas en la ley de ese país.

“Su muerte se une a la de otros cinco periodistas asesinados en México en los últimos cinco meses. Sus asesinos han atentado contra el derecho a la información de la sociedad mexicana, cuya garantía es responsabilidad de la administración del Estado. La libertad de prensa ha sido coartada”, expresa la declaración.

“La única certeza de que en México no se seguirá matando a periodistas como hasta ahora la tendremos cuando veamos que los perpetradores, en toda la cadena de mando, sean detenidos, investigados, juzgados y sentenciados”, abona el documento, que también fue firmado por periodistas de los medios salvadoreños Factum, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Radio YSKL y YSUCA.

La Declaración fue redactada y firmada en San Salvador durante la semana del Foro Centroamericano de Periodismo (ForoCAP) organizado por el periódico El Faro y celebrado en la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador, entre el 15 y el 20 de mayo.

El evento, creado para reflexionar sobre el periodismo en la región más violenta del mundo, convoca a periodistas de todo el continente, pero también a maestros del periodismo de toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

En esta séptima edición, el ForoCap arrancó el lunes 15 de mayo, con la noticia del asesinato del periodista Valdez Cárdenas. El crimen ocurrió en el centro de Culiacán, Sinaloa, frente al semanario Ríodoce donde trabajaba. Las autoridades ya han abierto una investigación pero aún no hay avances sustanciales que hayan sido informados a la opinión pública.

“Que desde aquí salga un mensaje sin ambages hacia México, que se escuche desde aquí la voz del periodismo latinoamericano diciendo ya basta”, dijo, durante su discurso de inauguración del ForoCAP, el también periodista Carlos Dada, fundador de El Faro. “En México, hoy, el periodismo es un oficio prácticamente imposible de ejercer”, agregó, en alusión a que los niveles de impunidad en el caso de asesinatos de periodistas asciende al 98 por ciento. Dada y Valdéz comparten haber recibido el Premio María Moors Cabot de periodismo, entregado por la Universidad de Columbia, en 2011. El jurado de este reconocimiento emitió una condena, en la semana del asesinato, en la que exige al gobierno mexicano una investigación “completa y creíble”.

Durante la inauguración del ForoCAP, José Luis Sanz, director de El Faro, también envió un mensaje para el cuerpo de periodistas de la región. “Los asesinatos contra periodistas en México, como los de Honduras y otros países, han de ser una prioridad para los periodistas de Centroamérica. Por la violencia y la censura que hemos vivido en el pasado, y para enviar un mensaje de que en ninguno de nuestros países se va a tolerar de nuevo”.

Sanz agregó que la intención de la Declaración es que la protección de periodistas sea un tema clave en la agenda diplomática internacional.

La Declaración de San Salvador contó con el apoyo de algunos políticos como el senador estadounidense James McGovern y el embajador de El Salvador ante Naciones Unidas, Rubén Zamora. Ambos firmaron el escrito en Washington, Estados Unidos, en un evento sobre impunidad en el que se proyectó Los Ofendidos, de la documentalista Marcela Zamora y producido por El Faro y Kino Glaz. También suscribieron la Declaración Alberto Brunoni, representante para Centroamérica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y Geoff Thale, director de la Washington of Latin American Office (WOLA).

Blanch Petrich, fundadora del diario mexicano La Jornada, medio para el que colaboraba Valdez, sentenció que en su país no existe la libertad de expresión.

“El mensaje que pudiera doler al gobierno, desde el exterior, debería enfatizar que en estas condiciones de ataque a la prensa los medios y los reporteros no pueden cumplir con su tarea de investigar e informar libremente. Por lo tanto, no puede asegurarse que en México hay libertad de expresión”, indicó.

Petrich, quien cubrió parte de la guerra civil salvadoreña en los años 80, dice que se enteró de la muerte de su corresponsal en Sinaloa al aterrizar el avión en el aeropuerto monseñor Óscar Romero. Ella fue una de las maestras invitadas al ForoCap, y ese lunes 15 inauguró el evento con una entrevista al también corresponsal de guerra estadounidense, Raymond Bonner, quien reveló la masacre de El Mozote para el mundo, en febrero de 1982, en la que fueron asesinados por el ejército salvadoreño alrededor de mi campesinos, en Morazán, al oriente de la capital. Petrich tuvo la intención de volver de inmediato a México, pero optó por quedarse al encuentro.

Ella es de la idea que el gobierno dirigido por Peña Nieto no ofrece ninguna garantía de que el crimen de Valdez se resolverá. Para empezar, la reconstrucción que la Fiscalía hizo del momento del asesinato fue irregular.

“El gobierno sólo hace declaraciones. Anunció una serie de medidas que, en breve, solo añaden más burocracia a los instrumentos e instituciones que ya existen y que han demostrado ser inútiles”, expresó la periodista, especialista en movimientos políticos y sociales.

“El gobierno se mantiene en su zona de confort (…) mientras se siga señalando como principal sospechoso del crimen al narco, así, en general, sin profundizar en la realidad, sin referirnos a que el crimen organizado opera en abierta simbiosis con el poder político”, añadió.

 

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